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Transportistas de barcazas tramo Niebla-Corral demandan al MTT por "atentar la libre competencia"

viernes, 13 de julio de 2018

Economía y Negocios Online
ValorFuturo


Representantes de un grupo de 10 transportistas de barcazas de la provinvia de Valdivia, en la Región de Los Ríos, presentó una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en contra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) por "atentar a la libre competencia".

De acuerdo al documento presentado ante el TDLC, la demanda se basa en dos situaciones, en primer lugar por la licitación de contrato de otorgamiento de subsidio a la prestación del servicio de transporte marítimo del tramo Niebla-Corral y en segundo lugar, por la licitación en general del transporte de pasajeros de barcazas de dicho tramo, con especial indicación de la incorporación de la barcaza Cullamó, estableciendo que "ambas medidas atentan contra el orden público económico y la libre competencia, estableciendo una barrera de entrada palmaria y limitando el acceso a dicho mercado".

Los transportistas, afirman que estas situaciones "se tatan de un acto de autoridad, que opera como una barrera de entrada al mercado de la navegación en el sector Niebla-Corral", ya que desde "tiempos inmemorables" han operado en el lugar embarcaciones de diversas capacidades solo como medio de transporte de pasajeros, sin embargo, las operaciones se vieron afectadas desde que en 2010 entró en operaciones la barcaza Cullamó, de propiedad fiscal.

"El inicio de las actividades económicas, laborales y servicios de la señalada barcaza Cullamó lo fue bajo el amparo de haberse adjudicado un tercero -la empresa Somarco Ltda.- todo como ejecución del denominado programa de concesión del denominado Plan de Conectividad Austral resultante de un especial acuerdo y convenio entre el Ministerio de Transprtes y del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno y Estado de Chile", advirtieron los demandantes, quienes además reclaman que al ceder el Estado estas operaciones a un privado, le permitió "cobrar precios de transporte a pasajeros subsidiados en a lo menos un 25% del precio de costo que a esa fecha cobraban los transportistas".

Por lo tanto, argumentaron que "es en ese momento donde de manera indirecta el Estado comienza a incidir en la actividad del transporte y derechamente, comienza a propiciar conectividad, desechando el aporte histórico de nuestros representados, disminuyendo de manera considerable sus ingresos económicos... en los hechos implicó que nuestros representados se vieran en una situación de competencia con el Estado; quien a través de una concesión Pública a un particular entregó la administrmión y explotación de dicha nave fiscal".

De acuerdo a los demandantes, desde que opera dicha barcaza, "se han perdido 20 puestos de trabajo, 20 familias, que han quedado sin su fuente única de economía, debiendo emigar a trabajos no calificados para poder subsistir", además, de las 16 naves que operaban solo quedan 11, que a duras cuentas se mantienen activas para poder mantener un oficio de larga data".

En cuanto a los costos económicos, detallaron que "el gasto de operación diario, de cada lancha, considera: a lo menos tres pensonas, calificadas. A demás se requiere de insumos básicos como: combustible y alimentación, sueldo diario, más el costo de operación y mantención diaria que equivalente a $70.000. El costo mayor, es de naturaleza anual, y es el de ingreso a varadero, instancia en la que se debe pagar $2.000.000 por embarcación. En definitiva, por este último ítem, al año se debe pagar esos millones por una embarcación. Seguido de los gastos anteriores, y sin ganancias de su actividad y oficio, no han podido renovarse, o cambiar motor por el sobre endeudamiento que significa hacer tamaña inversión".

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