Comienza la fiscalización a 6.500 jardines infantiles
jueves, 12 de julio de 2018
J. Herrera
Nacional
El Mercurio
Los sostenedores que cometan graves faltas arriesgan no poder administrar un recinto preescolar por el resto de sus vidas.
Los que no tienen ninguna certificación del Estado serán los primeros. Hoy la Superintendencia de Educación comienza a fiscalizar, por primera vez, a los 6.527 jardines infantiles y salas cuna, pues así lo mandata la Ley de Aseguramiento de la Calidad. El superintendente Sebastián Izquierdo anticipa que en las visitas revisarán cuatro grandes puntos: que haya un número adecuado de profesionales para atender a los menores y que los recintos sean seguros, son los dos primeros. Además, "queremos cerciorarnos de que el personal que esté trabajando con los niños cuente con los títulos adecuados y no esté en la nómina del registro de inhabilitados", precisa. También se verá si tienen protocolos para abordar situaciones complejas. "Hemos recibido muchas denuncias por problemas de buen trato y convivencia, y por lo tanto vamos a ver si existen reglamentos y si son conocidos por la comunidad", puntualiza el encargado. El año pasado, la superintendencia recibió 1.713 denuncias en el nivel parvulario, de las cuales 658 fueron por maltrato. Si se detectan incumplimientos se podrán aplicar multas de casi $12 millones. "Incluso, podríamos revocar un reconocimiento oficial, la autorización de funcionamiento o podríamos inhabilitar perpetuamente a un sostenedor", dice Izquierdo. Previo al proceso que se inicia hoy, la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) era la encargada de "supervigilar" el funcionamiento de los recintos. Y esto no "tenía consecuencias tan claras como hoy tiene la superintendencia", afirma Izquierdo. Acreditación obligatoria En agosto de 2019, los jardines y salas cuna deberán estar certificados por el Ministerio de Educación para seguir funcionando. "Lo interesante es que, por primera vez, todos los establecimientos de parvularia van a tener que contar con una certificación mínima", indica Felipe Zefe, asesor de la superintendencia. Según el superintendente, a la fecha pocos recintos que han iniciado el trámite. Y, en ese sentido, se realizó una modificación a los mínimos de infraestructura que se exigen para obtener la certificación. A juicio de la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro, este cambio "es fundamental, pues aborda los principales motivos por los cuales se rechazaban los procesos de certificación".
Este año, se han presentado 72 acusaciones por maltrato a párvulos.
