Las fuerzas paramilitares de izquierda se convierten en el pilar del gobierno de Ortega
miércoles, 11 de julio de 2018
GASPAR RAMÍREZ C.
Internacional
El Mercurio
Durante la crisis actual, el Mandatario perdió el apoyo con que alguna vez contó por parte de los empresarios y de la iglesia.
Encapuchados y armados, las fuerzas paramilitares y parapoliciales de izquierda en Nicaragua se convirtieron en un factor violento y en el pilar que permite al Presidente Daniel Ortega mantenerse en el poder, después de tres meses de protestas y más de 300 muertos. Paramilitares, que el lunes irrumpieron en una iglesia de la ciudad de Diriamba y agredieron a jerarcas de la Iglesia Católica, agudizando aún más la crisis en el país centroamericano. Un centenar de seguidores del gobierno y paramilitares entraron violentamente en la Basílica de San Sebastián, cuando obispos y sacerdotes llegaban a sacar a una decena de personas que se habían refugiado el domingo luego de un enfrentamiento con fuerzas oficialistas. Solo el fin de semana murieron 20 personas en los ataques de los grupos afines a Ortega "Asesinos", "mentirosos", gritaron los partidarios del gobierno cuando llegó a Diriamba la comitiva de religiosos, encabezada por el cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio Waldemar Stanislaw Sommertag. "Gracias a Dios y a nuestro comandante liberamos Diriamba -a 40 km de Managua-. Somos pobladores que queremos que la vida siga normal. Me sentía indignado y nos organizamos", dijo a France Presse un paramilitar que se identificó como "Perrereque". No está claro quienes son exactamente estas fuerzas paraestatales de seguridad que se han autodefinido como "caravana de la paz". El comisionado mayor de la Policía de Carazo (centro oeste), Javier Martínez, dijo que "los enmascarados son personas afines que defienden la revolución y sus logros, por su propia iniciativa". La ONG local, Hagamos Democracia, exigió en una carta pública dirigida al Ejército de Nicaragua que proceda, de acuerdo a la Constitución, a desarmar a los paramilitares y que defina de qué lado está en la crisis humanitaria. La Iglesia Católica, que media entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, planteó adelantar los comicios presidenciales de 2021 a marzo de 2019, para salir de la turbulencia que envuelve al país desde que estallaron las protestas el 18 de abril, y que han dejado al menos 320 muertos, cifra mayor, por ejemplo, que los 40 fallecidos durante las manifestaciones de febrero de 2014 en Venezuela, y que las 120 víctimas del año pasado en ese país. Ortega, ex guerrillero sandinista de 72 años que gobierna desde 2007 por tercer período consecutivo, descartó adelantar las elecciones y llamó "delincuentes" y "golpistas" a los manifestantes. Las protestas comenzaron contra una reforma que atrasaba la edad de jubilación y disminuía las pensiones, que fue suspendida tras la reacción en las calles. Sin embargo, las movilizaciones se extendieron, al sumar acusaciones de nepotismo y corrupción en el gobierno y el pedido central de la renuncia del Presidente. Carlos Chamorro, director del sitio informativo Confidencial, uno de los más respetados de Nicaragua, subió a la web un video/columna en el que afirmaba que Ortega "atacó de forma virulenta" a los obispos de la Iglesia Católica y a los empresarios "que le han ofrecido una hoja de ruta de democratización, para que salga del poder (...) Sin mencionarlos por sus nombres, Ortega acusó a los que 'financian el terrorismo', refiriéndose a sus antiguos aliados, los grandes empresarios, y a los que 'nos maldicen en nombre de instituciones religiosas', aludiendo a los obispos de la Conferencia Episcopal". Seguirá mediación Pese a todo, anoche el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, informó que pese a la agresión sufrida por los prelados, la Conferencia Episcopal de Nicaragua acordó no abandonar la mediación y convocará a fines de esta semana la reanudación del diálogo. Ortega no cuenta con los ingresos petroleros de Venezuela, el otro gobierno de izquierda regional que atraviesa por una crisis, pero sí logró construir una alianza con los sectores productivos, lo cual le significó un apoyo importante, y que ahora perdió. Los ataques de los paramilitares de Ortega contra el clero dejaron "al desnudo la verdadera cara del gobierno", dijo José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). Un ambiente de seguridad jurídica, reglas del juego claras y una comunicación frecuente y fluida entre empresarios y gobierno fueron clave para la buena relación entre los empresarios y Ortega desde 2007. El Diario Las Américas, con sede en Miami, recordó que para las elecciones de 2016, en medio de la denuncia de fraude contra el oficialismo, el empresariado se abstuvo de criticar. Eso se acabó con la ola actual de protestas. También terminó de desaparecer con la crisis actual lo poco que quedaba de la mística de la insurrección popular de 1979 que, comandada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), derrocó la dictadura de Anastasio Somoza y permitió el primer mandato de Ortega (1985-1990). La Primera Dama y Vicepresidenta Rosario Murillo anunció la celebración, este viernes, del aniversario 39 de "el repliegue", una fiesta del FSLN que se cree podría causar enfrentamientos entre paramilitares y los opositores que defienden el espíritu de esa revolución. "Los elementos positivos que pudo tener esa revolución, ya no están. Ortega no representa a ese sandinismo histórico", dijo el nicaragüense Félix Madariaga, defensor de los derechos humanos, a CNN. El experto señaló que durante su segundo mandato, Ortega se ha movido por "intereses corporativistas, de enriquecimiento, no hay ninguna conexión con esa revolución idealizada". El malestar con Ortega es más antiguo que la oleada actual de protestas. La oposición denunció fraude en los comicios municipales de 2008 y en las presidenciales de 2011. De las de 2016, en las que fue el Presidente reelegido con el 72,5% de los votos, fueron excluidos algunos opositores. Juan Carlos Hidalgo, analista del Cato Institute, dice que el caso de Nicaragua es distinto al de sus vecinos en Centroamérica, como El Salvador, Honduras y Guatemala, golpeados por la violencia de las pandillas. "De hecho, se trataba del más seguro de la región. En Nicaragua hubo una captura del Estado por parte de una dinastía familiar y la instauración de una cleptocracia. Al igual que sus vecinos del Triángulo del Norte, se puede hablar de la ausencia de un Estado de Derecho, sin embargo el estallido de la violencia se manifestó de otra manera: por el hartazgo de la población con la corrupción del régimen de Daniel Ortega". El experto considera que en el caso de Nicaragua se ve una "solución más fácilmente identificable: en el corto plazo, librarse de la cleptocracia de Ortega e instaurar un gobierno no solo democrático, sino también transparente, que no saquee sistemáticamente las finanzas estatales".
