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Unidades terrestres y marinas suman ya más de 200:

Conseguir financiamiento para mantener las áreas protegidas de Chile es el actual desafío

lunes, 02 de julio de 2018

Richard García
Vida Ciencia Tecnología
El Mercurio

Privados, a los que lidera la organización The Pew Charitable Trusts, están dispuestos a apoyar financieramente 17 parques y reservas patagónicas al menos durante 15 años. Otras ONG creen que debería crearse un fondo general mixto.



Chile presenta una brecha importante entre la implementación y manejo de sus áreas protegidas y el presupuesto disponible.

Un estudio realizado en 2014 para el Ministerio del Medio Ambiente estimó que esta ascendía al menos a 27 mil millones de pesos en el caso de las áreas terrestres. Esto incluye una red de 100 parques y reservas nacionales, monumentos naturales de Conaf, 41 santuarios de la naturaleza del Ministerio del Medio Ambiente y 54 sitios patrimoniales protegidos por el Ministerio de Bienes Nacionales.

Los fondos servirían para cubrir adecuadamente planes de manejo, monitoreo de especies y cobertura de guardaparques.

La cifra se eleva hasta $43 mil millones si se considera el control de amenazas.

En el caso de las 15 áreas marinas protegidas existentes al momento del estudio, responsabilidad del Sernapesca, la brecha era de casi 6 mil millones de pesos.

Estas cifras se calcularon antes de la creación de la Red de Parques de la Patagonia -de 4,3 millones de hectáreas-, en las cuales se estima necesario un gasto de $2 mil millones al año, y tampoco consideran las ocho nuevas áreas protegidas terrestres que planea crear Conaf en los próximos cuatro años ni las 14 áreas marinas creadas por el gobierno anterior.

"La declaratoria es un paso importante, pero uno igual o aún más importante es la implementación, y eso incluye financiamiento", dice Rodrigo Catalán, director de conservación de WWF Chile.

"Cuando no se tienen fondos para la implementación, estamos hablando de un área protegida de papel", critica Claudia Silva, coordinadora de estrategias de conservación de la Wildlife Conservation Society (WCS).

Interés de una alianza

El Gobierno se encuentra explorando modelos de financiamiento, pero en el Ministerio del Medio Ambiente declinaron referirse al tema por ahora.

La semana pasada, el vicepresidente de la organización filantrópica The Pew Charitable Trusts, Tom Dillon, se reunió con el Presidente Piñera. Le comentó su interés por establecer una alianza público-privada que permita apoyar financieramente, al menos durante 15 a 20 años, el funcionamiento de 17 parques y reservas en la Patagonia.

Estas van desde Pumalín hasta Cabo de Hornos. En conjunto, son conocidas internacionalmente como la Ruta de los Parques. Incluyen la nueva Red de Parques y otras áreas de larga tradición, como Laguna San Rafael, Queulat y Torres del Paine.

Su idea es un modelo parecido al que han desarrollado en países como Bután, Costa Rica y Canadá. "Habrá un monto sustancial de fondos que llegará desde el exterior y también esperamos que lo apoyen empresas locales", dice Dillon.

Aunque no han definido el monto, en Bután el aporte por 15 años alcanzó a los 25 millones de dólares. Se trata de un fondo de transición complementario, explica, no un aporte permanente, y está condicionado a que el Estado haga un aporte similar.

"El Presidente Piñera mostró una muy buena recepción frente a nuestra propuesta. Una de las cosas que nos dijo fue que tenía que pensar cómo manejar todas estas áreas. Este plan es justamente para eso", destaca.

Para WWF Chile y WCS, la propuesta de The Pew está acotada geográficamente y en el tiempo, pero no resuelve el problema.

Ambas instituciones coinciden en que se deben aumentar los fondos públicos y complementarlos con modelos mixtos de financiamiento. Esto significa sumar fondos de privados, sean personas, fundaciones o empresas, y también de organismos internacionales. Esto último porque para el cumplimiento de la convención de diversidad biológica o del cambio climático, hay varios fondos que apoyan a países que están en proceso de expansión de sus áreas protegidas, como Chile.

Ambas ONG creen que el dinero debería ser manejado por un organismo autónomo público-privado independiente del Servicio Nacional de Biodiversidad -hoy en trámite parlamentario- que monitoree los objetivos que se deben cumplir y entregue los aportes en función de resultados.

La idea es que todas las unidades obtengan financiamiento para evitar que se establezcan diferencias entre parques premium y otros que apenas tengan recursos para subsistir, como ha ocurrido en otras áreas, como los museos.

''Somos de los países del mundo que menos invierten en áreas protegidas. Sin embargo, ellos nos proveen de bienes y servicios ecosistémicos de un valor enorme".
CLAUDIA SILVA
COORDINADORA DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN DE LA WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY (WCS).

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