Programas ambulatorios para niños vulnerables tienen en espera 20 mil atenciones
sábado, 23 de junio de 2018
A. Chaparro y D. Inostroza
Nacional
El Mercurio
En algunas de las 17 jurisdicciones del país, como Antofagasta, hace tres años los ingresos demoraban más de 24 meses. A marzo pasado, el tiempo bajó a alrededor de 120 días.
Cada tres meses, los centros de observación y control de las medidas dictadas por los tribunales para proteger a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos entregan a la Corte Suprema "una fotografía" de la situación en materia de infancia a nivel nacional. El último informe, que corresponde al primer trimestre de 2018, arroja más de 20 mil atenciones en espera para programas ambulatorios y 321 ingresos pendientes a residencias del Sename o de sus organismos colaboradores. Además de 1.291 derivaciones a familias de acogidas especializadas (FAE) en la misma situación. "Un niño, niña o adolescente puede tener varias medidas decretadas, incluso de dos tipologías simultáneas, por ejemplo, residencia y ambulatorio, o FAE y ambulatorio. O, más de un ambulatorio, ya que Sename cubre siete tipologías de intervención", explica la coordinadora de los centros de observación y control de medidas de protección del Poder Judicial, Fabiola González. Además, hay programas ambulatorios en el ámbito de Salud, Centro de Salud Mental (Cosam), Centro de Salud Familiar (Cesfam), en hospitales o en el ámbito de Educación, donde hay programas establecidos en establecimientos educacionales con duplas de profesionales. "Estos programas -puntualiza la coordinadora- son los que más tienen sobrecupos. En San Miguel, por ejemplo, tenemos 12 mil (medidas) cumpliéndose y 5.500 en lista de espera y la mayoría son ambulatorios". Para hacerse una idea, relata, cuando el plan se inició en Antofagasta (2015) había niños esperando más de dos años para su ingreso a un programa ambulatorio. "Llegamos a bajar la espera a un año -agrega- y vamos en este minuto como en 120 días, pero al menos están en observación (las medidas)". El sobrecupo en residencias del Sename, dice, es bastante bajo, según el levantamiento estadístico que realizan trimestralmente y, plantea, que debe tomarse en cuenta que estos informes consideran en lista de espera a aquellos menores de edad que se han fugado y también a los que se encuentran derivados a hospitales, por ejemplo. Son en total 60.376 medidas de protección vigentes a marzo de este año en las distintas regiones del país, salvo la jurisdicción metropolitana que tiene un escenario particular y entre los tribunales de San Miguel, Colina y Pudahuel alcanzan las 16.208. En Santiago, sin embargo, por ahora, solo se tienen los ingresos vigentes en residencias (586). Solo falta Santiago La coordinadora advierte que la creación de estas unidades comenzó en 2014, cuando la Corte Suprema dictó el Acta 37 y estableció el seguimiento de las medidas de internación y las visitas de los jueces de familia, representantes de Sename y Justicia a las residencias. Y, desde entonces, dice, la implementación de esta política fue gradual. Primero Antofagasta, Valparaíso y Concepción, en 2015, y otras 12 jurisdicciones, en 2017. Para este año solo restaban los juzgados de San Miguel y Santiago, incluido el Centro de Medidas Cautelares (CMC). "El CMC es una unidad creada por un acta de la Corte Suprema en 2010, que se reserva el tratamiento de medidas de protección de violencia intrafamiliar y de infracciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, y les quita, por así decirlo, esa materia a los cuatro juzgados de familia de Santiago", detalla González. Ese centro, agrega, "aún no trabaja ambulatorio y FAE". En un cálculo rápido, plantea la coordinadora, sumado todo el país "me estoy acercando a los 80 mil (medidas), si tuviéramos limpio el número de ambulatorio y FAE en el Centro de Medidas Cautelares, diría que claramente podríamos hablar de 10 mil más". -¿Esta información estadística la tiene una contraparte en Sename?, ¿cuadran las cifras con las suyas? -Las tienen incompletas, no vigentes. Estos informes trimestrales los levanta cada uno de los centros (emplazados en cada una de las 17 jurisdicciones del país); me los mandan a mí y nuestra oficina sistematiza y saca un informe con cifras macro que va a la Corte Suprema, mientras que a nivel regional los supervisores hacen los cruces de datos con Sename. Una ficha para cada niño Convencer era la palabra y en algunas jurisdicciones fueron más receptivos que otras, cuenta Fabiola González, porque el plan que hoy está prácticamente operativo en todos los tribunales de Chile implicaba crear fichas para los niños -con su nombre completo, RUT, causal de medida y tipo de la misma, entre otros elementos- y el ingreso de esos datos al sistema requería del factor humano. Si bien en un comienzo el objetivo fue determinar el número de medidas de protección y medir el avance en la creación de fichas, actualmente, el sistema permite monitorear otras variables y alertar a los jueces con anticipación cuando una medida debe ser revisada, así como tener a la vista los avances de los niños y adolescentes ingresados en residencias, sean administradas por Sename, colaboradoras, privadas e incluso las de Gendarmería. Por ejemplo, describe la coordinadora, "la supervisora de San Miguel tiene que tener vínculo con los directores de todas las residencias de su zona, con cada uno de los programas (disponibles en la jurisdicción), porque nosotros le vamos a estar mandando información 'acusete' todos los meses". "Les vamos a decir 'señores, todos este listado de niños que Uds. tienen en su residencia 1 tienen medidas que van a vencer el próximo mes y respecto de quienes debe informar al juzgado su estado de avance (terapia, intervención u otros)', porque ahí teníamos un problema. Ese informe nunca llegaba al tribunal y no era posible visualizar claramente los plazos, ¿qué pasaba con Juanito?, ¿debía revisarse su internación en la residencia?". Visibilizar y fiscalizar Con este modelo, que inició y fue impulsado cuando la ministra de la Corte Suprema Rosa María Maggi era la encargada de la Unidad de Apoyo a la Reforma de Familia, el Poder Judicial cuenta con la "visibilización del 100% de los niños que están sujetos a una medida de protección. Ese es un gran hito", destaca González. "Y, además -dice la coordinadora- visibilizadas estas medidas, yo comprometo, a través de esta arquitectura, de este proyecto, el hecho de asegurar que cada una de ellas esté en un proceso de observación y, para que eso pase, tengo que estar 'cateteando' desde que el juez dicta la sentencia (que decreta la medida)". "La visibilización del 100% de los niños que están sujetos a una medida de protección. Ese es un gran hito". Sobrecupo 60.376 16.208 2.486 1.028 66 178 42
FABIOLA GONZÁLEZ
Coordinadora de los centros de observación y control de medidas de protección del Poder Judicial
De acuerdo con el informe, el sobrecupo en las residencias del Sename y sus organismos colaboradores "es bastante bajo".
medidas de protección estaban vigentes a marzo pasado en todo el país, excluyendo las jurisdicciones de San Miguel, Colina, Pudahuel y Santiago.
son las medidas decretadas por tribunales de la Región Metropolitana. Solo resta que sume al proyecto el Centro de Medidas Cautelares de Santiago.
atenciones en programas ambulatorios de salud, educación u otros están pendientes de cumplimiento. Es la región con la lista de espera más significativa, seguida de San Miguel con 2.272.
cumplimientos de medidas de protección relativas a programas ambulatorios existen en Pudahuel, lo que representa 55,7% de espera en la relación plazas-demora. La más alta del país.
ingresos a residencias del Sename o colaboradores del servicio en Valparaíso están en espera, sea porque no hay cupo, los niños se fugaron o fueron derivados a un hospital. Le sigue Concepción (57) y Santiago (56).
derivaciones a familias de acogida especializadas (FAE) estaban pendientes de cumplimiento en Valparaíso a marzo. Un total de 171 en Talca y 120 en La Serena, las tres cifras más altas a nivel nacional.
en Talagante y 37 en San Bernardo, equivalentes al 64,4% y el 40,2%, son las derivaciones de niños pendientes a FAE. En la relación plazas-demora son las más significativas del país.
