viernes, 22 de junio de 2018
Economía y Negocios Online
El Mercurio de Valparaíso
La Contraloría Regional entregó un lapidario informe que da cuenta de una serie de irregularidades en el proceso de elaboración del Plan Regulador Comunal de Valparaíso (PRC) que llevaba a cabo la consultora Foco, en el que se expone que la Seremi de Vivienda y Urbanismo (Minvu) pasó por alto algunos requisitos que debía cumplir la consultora y, además, cuestionó el pago del 91% del instrumento, en circunstancias que el avance alcanzó sólo hasta el 70% y luego se detuvo, ya que la administración de Jorge Sharp decidió desechar el trabajo echo por Foco e iniciar de nuevo la elaboración del PRC, con otros técnicos.
A raíz de las irregularidades detectadas, la Contraloría instruyó a la Seremi Minvu que lleve a cabo procedimientos disciplinarios para establecer las responsabilidades que pudieran caberle a funcionarios.
"Se advierte que habiéndose pagado el 91,3% del valor total de la consultoría, equivalente a CLP 196.200.000, no se ha dado cumplimiento al objetivo central de la contratación en comento, el que, acorde a lo consignado en el N°` 1 de las Bases Técnicas, correspondía a la formulación de una modificación integral del PRCV para las áreas urbanas de la comuna (Valparaíso, Placilla de Peñuelas-Curauma y Laguna Verde), lo que atenta contra los principios de eficiencia y eficacia consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575, Y que obligan a los órganos del Estado a velar por la idónea administración de los recursos públicos", consigna el informe.
En esa línea, el informe establece que hubo un "pago indebido de servicios", puesto que "se comprobó que mediante ID de tesorería N° 45.592, de 21 de diciembre de 2011, la Seremi Minvu pagó el 68,9% de los servicios correspondientes a la Etapa N° 5, por la suma de CLP 41.355.000, en circunstancias que se constató que las tareas prestadas y efectivamente recibidas a satisfacción por la contraparte técnica, correspondían al 26% -esto es, 6 de 23 actividades aprobadas en la Etapa N° 1-, lo que equivale a la cantidad de CLP 15.5.87.000, pagándose indebidamente el monto de CLP 25.768.000".
Teniendo eso en consideración, Contraloría ordena que Seremi Minvu "deberá implementar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, sus bases contengan las ponderaciones pertinentes para las actividades de cada etapa del estudio, las que deberán guardar armonía con los requerimientos técnicos indicados en las mismas, con el objeto de poder determinar objetivamente la valorización de cada tarea".
A raíz de aquello, en las conclusiones del informe el órgano fiscalizador ordena que "la entidad auditada deberá remitir a esta Contraloría Regional un informe fundado, que sustente las ponderaciones realizadas para determinar el pago de la Etapa N° 5, en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del presente informe, de lo contrario, se procederá a formular el pertinente reparo, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, por la suma de CLP 41.355.000, debido a la imposibilidad de determinar el valor de las actividades ejecutadas y aquellas pendientes".
Como consecuencia de los pagos que aún no se han justificado, la Contraloría además ordena que "en los futuros acuerdos pactados, las partes deberán establecer las medidas pertinentes con el fin de resguardar los recursos fiscales invertidos y se cumpla de forma eficiente y eficaz con el fin por el cual fueron celebrados".
Si bien la licitación y adjudicación del Plan Regulador Comunal de Valparaíso ocurrió durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y continuó en el reciente mandato de Michelle Bachelet, quien está a la cabeza de la Seremi de Vivienda y Urbanismo actualmente es Evelyn Mansilla, autoridad que entregó su explicación al respecto y aseguró que las determinaciones que ordenó Contraloría se cumplirán y algunas ya están en curso.
Mansilla expone que "en mi calidad de secretaria regional ministerial de Vivienda y Urbanismo adoptaré todas las acciones que ordene la Contraloría en base los resultados de la investigación especial llevada a cabo".
En lo referente a los dineros objetados por el ente fiscalizador, la autoridad aclaró que "de los montos pagados por la consultoría, la Contraloría sólo se remite al pago de la quinta etapa del estudio. En este contexto, otorga un plazo de 30 días para justificar dicho pago, por lo cual, debemos esperar el pronunciamiento final respecto de esta materia".
Finalmente, Mansilla aseguró respecto de los sumarios ordenados por la Contraloría Regional, que dichos "procedimientos disciplinarios tienen carácter de reservados, no obstante, ya se han ejecutado acciones a fin de determinar si existen responsabilidades administrativas".
