Ministerio Público sugiere no incluir móvil político al tipificar el delito terrorista
lunes, 18 de junio de 2018
Lorena Cruzat
Nacional
El Mercurio
Organismo entregó sus opiniones sobre la indicación sustitutiva al proyecto que determina conductas terroristas y su penalidad.
Mediante un oficio enviado a la comisión de Constitución del Senado, el fiscal nacional Jorge Abbott entregó las opiniones del Ministerio Público sobre la indicación sustitutiva al proyecto que determina conductas terroristas y su penalidad. El organismo advierte los problemas que pueden surgir al atribuir un móvil político al delito y enmarcar los actos en una organización criminal o asociación ilícita, subrayando la necesidad de considerar también las responsabilidades individuales. La fiscalía cuestiona que, en la nueva normativa, el delito terrorista se pueda centrar exclusivamente en la protección de un determinado bien jurídico, como es "la preservación del orden constitucional democrático". Plantea que "el establecimiento de una nueva finalidad, consistente en la desestabilización del orden institucional interno, plantea la mutación del concepto de terrorismo a un delito de móvil o finalidad política". Así, una persona podría aducir que la persecución de la que es objeto es de tipo política, "introduciendo al debate aspectos extrajurídicos, que tienden a deslegitimar la aplicación de esta ley y que pueden llevar a que la sanción por estas conductas sean menos frecuentes de lo que es hoy". La fiscalía sugiere el uso de la expresión "en desprecio del orden institucional". Agrega que al considerar una finalidad política, los actos concretos y la producción de temor "pasan a ser meros antecedentes, siendo relevante que estos estén instrumentalizados en pos del logro de un programa o estrategia política". La fiscalía plantea que esto se adaptaba bien a la experiencia española con ETA, "pero no necesariamente se avienen con la realidad nacional". El Ministerio Público cree que la modificación planteada lleva el modelo subjetivo "aún más adelante" en relación con la naturaleza del delito. Por ello propone párrafos que podrían incluirse, como: "se entenderá (...) que existen tales finalidades ante la presencia de pancartas o de reivindicaciones materiales". O "se entenderá que concurre tal finalidad si la naturaleza y accidentes del delito demuestran la aptitud de este para provocar un temor generalizado en la población...". También sugiere una rectificación cuando plantea "obedecer a un plan determinado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas". Se advierte que "obedecer a una plan" podría generar un argumento "para establecer la necesidad de comprobar un elemento estructural de tipo organizativo para configurar un delito terrorista". El Ministerio Público plantea reemplazarlo por "en desarrollo de un plan para atentar...". También se estima como "una adecuada técnica legislativa" describir la conducta delictual mediante el enunciado "el que" para dejar sentado "con claridad que acciones individuales pueden ser catalogadas como terrorismo". Se valora la incorporación de nuevos delitos, como los atentados contra medios de transporte "capaces de crear un peligro para la vida de los pasajeros o transeúntes, y la inclusión de delitos informáticos como "una adecuada puesta al día". Desde la fiscalía afirmaron que es necesario conservar lo obtenido con la actual legislación. El fiscal regional sur, Raúl Guzmán, quien tiene la exclusividad de la persecución penal de estos ilícitos en la Región Metropolitana, planteó que ya se estableció en tribunales que el bien jurídico protegido no necesariamente tiene que afectar el orden institucional o del Estado, sino también el "orden público, seguridad pública y paz social". Ello quedó establecido, dijo Guzmán, en el fallo de la Corte Suprema que ratificó la sentencia contra Juan Flores por el ataque al Subcentro de Escuela Militar. Además, se definió la responsabilidad individual del imputado.
