miércoles, 13 de junio de 2018
Economía y Negocios Online
ValorFuturo
El exvicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, volvió a defender la decisión de la entidad de no incluir en el acuerdo con SQM una cláusula en la que se limitara el retorno de Julio Ponce Lerou a la compañía, aunque esta vez apuntó hacia el directorio de la firma de haber tomado una medida que claramente afectaría a la imagen de la empresa.
Ante la Comisión de Minería y Energía del Senado, Bitran remarcó que como en Chile "existe libertad de trabajo", era imposible imponer una cláusula en la que se limitara la presencia de Ponce en la compañía, señalando que igualmente el "corazón del acuerdo" era que el empresario saliera de manera definitiva de la administración de la compañía.
"Vemos internamente el tema de Corfo, y recuerden que Julio Ponce Lerou no estaba sancionado penalmente porque antes toda la responsabilidad había sido asumida por el gerente general de SQM, Patricio Contesse, se me plantea que en Chile existe libertad de trabajo, y es un derecho constitucional. Entonces si poníamos esa cláusula, corríamos el riesgo de enfrentar un juicio contra el Estado que podría ser extremadamente complejo", añadió.
"Pero quiero insistir una vez más: nunca fue planteado la posibilidad de que Julio Ponce Lerou volviera a la empresa en ninguna calidad", recalcó.
Ante esto, el ex jefe de Corfo disparó contra el directorio encabezado por Alberto Salas señalando que faltaron gravemente a su responsabilidad para con la empresa, ya que era lógico el impacto que podría tener para la misma una decisión de este tipo.
"Los directores, cada uno de ellos, falta gravemente a su responsabilidad fiduciaria, porque ellos se deben antes que nada al interés social de la compañía. Y hay que tener un dedo de frente para darse cuenta que esto iba a tener un impacto enorme y negativo para esta empresa", puntualizó.
Previo a estas palabras, Bitran defendió también el acuerdo alcanzado con SQM durante el arbitraje, asegurando que los montos que percibirá el Estado hasta 2030, podrían ser considerados como una "reforma tributaria".
