miércoles, 13 de junio de 2018
Economía y Negocios Online
Valor Futuro
Los senadores del PS, Alfonso De Urresti, Álvaro Elizalde y Rabindranath Quinteros, junto a sus pares de la DC, Francisco Huenchumilla y del PPD, Felipe Harboe, presentarán este miércoles un proyecto de ley de reforma constitucional que busca consagrar en forma explícita los derechos de los consumidores en la Carta Fundamental.
La iniciativa establece que "es deber del Estado garantizar y defender los derechos de los consumidores y usuarios, en especial, el derecho a la libre elección de los bienes y servicios, a recibir información veraz y oportuna, a un trato equitativo y a no ser discriminado arbitrariamente".
A juicio de los legisladores, "tan importante como el crecimiento, defender la protección de los consumidores es un pilar fundamental para el correcto funcionamiento de toda economía moderna. No es posible pensar en la sociedad actual, sin los resguardos mínimos para el buen funcionamiento de los mercados".
Asimismo, el texto subraya que su origen tiene que ver con la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC) que rechazó las facultades fiscalizadoras del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) que estableció la ley creada por la ex Presidenta Michelle Bachelet para reformar a dicho organismo.
Al respecto, el proyecto señala que "a falta de un mandato claro y explícito, la Constitución puede ser interpretada de un modo en que termina siendo un obstáculo para que el legislador establezca los instrumentos de política pública necesarios para corregir de manera adecuada las imperfecciones de mercado y los desequilibrios y desigualdades que afectan a los consumidores y usuarios".
El proyecto destaca además un componente educacional: "La idea es que el Estado promueva la información y educación de consumidores y usuarios, fomentará sus organizaciones y las oirá en cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca".
En ese contexto, el senador Elizalde explicó que "los consumidores no pueden quedar en la indefensión. Este proyecto es la respuesta ante los fallos del TC, que se ha convertido en el guardián del abuso. Instamos al Gobierno a apoyar esta iniciativa, para ser consecuente con su permanente retórica de defensa de la clase media".
En la misma línea, Quinteros agregó que la sentencia del TC "cercenó las facultades que había dotado al Sernac para proteger de modo eficaz a los consumidores. Esta reforma tiene por objeto respaldar las facultades de órganos del Estado competentes para proteger a los consumidores".
Finalmente, De Urresti explicó que "esta iniciativa busca modificar la Constitución, creando un mandato claro de protección y un verdadero deber sobre el legislador para proteger a los consumidores y usuarios frente a los abusos que algunos proveedores pueden cometer".
