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Tren rápido Santiago-Valparaíso

jueves, 24 de mayo de 2018

Susana Sierra
Opinión
El Mercurio




Señor Director:

Ayer miércoles 23 de mayo, "El Mercurio" informó sobre el "gran interés" acerca del proyecto de tren rápido Santiago-Valparaíso, una noticia que de concretarse cambiará la vida de miles de chilenos y de paso dará un impulso a nuestra economía.

Desde el gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, las obras públicas se han licitado a través de concesiones, una reglamentación que más allá de las críticas y de las modificaciones que ha recibido con el paso de los años, ha significado un marco regulatorio con una mirada de futuro que busca prever necesidades a largo plazo.

Por lo mismo, con el interés de nuevos actores por entrar al mercado chileno, debemos tener en cuenta que nunca la relevancia de un proyecto -pese a su vanguardia o masividad- está por sobre los márgenes regulatorios que el resto de los actores acató y que se encuentra completamente vigente a través de la Ley de Concesiones. El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ha sido prudente al pedir que sean expertos quienes determinen si el conducto utilizado por la empresa, la Ley de Ferrocarriles del Estado del año 1931, es el más acorde para esta iniciativa en vez de que se desarrolle a través de una concesión. Es importante despejar dudas y no caer en riesgos.

Hemos sido testigos de las problemáticas que han vivido países vecinos por contar con marcos regulatorio débiles, deficientes o inexistentes que han permitido la contratación directa de las empresas de parte del Estado. No podemos olvidar las repercusiones que se han generado por utilizar un camino que ha desembocado en crisis institucionales profundas en naciones de nuestro continente. Sabemos que muchas obras públicas han solucionado la vida a todos los ciudadanos, pero no por eso vamos a dar espacios a que nuestro sistema, que ha estado alejado de malas prácticas gracias a una regulación clara y consistente, se acerque siquiera a dejar malos entendidos.

Susana Sierra
Directora ejecutiva de BH Compliance

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