martes, 22 de mayo de 2018
Alejandro Micco Profesor Universidad de Chile
El_Mercurio
En los últimos años, Chile ha avanzado en mayores niveles de transparencia y en generar herramientas para evitar la corrupción, la evasión, el cohecho y el lavado de activos. Pero no es suficiente, aún quedan rincones oscuros en nuestro sistema financiero. Terminar con esta opacidad para facilitar la fiscalización es fundamental para evitar los males antes descritos. Por esto, no se entiende que el gobierno retire del Congreso las modificaciones a la Ley General de Bancos e Instituciones Financiera (LGB), que van en esta línea. A diferencia de otros países, Chile tiene una legislación bancaria desactualizada, un régimen donde prima el secretismo. La UAF, el SII e incluso la justicia, tienen un acceso limitado a la información bancaria, lo que dificulta la fiscalización. El informe de la OCDE contra la corrupción del año 2014 ya planteaba que Chile debía perfeccionar su legislación en este punto. En 2017 se ingresó al Congreso una reforma a la LGB que, entre otras cosas, buscaba alinear nuestra legislación con los estándares internacionales en materia de acceso a información bancaria. Nuestra legislación diferencia el concepto de información sujeta a "secreto bancario" respecto de la información sujeta a "reserva bancaria". En términos generales, la información sujeta a "secreto" son los depósitos y captaciones, es decir, los movimientos del día a día de una cuenta corriente. Esta información es más sensible para el titular, pues expone su vida privada, y por ende, requiere de una autorización judicial para su entrega. Nada de esto se está tocando con la modificación a la LGB, por lo que se mantiene el resguardo a la privacidad de las personas. El resto de la información está sujeta a "reserva". Los bancos pueden dar a conocer esta información a instituciones que demuestren un "interés legítimo" y siempre que no sea previsible un daño patrimonial al cliente. El problema es que la acreditación de este "interés" se ha judicializado, por lo que en la práctica termina siendo igual de complejo acceder a la información sujeta a reserva que a la información sujeta a secreto. El año pasado, el Congreso aprobó la ley N° 21.047 que autorizó al SII a acceder a información sobre saldos de cuentas corrientes que extranjeros tienen en Chile y así obtener, a cambio de esto, información de chilenos en el exterior sin autorización de tribunales. Esta ley reconoce que la información a la que tendrá acceso el SII no vulnera la garantía de privacidad del individuo. El SII no podrá conocer los movimientos de las cuentas corrientes de los extranjeros (sujeta a "secreto bancario"), sino solamente sus saldos. Los cambios a la LGB ingresadas por el gobierno anterior buscan extender el principio mencionado a la situación de las personas con residencia en Chile acerca de la información sujeta a reserva y no a secreto bancario, en relación con la UAF y el SII. La actual administración quiere retirar o "modificar" esa propuesta con el argumento de que deben revisarse en una nueva mesa técnica especial, pese a que hubo una en la Cámara que sesionó durante meses. El Congreso es el lugar donde se deben discutir y perfeccionar las leyes. ¿Pero por qué retirarlas y no discutirlas durante su tramitación? Espero que no desaprovechemos esta oportunidad de adecuar nuestra legislación bancaria a estándares internacionales y así facilitar la lucha contra la evasión tributaria y las faltas a la probidad al iluminar una zona oscura de nuestro sistema financiero. A DIFERENCIA DE OTROS PAÍSES, CHILE TIENE UNA LEGISLACIÓN BANCARIA DESACTUALIZADA, UN RÉGIMEN DONDE PRIMA EL SECRETISMO.
