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Presidenta del organismo, María Eugenia Manaud, lo había solicitado:

Justicia se abre a que el CDE asuma causas de defensa internacional en coordinación con la Cancillería

lunes, 23 de abril de 2018

CINTHYA CARVAJAL
Nacional
El Mercurio

Se evalúa opción de que representen casos ante la CIDH y el CIADI.



Uno de los desafíos pendientes que tiene el Consejo de Defensa del Estado (CDE) es iniciar un proceso de modernización. María Eugenia Manaud, la presidenta del organismo -que tiene a su cargo la representación del Estado y de los intereses patrimoniales del fisco- apuntó a esa necesidad en su primera cuenta anual, el pasado 11 de abril, y al anhelo de que puedan además asumir la defensa internacional del país.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, está abierto a realizar cambios en la estructura orgánica del CDE, y también a que puedan asumir la defensa internacional en coordinación con la Cancillería.

"Creemos que hay que aumentarle la competencia, por la historia y exitosa trayectoria que ha tenido, para que el CDE pueda hacerse cargo de una nueva función, siempre en coordinación con la Cancillería en los temas internacionales", dijo Larraín a "El Mercurio".

El secretario de Estado cree que es necesario un órgano técnico que pueda llevar adelante la defensa de Chile en temas judiciales. "Está claro lo que ha ocurrido con los países vecinos, como ha sido el caso de Argentina hace algunos años atrás, Perú recientemente, y Bolivia hoy en día. En cada oportunidad se actúa contratando expertos de oficinas en el extranjero sin que haya un núcleo en el país", dice.

El ministro de Justicia sostiene que el organismo podría participar en la defensa de los reclamos que se producen ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, institución del Banco Mundial con sede en Washington), que tienen una naturaleza económica. También ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En cada uno de estos casos el Estado debe contratar un equipo de abogados nacionales y extranjeros, algunos son coordinados desde la Cancillería; para litigar en la CIDH; y otros por el Ministerio de Economía, en las causas que llegan el CIADI.

"Para ordenar todo esto creemos que es necesario que haya una instancia que tenga esta responsabilidad. Sabemos que la Cancillería, en su nueva reestructuración, tiene la responsabilidad de coordinar ante el extranjero las actuaciones judiciales que se puedan producir, pero lo que queremos es que exista un organismo técnico para esa finalidad", declaró.

Los otros cambios al organismo que están evaluando se refieren a la estructura orgánica; para que puedan tener más abogados especialistas en otras materias constitucionales y ambientales en vista de la judicialización que existe. En el Gobierno también se evalúan modificaciones en los nombramientos y cese de funciones.

Manaud cree que es necesario realizar cambios que vayan más allá de si deben o no permanecer hasta los 75 años en sus cargos o con dedicación exclusiva, como se ha cuestionado en los últimos meses. A su juicio, "el límite de 75 años no es un beneficio; es una condición que se impone al cargo, al igual que los jueces que tienen un tope de edad. En cambio, toda la administración pública, en general, no tiene límite de edad. De hecho, en este servicio hay personas de más de 75 años que no son consejeros".

La presidenta del CDE apoya también la modificación en el sistema de nombramientos, pero no un cambio específico dirigido por una contingencia, "sino en el marco de un programa de modernización como el que está en marcha. El tema hay que revisarlo, pero con estudios técnicos en profundidad".

MESA
En mayo se reunirán en una mesa de trabajo donde el CDE y el Ministerio de Justicia presentarán sus propuestas.

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