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Tendría que indagar más de 9 mil causas de DD.HH.:

La comisión Valech II se instala en la agenda del juez Mario Carroza

domingo, 15 de abril de 2018

Andrés López
Reportajes
El Mercurio

El 12 de marzo, un día después de que la ex Presidenta Michelle Bachelet abandonara el cargo, el juez Mario Carroza recibió una denuncia de la ex subsecretaria Lorena Fries en que pedía indagar los casos de apremios ilegítimos de las comisiones Valech I y II. Los antecedentes de la primera de esas instancias, que comprenden 28 mil relatos, tienen un secreto de 50 años. Sin embargo, para la segunda no se estableció reserva.



El año 2010 marcó parte del camino de las causas por violaciones a los derechos humanos registradas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Fueron más de mil querellas que presentaron familiares de ejecutados políticos. Nunca antes se había generado una presentación masiva de este tipo y, por ende, la Corte Suprema tuvo que determinar cómo y quiénes iban a dirigir los casos. Así, se creó un sistema de trabajo: un grupo de magistrados con dedicación exclusiva, se decretaron mejoras en la infraestructura y se reforzó el personal de apoyo. Todo para sacar adelante la carga de trabajo que se vio incrementada rápidamente.

Uno de estos jueces es Mario Carroza, quien actualmente tiene su oficina en el cuarto piso de los desaparecidos juzgados del crimen de Morandé con Compañía. Día a día con su equipo de actuarios toma declaración a testigos e inculpados. Los cientos expedientes ya son parte del paisaje del tribunal.

Sin embargo, una denuncia ingresada al tribunal el 12 de marzo podría cambiar el actual escenario. A las 13.45 horas, un día después de que la ex Presidenta Michelle Bachelet abandonara el cargo, llegó una acción judicial firmada Lorena Fries en su calidad de ex subsecretaria de DD.HH. del pasado gobierno. En el documento pidió investigar al juez Carroza los casos de apremios ilegítimos contenidos en las comisiones Valech I y II, en las que se registran 38.254 testimonios, divididos en 28.459 y 9.795, respectivamente.

En el texto, además de relatar los tipos de torturas contenidos en los informes de las comisiones, Fries explicó la razón por la que decidió denunciar: "El marco jurídico de la presentación de esta denuncia apunta a dos cuestiones fundamentales. Por una parte, fundamentar la legitimación activa para presentarla, lo cual se basa en la obligación que pesa sobre mi autoridad de denunciar los delitos y crímenes de los que tomé conocimiento en el ejercicio de mis funciones como subsecretaria de Derechos Humanos. Por otra parte, se hará mención al delito de apremios ilegítimos como justamente el delito en cuestión vengo a denunciar".

Para esto, la ex subsecretaria invocó normas del estatuto administrativo, el Código Procesal Penal y el Código de Procedimiento Penal, cuerpos legales en donde se establece que el funcionario público está obligado a denunciar los crímenes y simple delitos. "Si bien estas víctimas producto de la calificación han tenido acceso a determinados beneficios pecuniarios, educacionales y de salud, el Estado debe investigar judicialmente las circunstancias en que se produjeron tales vulneraciones y determinar las responsabilidades penales de los ex agentes estatales involucrados", señala el documento.

Con esta acción judicial en sus manos, el magistrado pidió al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) los nombres y las fichas de las personas que el Estado reconoció como víctimas.

De esa solicitud, hasta el momento, llegaría información de los 9.795 personas que dieron su relato a los integrantes de la Comisión Valech II, a raíz de que los testimonios de esta instancia no están bajo secreto, lo que sí sucede con el caso Valech I, cuya reserva de 50 años fue establecida por ley.

"Oficié al INDH para que nos enviaran toda la información que tuvieran de las personas que hicieron las denuncias en ambas comisiones Valech. Hemos conversado con ellos y al parecer nos estarían entregando esa información durante esta semana. Pensamos que en lo referente a Valech I, siempre se va a conservar el silencio por los años que así se estableció, salvo que haya una modificación legal", afirma Carroza.

Bajo ese escenario, serían más de 9 mil causas las que tendrá que indagar, lo que supera con creces lo ocurrido en 2010. Esta situación ha generado inquietud en el Poder Judicial, dado que nunca habían recibido tal carga de procesos judiciales.

"En lo que refiere a Valech II, efectivamente hay consenso de que debería enviarse la información. Si eso ocurriese, nosotros tendríamos que estar en condiciones de consultarle a la Corte Suprema cuál sería el sistema para poder investigarla, porque la cantidad de recursos que requiere, tantos humanos como materiales, hoy en día no están", plantea Carroza.

"En un principio -continúa- serían 9 mil causas, después se verá si algunas ya se han tramitado, pero igual es un número considerable. Cuando se inició esta actividad respecto de los ejecutados (en 2010) o las desapariciones, trabajamos alrededor de dos mil causas y hemos estado durante ocho años en ello. Nos imaginamos que una cantidad tres veces superior, debería acarrear un trabajo bastante considerable".

De acuerdo a la directora del INDH, Consuelo Contreras, el caso se revisará en el consejo de mañana. "El centro de documentación está a cargo de la digitalización del material. Son cajas con carpetas y eso hay que sistematizarlo, lo que no es rápido", dice.

Respecto a los antecedentes de la comisión Valech II, en el caso de que un juez solicite su información, Contreras indica que "en principio claro, tendríamos que enviarla".

Otro de los puntos pendientes es determinar si el máximo tribunal autorizará a indagar el delito de apremios ilegítimos, dado que cuando decidió en 2010 que jueces con dedicación exclusiva se hicieran cargo de estos procesos, los ilícitos quedaron delimitados en las desapariciones forzadas y homicidios, y no incluyeron torturas.

Respecto a este punto existe incertidumbre, dado que el ministro de la Corte Suprema encargado de coordinar estos magistrados desde 2014, Sergio Muñoz, presentó su renuncia a ese cargo el 3 de abril. En la carta donde anuncia su decisión, el magistrado indicó que los ministros y el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, tenían deferencia con él, pero "como ha variado lo anterior, estimo no resulta apropiado que ejerza por más tiempo esta designación, solicitando se considere que declino de ella de manera definitiva".

Sin reserva

El abogado Luciano Fouillioux fue uno de los integrantes de las dos comisiones Valech y contó que la decisión de realizar la segunda instancia de recepción de denuncias en febrero de 2010 se originó "a petición de las víctimas que no se habían presentado antes en Valech I, incluso hubo algunas que habían sido rechazadas".

"El sistema que utilizamos fue parecido a la primera comisión, de fichas, toma de testimonios, cruce de datos para los efectos de hacernos de la convicción de si procedía la recalificación o no. Tras esto, se elaboró un informe que fue entregado al Presidente Sebastián Piñera (2011) porque ya estaba en el gobierno", manifestó.

Fouillioux indicó que el no mantener el secreto de 50 años que fue decretado anteriormente "no fue decisión nuestra. Fue un tema de decreto y no de ley (como Valech I) y ahí se dejó (sin la reserva), lo que para mí fue un error".

El INDH le indicó al juez Carroza que estudian la forma de dar respuesta al requerimiento. Esto será revisado durante el consejo que se realizará mañana.

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