martes, 20 de marzo de 2018
Economía y Negocios Online
Emol
La ministra del ramo, Gloria Hutt, aseguró que la idea es evitar que los usuarios vuelvan a sufrir las consecuencias por la mala implementación del sistema.
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La ministra de Transportes, Gloria Hutt, anunció que declarará desierto el proceso de licitación del Transantiago impulsado por el Gobierno de Michelle Bachelet.
"Este sistema, tal como estaba planteado, no responde a la necesidad de los usuarios", comentó Hutt, quien añadió que "hay un camino largo por recorrer y nuestra prioridad es que los beneficios de este proceso se reciban en el plazo estipulado".
"Esta decisión la estamos tomando después de un análisis, y estamos seguros de que es la mejor decisión para el transporte de Santiago y para los usuarios, quienes ya han sufrido por la mala implementación de una política pública", agregó.
Hutt afirmó que se requiere "un proceso con mucha mayor tecnología y que permita también las renovaciones en forma más activa".
"El proceso como estaba no respondía al interés de los usuarios ni a las dinámicas de la ciudad, y pone una camisa de fuerza a Santiago por 10 años", manifestó.
La secretaria de Estado aseguró además que "vamos a tomar lo que se va a rescatar del proceso anterior, específicamente, la consulta ciudadana que es muy valiosa".
A ello, completó, se sumará "una buena parte de las definiciones, pero vamos a incorporar correcciones, según lo que impone el Tribunal de Libre Competencia".
Las bases de la licitación
Las bases de la licitación contemplaban que los contratos con las empresas se extenderían por diez años, y que los operadores recibirían incentivos monetarios si cumplían con servicios que apunten a mejorar la calidad para el usuario.
Así, se generaría un pago a los operadores conforme de un 10% en la medida que cumplieran con indicadores reales que a las personas les afectaran, como por ejemplo la regularidad.
La licitación también contemplaba diversas mejoras: los buses nuevos deberían sumarse a los recorridos incluyendo torniquetes con el objetivo de reducir la evasión y también se debían considerar 20 zonas pagas móviles.
Además las compañías tendrían que contratar inspectores de fiscalización privados, como medida complementaria para terminar con el no pago del servicio por parte de los pasajeros.
