domingo, 18 de marzo de 2018
Eduardo Monrroy y Carlos Saldivia.
El Mercurio
La abogada participó el fin de semana pasado en dos reuniones con el ex ministro Jaime Campos, a quien habría pedido firmar un decreto para cambiar el estatus de Punta Peuco e indultar al ex frentista Jorge Mateluna. Bachelet participó en el último de esos encuentros, ocurrido el domingo, a solo minutos de fotografiarse con sus ministros y trasladarse posteriormente al cambio mando en Valparaíso.
La puerta de la oficina de la abogada Ana Lya Uriarte en el Segundo Piso de La Moneda se abrió en plena conversación. Vestida con la banda tricolor y usando la piocha de O"Higgins, una estrella de cinco puntas que representa la autoridad presidencial, Michelle Bachelet se unió pasadas las ocho de la mañana del domingo a la reunión que en ese momento sostenía su entonces jefa de gabinete y el ex ministro de Justicia, Jaime Campos. Solo faltaban minutos para la fotografía oficial con su gabinete, agendada para las 9:30 horas, como parte de la ceremonia de cambio de mando. De la conversación que se sucedió después no existe una versión oficial. Entre algunas autoridades del anterior gobierno, sin embargo, existe coincidencia respecto de aspectos puntuales de uno de los episodios más controvertidos de la última semana de Bachelet al mando, que terminó abriendo al menos dos frentes inesperados -y complejos- a la anterior administración: con el PC y la extrema izquierda, por no cerrar Punta Peuco, y con Chile Vamos, por la fallida designación del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo. El rol que desempeñó Uriarte en ambos casos, que tuvo amplias repercusiones a nivel transversal, quedó en el centro de la agenda. Diálogo franco En la reunión con la ex Presidenta, de acuerdo a personeros de la anterior administración, Campos rechazó firmar un decreto de dos artículos que modificaba el estatus de Punta Peuco. Sin cerrarlo, lo transformaba en un penal para adultos mayores con enfermedades terminales, pero responsables de delitos comunes. Para el abogado, que en principio no se oponía del todo a poner fin al penal, era improcedente, inoportuno e inconstitucional firmar un decreto a solo horas del cambio de mando, y cuando no había ninguna forma de ejecutarlo. Su oficina en el Ministerio de Justicia, de hecho, estaba cerrada desde las 5:00 de la tarde del viernes. La conversación fue a ratos dura y muy franca, afirman quienes conocieron versiones de lo ocurrido. El ex ministro habría expuesto los problemas legales del decreto, ante lo que se le respondió que aquello ya estaba resuelto. Campos preguntó entonces, muy molesto, si existía otro borrador del documento. Fue en ese contexto en el que habría dicho que había formas de cumplir con la ley, y que en Chile existía una Estado de Derecho y no una monarquía. Habría llegado a hablar incluso de una situación patética, kafkiana. La Presidenta, sin enojarse, no habría insistido. Con ella había conversado en seis ocasiones sobre Punta Peuco, la última vez en enero. En ninguna de esas oportunidades se adoptó una definición, pese a que el ex secretario de Estado lo habría pedido en varias ocasiones. El tema estaba en agenda desde 2014. El indulto Uriarte volvió a sorprender a Campos durante la conversación. Cerrado el capítulo de Punta Peuco, le pidió que firmara un indulto a Jorge Mateluna, el ex frentista detenido por un asalto a un banco y condenado a 16 años. El ex ministro volvió a oponerse. Creía que el tema estaba desechado desde fines de febrero, cuando la ex asesora presidencial le presentó el caso y él pidió conocerlo. El expediente le había llegado el 6 de marzo, y llegó a la convicción de que no podía ser objeto de un indulto. En el gobierno saliente señalan que el bacheletismo contaba con un informe del decano de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic. "Lo que le puedo decir es que la Facultad de Derecho está asistiendo a Mateluna, y está comprometida con la situación de él. Están trabajando los departamentos de Penal, Procesal y Clínica Jurídica, y yo como decano. Más cosas no puedo precisar por un tema profesional", afirmó Harasic. Concluida la reunión en el Segundo Piso de La Moneda, los asistentes se trasladaron a la fotografía oficial, en el Patio de los Naranjos. Eran las 9:30 y Campos apareció muy serio. Se ubicó en el extremo derecho, al final de una hilera que Bachelet protagonizaba junto a sus otros secretarios de Estado. "Es probable que haya estado por alguna razón molesto, la gastritis me tenía complicado", ironizó días después. Polémico decreto El desenlace político del controvertido decreto se había desencadenado la tarde del sábado, cuando Uriarte le pidió al ex ministro llegar una hora antes del inicio de la cena oficial que ofrecería la Presidenta saliente a las delegaciones extranjeras que llegaron al cambio de mando. Campos arribó cerca de las 7:00 de la tarde y se trasladó a las oficinas del gabinete, donde se reunió con Uriarte y el ex ministro Mario Fernández. Aquella vez, afirman personeros de la anterior administración, se le pidió por primera vez firmar el decreto. Campos habría respondido, de antemano, que no podía hacerlo a menos de un día del cambio de mando. Ni siquiera podía ingresar a Contraloría. Su oposición, más que de fondo, tenía que ver con la oportunidad escogida. "Considero inapropiado, inoportuno, que el sábado a horas del cambio de mando pueda ejecutar un acto del ministerio, porque carecía de eficacia jurídica. Eso era para generar un hecho político comunicacional", dijo a radio Universo. De la reunión, de todas formas, salió cerca de la medianoche con el compromiso de estudiar el documento. Así lo hizo durante parte de la madrugada. Distintas autoridades de la administración entrante, como los ministros Hernán Larraín (Justicia) y Andrés Chadwick (Interior), lo habrían llamado en esas tensas horas para preguntarle si era efectivo que había firmado un decreto para cerrar Punta Peuco. "Yo no he firmado nada, ni voy a firmar nada", habría respondido. Así lo habría reafirmado al día siguiente en la reunión con Bachelet. Al respecto, el ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera, señala: "La Presidenta Bachelet había dejado de ser Presidenta el sábado a las 24:00 horas, según la Constitución. Por tanto, cualquier acto de tipo gubernamental no podía ser realizado por el equipo saliente: ni por la Presidenta, ni por los ministros". El factor Toledo El principal problema para el bacheletismo, sin embargo, comenzó el lunes 5 de marzo. Campos aseguró haber recibido ese día "instrucciones superiores" para designar al ex fiscal del caso Caval como notario, en reemplazo de otro postulante, Alberto Ortega. El llamado lo habría recibido de Uriarte, quien fue interrogada por el caso en 2016 por los trabajos prestados a la firma de Natalia Compagnon y Mauricio Valero. Se trataba, según explicó a inicios del año pasado, de asesorías de carácter ambiental. La designación de Toledo terminó siendo congelada por el ministro Hernán Larraín, y el propio ex fiscal renunció a seguir en carrera por el cargo. En el bacheletismo estiman que Chile Vamos no abrirá fuegos contra Campos, como en principio se evaluó, cuando algunos parlamentarios sugirieron entablar una acusación constitucional en su contra por la fallida designación de Toledo. El blanco del oficialismo, dicen, se trasladaría a Uriarte: los parlamentarios de la UDI pidieron el jueves a la Contraloría investigar la situación. En el gobierno saliente, de todas formas, estiman que -al menos por ahora- ni la administración Piñera ni la cúpula de los partidos de centroderecha arremeterán con fuerza en contra de Bachelet. Dicha idea, que ha tomado fuerza en un sector de Chile Vamos, apunta a sellar acuerdos con la oposición en los primeros meses de gobierno. Agenda de La Moneda "En un momento en que la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades e instituciones políticas está en su peak , no es prudente que se nombre a una persona que precisamente tuvo el rol de investigar el caso en el cual se vieron envueltos la nuera, hijo y jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet, por parte de ese mismo gobierno", dice María Jaraquemada, de Espacio Público. Los dichos de Jaraquemada están en línea con la inquietud que existe en parte de la oposición respecto a una de las áreas emblemáticas del gobierno anterior: la agenda anticorrupción, donde incluso se formó una comisión asesora, liderada por Eduardo Engel. "Una dimensión tiene que ver con el mecanismo de elección de un notario. En este caso es una terna que propone una Corte de Apelaciones y que el ministro decide. La pregunta es si es pertinente que siga siendo así, si es pertinente que dependa un notario que sea una decisión de carácter político y no de otra institución. Creo que está mal concebido el sistema, particularmente con las notarías, que sabemos que es una fuente de ingresos muy alta y que, por lo tanto, se presta para este tipo de pagos de favores políticos a ciertos funcionarios que pueden cumplir con cierto tipo de decisiones", afirmó Claudio Fuentes, integrante del consejo anticorrupción. "Creo que la agenda de probidad avanzó muchísimo en este gobierno -continuó- en materia de financiamiento, de conflictos de interés, de nuevos estándares de transparencia. Si por tratarse de una decisión que al final parece ser que hubo influencia de la Presidencia, efectivamente daña su imagen y la del ministro Campos". "Bachelet había dejado de ser Presidenta el sábado a las 24:00 horas, según la Constitución. Por tanto, cualquier acto de tipo gubernamental no podía ser realizado por el equipo saliente: ni por la Presidenta, ni por los ministros", señala el ex ministro de Justicia, Teodoro Ribera
