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Jueza del informe Jeldres:

"Hay que limitar funciones entre el juez de Familia y el Ministerio de Desarrollo Social"

domingo, 25 de febrero de 2018

Lilian Olivares
Nacional
El Mercurio

Mónica Jeldres dice que proyectos del Ejecutivo no resuelven la crisis de la infancia y que esta no se va a solucionar mientras no se vea como "una crisis de Estado".



La jueza de Familia Mónica Jeldres no puede sacarse de su vida el "Informe Jeldres". Ella encabezó el trabajo que por primera vez se hizo en Chile sobre los hogares de menores y que reventó en 2013. Ahí se develó el infierno que viven los niños en el Sename, en un trabajo entre el Poder Judicial y la Unicef Chile.

Hoy su nombre se escucha en el Congreso como una de las cartas posibles para la nueva figura del "Defensor del Niño", que consagra la nueva ley de infancia.

-¿Cuál es hoy su diagnóstico sobre la crisis del Sename?

-El problema que ha existido en este país, y es la razón de por qué seguimos en esta crisis, es que los distintos ministerios no han logrado tener una comunión con el objeto de resolver la problemática de los niños, que involucra al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Social, al de Educación, etc. Entonces, lo que tenemos que entender es que esta no es una crisis del Sename solamente; es una crisis de Estado. Y, por lo tanto, o trabajan los distintos ministerios, servicios e instituciones en forma colaborativa o no vamos a salir de la crisis.

Para graficarlo, explica que si hay un número importante de niños con problemas de salud mentales, entonces Salud tiene que hacerse cargo de esos problemas. Lo mismo si hay deserción escolar; debe verlo el ministerio de Educación.

-¿Cree que los ocho proyectos del Ejecutivo, algunos de los cuales ya han sido aprobados, resuelven el problema?

-Para generar esta nueva institucionalidad, cierto, se presentaron diversos proyectos de ley. Salió hace poco la Defensoría de la Niñez. Está saliendo la Subsecretaria de la Niñez. Pero el proyecto que es marco, que es el Sistema de Garantías, ese todavía está en segundo trámite. ¿Qué hubiese sido lo óptimo? A mi juicio, hay una técnica legislativa que fue errada, porque la verdad es que lo óptimo hubiera sido que los proyectos de ley se vieran en forma conjunta. Es muy difícil seguir un proyecto de ley que está en la comisión de Familia, otro en la de Constitución, el otro está en el Senado y no conversan entre sí. Hubiese sido mejor generar una mesa y haberlo visto en conjunto.

-Ya no se hizo...

-Por lo tanto, a mi juicio lo que hay que hacer ahora, estando en un segundo trámite el Sistema de Garantía, es resolver la representación jurídica del niño.

Y explica: "Todo niño que se enfrente al Estado debe tener un abogado que represente sus derechos, y eso no está garantizado en la ley y mientras eso no se garantice es bien difícil que se pueda salir adelante o que se hable de una ley marco. Salió primero esta Defensoría de la Niñez, que es esta magistratura de persuasión, pero que no tiene representación jurídica de los niños. Hoy lo que nosotros tenemos en los tribunales de familia es lo que se llama curador ad litem , que frente a los intereses contradictorios de las partes, el juez puede nombrar este curador".

-Pero el curador ad litem ha demostrado no representar siempre los intereses del niño en los tribunales .

-El curador no cumple con los estándares que se requieren. Muchas veces no conoce a su representado, conoce la causa en el momento, termina la causa con su intervención en las audiencias, no hay seguimiento, y por lo tanto lo que se requiere es un abogado autónomo, a nivel país, gratuito y de libre elección. O llegar a ese estándar, pero que todos los niños, cuando se enfrenten al Estado, tengan su abogado que los represente a ellos. Esa es una cuestión que está pendiente en el Sistema de Garantía.

Y hay algo más, advierte: "Lo otro es la protección administrativa: decidir si los jueces de Familia solo vamos a ver lo que es grave vulneración de derecho, y todo lo que no es grave vulneración de derecho debería ser resuelto por el territorio, por la comunidad. Hay que trabajar sobre esa protección administrativa, porque como está planteada en la ley, es bien compleja, porque sigue con esta lógica judicial (de judicializar todo), pero ahora traspasada al Ministerio de Desarrollo Social".

Prosigue señalando que "si toda esa lógica la traspasamos al Ministerio de Desarrollo Social sin que se robustezca el ministerio ni se señale dónde, a quién, cómo van a llegar esas competencias, es bastante difícil. Por lo tanto, yo creo que en protección administrativa queda mucho por trabajar, delimitar funciones entre lo que va a ver el juez de familia y lo que va a ver el Ministerio de Desarrollo Social. Pero la lógica general implica que claramente lo que tiene que llegar a tribunal, porque para que una persona pase por el tribunal es mucho más complejo, tiene que ser lo que es mayormente la vulneración de derechos".

Medidas concretas en el Sename

Mónica Jeldres enumera otra serie de problemas, como que si bien es el juez de familia el que debe decidir qué pasa con un niño con grave vulneración, también el Sename debe tener una oferta adecuada, con plazas disponibles para esos niños en centros adecuados. Y eso hoy no existe, dice tajante.

"En el Servicio Nacional de Menores hay muchas cosas que se deben hacer. Una cosa es lo legislativo, pero otra cosa son medidas concretas. Hoy estaba revisando un informe que indica que solo el 25% de los niños que están en el Cread Pudahuel tienen la complejidad para estar en ese centro de menores", agrega.

Y eso, advierte, significa que los otros niños que están ahí no son tratados como corresponde y "no deberían estar ahí. Los otros niños entonces deberían ser reubicados; el problema es dónde. Porque lo que le falta a este país es hacer un trabajo eficiente y efectivo con las familias de origen. Y también con las familias de acogida, y con el sistema de adopción".

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