viernes, 23 de febrero de 2018
Economía y Negocios Online
Oliver Alexander Flögel General Partner de Scale Capital
En el último trimestre de 2005, poco antes del estreno en sociedad del Transantiago, la marcha blanca del nuevo sistema de transportes de la capital de Chile se encontró con varios detalles antes del inicio oficial de sus operaciones y uno de ellos, fue que los nuevos buses que se estaban preparando para el gran estreno, eran demasiado altos para algunos pasos bajo nivel, como lo era el de la calle San Diego, justo al pasar bajo la tradicional Alameda Bernardo O’Higgins. En pocas palabras, uno de los nuevos buses quiso pasar por esa arteria vehicular y quedó atascado en el intento.
Esa, tal vez, fue una señal para lo que ha sido esta política pública, que en los años siguientes se transformó en un gran dolor de cabeza para los gobiernos siguientes. Evasión, falta de flotas de buses y recorridos, mayor demanda de los usuarios del Metro de Santiago y ni hablar del subsidio estatal por el que se ha recurrido a las arcas fiscales en diversas oportunidades. El rechazo del TDLC a las nuevas licitaciones para el Transantiago confirman la tesis: una política pública de alto impacto que se realizó a la rápida con los efectos negativos que ya todos conocemos.
La opinión recogida por los medios de comunicación de los pasajeros, de los conductores de la locomoción colectiva y de especialistas, desde entonces, ha sido que se trató de una política pública mal planificada y ejecutada, en donde dicen que faltó consultar a expertos, choferes y a los principales afectados: los usuarios, para tener una claridad mayor sobre las modificaciones que se estaban haciendo. Hasta hoy, en los días más lluviosos y en el calor más intenso, es posible ver en las calles de Santiago largas filas de personas esperando tomar un microbús que los lleve a su destino.
En el mundo privado, en la academia y en la sociedad civil, hay expertos de sobra que podrían haber aportado a la discusión del proyecto de ley que creó el Transantiago, pero al parecer, no fueron escuchados, pero en materias tan relevantes para Chile y para su desarrollo, es fundamental tomarse el tiempo y comparar visiones de todos los actores y afectados con una política pública de alto impacto.
Este mismo escenario, es el que no podemos repetir en discusiones tan relevantes como la creación de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el que al parecer hubiese premura por dar a luz a un ente con el que muchos aún no tienen claridad ni tampoco, comparten la forma en la que se está llevando a cabo. Ingresó como proyecto de ley en enero de 2017 y a la fecha, ya ha tenido en tres oportunidades Suma Urgencia y en dos, Discusión Inmediata, lo que acota considerablemente la oportunidad y posibilidad que tienen los legisladores de discutir junto a científicos, profesores, especialistas del mundo de la tecnología, inversionistas y tantos otros actores que podrían ser un real aporte para hacer de esta nueva Cartera, una repartición sólida y con un presupuesto acorde, que pueda ser efectivamente una plataforma para el progreso de las Ciencias, de la Innovación y de la Tecnología para Chile.
Las comparaciones siempre son odiosas, pero no es posible que un país como el nuestro siga destinando apenas un 0,38% del PIB a áreas tan fundamentales, mientras que países como Argentina ya agrega 1%, y quienes lideran a nivel mundial este ítem según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-, son Corea del Sur, con un 4,29%, seguida por Israel y Japón, con un 4,11% y un 3,59%.
No se trata de hacer una ley a la medida de los privados, se trata de generar colaborativamente una contribución indudable al desarrollo de Chile, alejada de los colores políticos e intereses económicos, pues somos muchos los que desde el sector privado creemos que el Estado no debe ser una fuente casi inagotable de recursos, sino que debe tener un rol de facilitador al establecer normativas claras y eficientes para fomentar la inversión y la investigación en materias tan relevantes para nuestra educación, economía y tantas otras áreas en las que si bien aportamos desde este mundo, podríamos aportar mucho más y de mejor manera.
Es de esperar que las nuevas autoridades, tomen el peso de la importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación para que nuestro país pueda enfrentar de mejor manera el desafió de pasar de ser un país en vías de desarrollo a uno completamente desarrollado.
