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Documento de Hacienda fue enviado el viernes 9 de febrero:

Diputado Coloma denuncia oficio que instruye traspaso de hasta 8 mil personas a contrata

martes, 13 de febrero de 2018

Javiera Martínez y Pablo Jamett
Política
El Mercurio

La ministra (s) de Hacienda señaló que el texto "no hace más que precisar cómo han de aplicarse normas legales recientemente aprobadas por el Congreso".



El pasado viernes 9 de febrero, la ministra subrogante de Hacienda, Macarena Lobos, emitió un oficio a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y jefes superiores de servicios con el fin de "dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley N° 21.053, Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2018, relativo al traspaso de personal a honorarios a contrata de acuerdo al artículo 18 de la Ley N° 20.948, sobre reposición de las vacantes a contrata", señala el documento al que tuvo acceso "El Mercurio".

Según el oficio, "el número máximo de personas que podrán modificar su calidad jurídica de honorarios a suma alzada a contrata será de 8.000".

El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) denunció ayer la situación, señalando que "este apuro por llevar adelante este proceso revela lo que hemos señalado con los contratos y con los distintos llamados a concurso que están muy apurados por dejar instalada gente de su gobierno. Lo mínimo que uno esperaría es, primero que tengan requisitos más estrictos, y segundo dejar este proceso para el próximo gobierno, para entender que cuando se gana o se pierde una elección, se tiene que aceptar el resultado de la ciudadanía".

Desde Hacienda, la ministra (s), Macarena Lobos, señaló que "sorprende que se critique el contenido del oficio circular, toda vez que él no hace más que precisar cómo han de aplicarse normas legales recientemente aprobadas por el Congreso por amplia mayoría y que materializan el compromiso del Ejecutivo de regularizar a los trabajadores a honorarios que desempeñen labores permanentes hasta un máximo de 8.000".

La situación también fue abordada ayer en la reunión de coordinación de Chile Vamos. El jefe de bancada y vocero del bloque, Leopoldo Pérez, sostuvo: "Condenamos lo inaceptable que está ocurriendo en más de 300 casos, que son los pesquisados hasta el minuto, por parte del actual gobierno, que no son cargos de alta dirección pública, sino que son cargos nombrados por los propios jefes de servicio para dejar amarrados a funcionarios. Lo que se pretende con esto es dejar atadas de manos a las futuras autoridades, al futuro gobierno que asume el 11 de marzo".

Casos en Subdere

En medio de las denuncias presentadas por Chile Vamos, el pasado miércoles 7 de febrero la directora nacional de la Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa), Mary Williams, presentó un recurso de reclamación ante la Contraloría General de la República advirtiendo "vicios de legalidad en concursos públicos en la Subsecretaría de Desarrollo Regional".

El documento de ocho carillas, al cual tuvo acceso "El Mercurio", especifica que se identificaron "errores en la formulación de las bases" de todos los concursos, no corregidos ni aclarados completamente durante el transcurso del proceso".

Según el texto, "en algunos casos se elaboran bases de postulación a la medida, un ejemplo de esto es el concurso de ingreso a la planta profesional de abogados, donde solo un concursante al interior de la institución cumplía con los requisitos del cargo descrito en las bases, quien fue finalmente adjudicatario del mismo". Sobre anomalías en los concursos para cargos de Tercer Nivel Jerárquico, Fenamisa denuncia "errores en las tablas de ponderaciones en las diferentes etapas, incongruencia en los puntajes mínimos y en la sumatoria del mínimo total para pasar a las siguientes fases".

Una de las integrantes de la directiva de la Asociación de Funcionarios de Subdere, Magaly Reveco explicó que "un grupo está pidiendo la revisión del proceso y otro la nulidad, y ambas solicitudes están fundadas en hechos". Reveco agregó que esperan un pronunciamiento de la Contraloría a mediados de la próxima semana.

8.000

es el número máximo de personas que podrán modificar su calidad jurídica de honorarios a contrata.

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