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Documento de más de 260 páginas detalla la crisis en el país:

CIDH denuncia "alarmante" deterioro de derechos humanos y democráticos en Venezuela

martes, 13 de febrero de 2018

Amanda Marton Ramaciotti
Internacional
El Mercurio

La Comisión presentó 76 recomendaciones al gobierno de Maduro para restablecer el orden constitucional.



En un informe que expone el difícil panorama político, económico y social de Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció ayer el "alarmante debilitamiento" de los derechos humanos y la democracia en el país e instó al gobierno de Nicolás Maduro a "restablecer el orden constitucional".

El documento de 267 páginas es el tercero en 15 años que advierte un agravamiento de la crisis institucional y de los DD.HH. en el país; los anteriores fueron publicados en 2003 y 2009. Sin embargo, la CIDH destaca que desde 2015, y principalmente durante el año pasado, esta "ha tenido una profundización".

"Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos", dijo el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, al presentar el reporte en Washington.

En noviembre de 2017, la CIDH envió una copia del borrador del informe al gobierno venezolano -que no permite a la Comisión ingresar al país desde 2002-, para que incorporara sus comentarios. Caracas respondió en diciembre que el informe presenta "una visión selectiva" y "altamente parcializada" sobre la situación en el país.

La Comisión afirmó que Venezuela registra "un grave precedente" y "contradice seriamente los principios del derecho internacional" al no aceptar ni cumplir decisiones o recomendaciones de organismos bajo el argumento de que "contravienen la soberanía nacional".

El reporte final, remitido al gobierno de Maduro el viernes pasado, incluye 76 recomendaciones que deben ser implementadas "con máxima urgencia". Entre ellas, el llamado a "restablecer el orden constitucional, garantizando el equilibrio de poderes y la participación política sin discriminación".

Además, el documento pide a los miembros de la OEA activar los mecanismos políticos que permitan poder acabar con estas "situaciones catastróficas", pero no llega a mencionar que se invoque la Carta Democrática.

"El informe se suma a múltiples documentos similares que demuestran que cada vez hay mayores violaciones, que tienen un carácter sistemático", dijo a "El Mercurio" José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch. "El panorama es muy grave y las violaciones son el resultado de una política oficial promovida por un gobierno que se ha convertido en una dictadura cívico-militar", añadió.

Aquí, las cuatro "preocupaciones centrales" de la CIDH:

Crisis institucional

La CIDH considera que el deterioro en la institucionalidad democrática tiene sus raíces en la falta de separación entre los poderes del Estado. El primer problema que detecta el informe es la injerencia, durante el año pasado, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la Asamblea Nacional (AN), el Parlamento de mayoría opositora desde los comicios de 2015. En marzo de 2017, magistrados del TSJ se arrogaron funciones legislativas, lo que "constituyó una anulación de facto del voto popular", estimó la CIDH.

La Comisión también criticó el establecimiento de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC, completamente chavista) -que restó poderes al Parlamento-, contradiciendo la propia Constitución venezolana.

El informe subraya la falta de derechos políticos en el país, lo que se evidenció en la suspensión del proceso de referéndum revocatorio a Maduro en julio, la prolongada demora de la convocatoria a los comicios municipales y las ventajas que ha dado el ente electoral al oficialismo.

Además, "quienes disienten con el gobierno sufren represalias, como se constata en las frecuentes detenciones y destituciones a alcaldes, gobernadores, diputados y opositores en general". La CIDH destaca los actos cometidos contra Henrique Capriles (inhabilitado para cargos públicos durante 15 años), Antonio Ledezma (ex alcalde de Caracas, refugiado en España) y Leopoldo López (bajo arresto domiciliario desde 2017, y preso desde 2014).

Represión y censura

En las protestas opositoras ocurridas entre el 1 de abril y el 31 de julio del año pasado, que dejaron más de 120 muertos y miles de detenidos, la Comisión identificó un uso excesivo de armas de fuego y de bombas lacrimógenas. Y expresó su preocupación por las declaraciones del gobierno que buscaban desincentivar la participación en las protestas y castigar a quienes acudieran a estas con "delitos ambiguos", lo cual "resulta contrario con una democracia".

La CIDH condenó que los detenidos hayan sido sometidos a torturas y violencia sexual y llamó al gobierno de Maduro a investigar esos casos, buscar responsables y aplicar sanciones.

Sobre el derecho a la libertad de expresión, se documentaron censuras y cierres de medios, ataques a periodistas y patrones de hostigamiento y criminalización de quienes difunden información sin aprobación estatal. Como ejemplo, la CIDH citó al editor Braulio Jatar, bajo arresto domiciliario por difundir el video de una protesta contra Maduro, y al proceso penal abierto contra los periodistas del sitio web Armando.info, por denunciar corrupción en el sistema de distribución de alimentos.

Violencia e inseguridad

Además de la violencia en las manifestaciones y los actos de tortura y agresiones sexuales a los detenidos, la CIDH denuncia el empeoramiento de las condiciones carcelarias, caracterizadas por el hacinamiento, la escasez de alimentos y la falta de atención médica. Las mujeres, asegura la Comisión, han sufrido violencia de género y trata de personas, mientras que los niños y adolescentes han visto afectado su derecho a la vida y la inseguridad ha incrementado la tasa de inasistencia escolar.

La CIDH también considera que entre los efectos de la violencia e inseguridad está la migración forzada "como mecanismo de supervivencia" de miles de venezolanos a países vecinos.

Pobreza

Además de la crisis política, Venezuela vive una crisis económica y social que se caracteriza por el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicamentos, tratamiento, material e insumo médico. En abril de 2016, 80% de la población enfrentaba escasez de alimento, dice el informe.

Se han incrementado las tasas de mortalidad infantil y materna, así como los casos de epidemias. Personas con enfermedades graves o crónicas, como pacientes con VIH, no tienen tratamiento médico ni insumos.

Esta situación, según el informe, ha provocado "alarmantes índices de pobreza y extrema pobreza": en 2014, el 48% de hogares se encontraba en condición de pobreza; en el 2015, la cifra se elevó a 73%, y en el 2016, alcanzó el 81,8%. De ese total, el 51,51% estaba en situación de extrema pobreza.

"Una crisis económica no es excusa para que un Estado deje de dar atención prioritaria a los derechos a la alimentación, a la salud y otros", dijo ayer Soledad García, una de las relatoras del informe.

Grupo de Lima

Hoy, el Grupo de Lima se reunirá para tomar medidas sobre el adelanto de las presidenciales en Venezuela.

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