Hace cerca de seis meses que la Universidad de Chile y la Universidad Católica están impedidas de participar en licitaciones públicas y celebrar contratos con el Estado. Ante ello, ambas universidades -que fueron acusadas y sentenciadas por prácticas antisindicales- acudieron al Tribunal Constitucional (TC) por medio de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Ayer, las casas de estudio llegaron hasta el TC para dar pie a los alegatos de las causas, que fueron vistas en conjunto por el tribunal. En el caso de la UC fue declarada culpable por prácticas antisindicales por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago. En los alegatos presentados ayer, la UC acusó de "desproporcionada" la sanción que excluye a la entidad de tener contratos con el Estado por dos años. En cuanto a la Universidad de Chile, fue la Dirección Nacional de Compras Públicas la que la inhabilitó de celebrar contratos con el Estado. Ello, luego que la Corte Suprema fallara en contra de la universidad en un juicio por tutela laboral. Al respecto, la universidad señaló que no procedía la sanción por esa causa, ya que la normativa no estaba pensada para castigar organismos públicos, sino solo entes privados y empresas.