martes, 05 de diciembre de 2017
Economía y Negocios Online
Arturo Cifuentes Profesor Adjunto, División de Finanzas y Economía, Columbia University Investigador Asociado, CLAPES UC
FinTech es el término con que se conoce a la aplicación de tecnología en el marco de la industria financiera. Esto cubre todo lo que es hardware (chips que cada vez tienen más capacidad de almacenamiento de datos y velocidad de procesamiento de información) y software (algoritmos matemáticos, técnicas de simulación y optimización, métodos para analizar big data, machine learning, etc.)
Evidentemente, FinTech es una actividad definida por la innovación y donde los plazos son rápidos. Y es aquí donde se produce un choque natural con la regulación financiera convencional. La regulación convencional está pensada para instrumentos diseñados el siglo pasado, y basada en reglas que más que incorrectas son irrelevantes. Más aun, en casi todos los países los procesos de aprobación de productos nuevos—que por su naturaleza se basan en ideas o mecanismos que la regulación no sabe que existen—puede tomar años.
En respuesta a estos desafíos, y pensando en que la regulación no debe ser un impedimento para la innovación, es que algunos países han implementado las llamadas “regulatory sandboxes.” El concepto partió como una iniciativa del U.S. Consumer Financial Protection Bureau en 2012, y la U.K. Financial Conduct Authority lo adoptó en 2015. Hoy día más de treinta países (entre los cuales están Canadá, Japón, Holanda, Singapur, Corea y Suecia) han adoptado, con algunas diferencias, este mecanismo. México y Brasil son los únicos países latinoamericanos donde el concepto ha tenido alguna aceptación.
En síntesis, una “regulatory sandbox” es una estructura que permite probar en un ambiente controlado, con la anuencia del regulador, con la debida protección al consumidor, y sin riesgo de recibir una sanción, un producto o idea nueva. Esto se puede hacer por un periodo de tiempo limitado, y/o con un conjunto de clientes acotado, voluntarios, y notificados de antemano sobre los potenciales riesgos.
La principal motivación para esta iniciativa es el reconocimiento de que un mecanismo de aprobación formal (desde un punto de vista regulatorio), que típicamente puede ser de años, no favorece la innovación, ni mucho menos al consumidor. Más aun, estos procesos son en general costosos--una cortapisa alta para las empresas innovadoras que normalmente son pequeñas o startups. Esto, nuevamente, tiende a beneficiar a los actores ya establecidos, con el consiguiente perjuicio para los consumidores. Por último, la “sandbox” permite detectar a tiempo y con un riesgo limitado, los potenciales problemas que un producto nuevo puede acarrear. Algo que un proceso de aprobación, por muy largo que sea, y por muchos formularios que se llenen, no puede anticipar.
Al final de la conferencia tuve una larga conversación con David Geale, el Director de Políticas Públicas de la FCA (Financial Conduct Authority). Me comentó, on record, algo que me pareció refrescante: “… consultado sobre una posible innovación un regulador debe dar una de estas tres respuestas, (1) puede dar el OK; (2) puede decir que no, a menos que se solucione un problema potencial detectado por el regulador. Esto permite al proponente tratar de idear un mecanismo o solución para subsanar el problema; o (3) puede decir NO, pero en este caso debe dar una explicación racional justificando la negativa. Lo que un regulador nunca debe hacer es decir que NO y punto.”
Desgraciadamente en Chile, donde se habla mucho de innovación --y donde cada semana hay un seminario sobre este tema--la idea de las “regulatory sandboxes” no ha tomado mucho cuerpo. Por lo tanto los innovadores financieros nacionales deberán seguir corriendo en la arena, mientras en otros países lo hacen en pistas que favorecen la velocidad.
