Caso Caval: Sentencia acredita gestiones para cambio de uso de suelo y pagos a funcionarios
domingo, 26 de noviembre de 2017
JULIO JEREZ REYES
Nacional
El Mercurio
Tribunal consideró en el fallo pruebas documentales, peritajes y testimonios presentados por el Ministerio Público, en especial lo relacionado con la fallida modificación del Plano Regulador Rancagua-Machalí.
El juez de garantía de Rancagua, Luis Barría, entregó ayer las sanciones penales que cumplirá el primer condenado en el denominado caso Caval, el operador inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda, quien enfrentó en un procedimiento abreviado las acusaciones por soborno, delitos tributarios y ventajas indebidas -en favor del síndico Herman Chadwick Larraín, en el marco de la Ley de Quiebras- por sus gestiones para la fallida modificación del Plano Regulador Intercomunal Rancagua-Machalí, en el marco de la liquidación del convenio judicial con la familia Weisner, cuyos predios en Machalí adquirió Caval. El tribunal consideró las pruebas documentales, peritajes y testimonios presentados por el Ministerio Público, en especial lo relacionado con el cambio del plano regulador, lo que abre un complejo escenario para los acusados mencionados en la sentencia, particularmente contra Chadwick Larraín; el ex director de Obras Municipales Jorge Silva Menares; su esposa, Marisol Navarrete, y Cynthia Ross, arquitecta que fue contratada en la municipalidad por Silva Menares. En la resolución no se menciona a Sebastián Dávalos ni a los socios de Caval, Natalia Compagnon o Mauricio Valero. El fallo da por acreditado que Díaz, "con la finalidad de que se realizaran gestiones para la modificación del plano regulador intercomunal a objeto de aumentar el límite urbano incorporando dentro de él los predios denominados Santa Cecilia, San Diego y Santa Elena", entregó "beneficios económicos" al entonces director de Obras Municipales de Machalí, Jorge Silva Menares -como también a la esposa de este último-, para poder realizar esta gestión. Este, a su vez, "promovió el ingreso" a la municipalidad de Cynthia Ross. También se acreditó que -en el caso del delito de ventajas indebidas del síndico- Chadwick Larraín, "sin la autorización de la comisión de acreedores, efectúo pagos en diversas ocasiones a un tercero distrayendo con ello fondos pertenecientes a la masa de la fallida sociedad Wiesner S.A.". Lo anterior se debe a los $415 millones pagados a Díaz por sus gestiones en el cambio de uso de suelo y gestión inmobiliaria de los terrenos de Machalí. Según los antecedentes acreditados por el magistrado en la sentencia de 37 páginas, Díaz deberá cumplir una pena de tres años de forma remitida, mediante una remisión condicional por el delito reiterado de soborno. También se le condenó al pago de una multa de $116 millones, equivalentes a 2.484 UTM. Por el delito de facilitación de facturas falsas al síndico de quiebras, Díaz fue sentenciado al pago de una multa de 10 unidades tributarias anuales, equivalentes a 120 UTM, cerca de $5.600.000. Y para el ilícito de ventajas indebidas del síndico, en calidad de cómplice, deberá pagar 217 UTM -cerca de $10.130.000- en doce cuotas. Por estos dos últimos ilícitos también se le condenó a 61 días de presidio, los cuales se dieron por cumplidos por el tiempo que Díaz estuvo con arresto domiciliario total.
El juez, en todos los delitos, reconoció las atenuantes de irreprochable conducta anterior y la colaboración sustancial con la investigación.
