Representada por el Consejo de Defensa del Estado, la Contraloría recurrió a la Corte Suprema tras el fallo donde el Tribunal de Alzada acogió recursos de protección a Myriam Olate y a otros siete ex funcionarios de Gendarmería por la suspensión, por parte del ente fiscalizador, de sus pensiones sobre 60 UF. El fallo dijo que la Contraloría excedió los límites de legalidad cuando dictaminó la medida.