domingo, 08 de octubre de 2017
Marco Gutiérrez V.
El Mercurio
Decisiones municipales, como las conocidas en Valparaíso, tienen alarmados a los desarrolladores privados, a quienes también les inquietan medidas de otros entes estatales. En Estación Central, la Seremi Metropolitana de Vivienda tiene en vilo a 31 proyectos.
La presión ciudadana, el cuidado del patrimonio o razones de política urbana han motivado, cada vez con mayor fuerza, a que alcaldes y entidades estatales se opongan a importantes proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Eso se ha reflejado en la invalidación de permisos de edificación obtenidos legalmente por los desarrolladores privados o en amenazas de judicializar las iniciativas. Ese escenario se ve hoy amplificado por las polémicas decisiones del alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien emerge como el "emblema" en la oposición a inversiones, debido a su rechazo a planes inmobiliarios -el Parque Pumpin del empresario Nicolás Ibáñez y Mirador Barón- y también portuarios (ver recuadro). A lo anterior se añaden las discutidas decisiones de organismos públicos que han acordado declarar como monumento histórico a propiedades privadas que estaban destinadas a desarrollos inmobiliarios, como ocurrió con un paño en la ex Villa San Luis en Las Condes. También ha generado ruido en el mundo privado el tenaz rechazo de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, a la estación terminal del proyecto Teleférico Bicentenario, que concesionará el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para unir a esa comuna con Huechuraba. En este ambiente, el sector privado admite estar alarmado, especialmente por lo que denominan "incertidumbre jurídica" por la anulación de permisos de edificación o de anteproyectos, documentos considerados clave para ejecutar inversiones. Esa inseguridad y las decisiones directas de alcaldes, del Consejo de Monumentos Nacionales u organismos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) hoy amenazan la materialización de más de 40 planes inmobiliarios y de infraestructura, según información que recopiló la Cámara Chilena de la Construcción (ver recuadro). Constructores: Desconfianza en institucionalidad desincentiva la inversión El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Sergio Torretti, señala que existen "unos pocos" alcaldes que para posicionarse, por presiones de vecinos y grupos ciudadanos u otras "motivaciones que pudieran ser razonables, toman el camino equivocado de tratar de detener proyectos invalidando permisos ya otorgados por órganos competentes y que generan derechos para sus titulares". Sobre el impacto de las invalidaciones de permisos de edificación, Torretti afirma que cuando ese derecho se cuestiona, "las obras se paralizan, con costos imprevisibles para los titulares de los proyectos, lo que va generando desconfianza en la institucionalidad y desincentivando la ejecución de nuevas inversiones". Lo anterior es reafirmado por Vicente Domínguez, director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, quien sostiene que "nos consta que prácticamente todas las empresas están teniendo dificultades en algún proyecto, con planteamiento de organismos que exceden la legalidad". Ante esta situación, algunos empresarios están desechando invertir en obras de construcción, pues hoy advierten un mayor riesgo y, por ello, un encarecimiento del financiamiento. Así, están optando por colocar sus dineros en el negocio de renta, "que es más certero en cuanto a la generación de retornos", comenta el consejero nacional de la CChC Cristóbal Prado. En el rubro inmobiliario coinciden en señalar que los conflictos ligados a proyectos de construcción están aumentando, porque no existe un organismo que se encargue de la planificación de las ciudades y coordine a los diferentes actores que actúan sobre el territorio. Las leyes en pugna en las decisiones de los municipios La Ley General de Urbanismo y Construcciones regula cómo se otorgan los permisos de edificación. Estos tienen un tiempo de duración indefinido, siempre que el director de obras municipal constate que no hayan transcurrido más de tres años sin movimientos en las faenas del titular de ese derecho. Los procesos de invalidación de permisos de obras que han abierto algunos municipios, en tanto, están amparados en el marco de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y en la Ley Orgánica Municipal, que están vinculadas a regulaciones de las acciones de los municipios y sus funcionarios. "Ninguna ley está por sobre la otra, por lo que hay un ámbito de competencia que habrá que definir", explica Pablo Contrucci, jefe de la división de Desarrollo Urbano del Minvu. Contrucci afirma que el problema de fondo detrás de los conflictos entre municipios y desarrolladores inmobiliarios es la indefinición sobre el modelo de densificación que se quiere para las ciudades. Pero también menciona las "malas prácticas" de algunos actores del mercado, como la construcción de los denominados "guetos verticales". Directores de obras piden intervención del Minvu; MOP opta por el diálogo Los directores de obras del país están preocupados por la seguidilla de anulaciones de permisos de edificación y estiman que es necesario que intervenga el Minvu en los casos donde los alcaldes ponen en tela de juicio autorizaciones otorgadas por ellos. El presidente de la Asociación de Directores de Obras, Agustín Pérez, admite que lo que ha ocurrido en Valparaíso "es un caso particular, que se produce también en dos o tres comunas más, no vamos a generalizar. Pero sí es indicativo de cierta tendencia, y eso es lo peligroso". Los directores de obras estiman que el Minvu debe tener un rol más activo, ya que ellos se sienten funcionarios de ese ministerio en última instancia. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) también ha sufrido la oposición de alcaldes en varios proyectos, especialmente de concesiones, como es el caso de las autopistas Vespucio Oriente 1 y 2, y ahora el Teleférico Bicentenario, próximo a licitarse y que es criticado por la alcaldesa Evelyn Matthei. Para enfrentar estos conflictos, el MOP ha optado por la búsqueda de acuerdos con las comunas, en vez de utilizar las atribuciones de que dispone para imponerse, explica el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga. El secretario de Estado asegura que la búsqueda de "puntos de encuentro" con los opositores a los proyectos ayuda a resolver las pugnas y a tranquilizar a los inversionistas que buscan participar en las concesiones. Sobre el teleférico, Undurraga dice que están intentando hallar una solución al desacuerdo que se abrió con Providencia por la estación terminal.
