miércoles, 04 de octubre de 2017
Economía y Negocios
Hermann González
BBVA Research
Hace un año los analistas aplaudían que el gasto en el presupuesto 2017 no creciera más de 3% y este año critican que crezca más de 3%, como si hubiese una regla implícita que impidiera un crecimiento del gasto distinto de la expansión del producto efectivo o potencial (según sea el 3% en que se esté pensando). En relación con este debate, vale la pena hacer un par de reflexiones.
Primero, ¿qué tan relevante es esta discusión? La verdad es que es importante, porque se refiere a una referencia o ancla para el gasto en el año siguiente, pero la ejecución efectiva puede llevar a una cifra completamente distinta a la aprobada en el Presupuesto. Sin ir más lejos, hoy sabemos que este año el gasto crecerá 4,6% real, muy por sobre el aplaudido 2,7% de crecimiento real del gasto del Presupuesto de este año. Las razones de este mayor crecimiento del gasto incluyen no solo la subejecución del año anterior que genera una base menor, sino también la menor inflación (que no se tradujo en ajustes de gasto) y el aumento del gasto en salud y en las emergencias de inicios de año. Si bien los espacios para estos mayores gastos pudieron obtenerse del presupuesto aprobado, reasignando y evitando de esa forma un incremento mayor de los egresos fiscales, se optó por el camino fácil: gastar más.
Segundo, ¿de dónde viene esta sorpresa? Es posible que la sorpresa que generó el 3,9% provenga del desconocimiento de cómo se forman los espacios de crecimiento del gasto público considerados en el Presupuesto. No se hicieron los números, así de simple. A lo anterior, sin duda colaboraron las señales emanadas del Banco Central y del propio gobierno, en relación a que la cifra estaría en torno a 3%. Pero tratar de imponer un crecimiento del gasto de 3% es desconocer la forma en que se determina esta variable en el contexto de la regla fiscal y criticar el 3,9% es criticar la regla fiscal y la institucionalidad que la soporta. De acuerdo con la regla, el gasto crece en función de los parámetros de referencia (precio del cobre y PIB tendencial) y de otros ingresos estructurales, mientras que se ve limitado por la meta de balance cíclicamente ajustado que define la autoridad. En lo que respecta a otros ingresos estructurales, durante los últimos años ha sido fundamental para financiar el aumento del gasto el aporte de la reforma tributaria aprobada por el Congreso el año 2014, la que seguirá entregando recursos en 2018 y en 2019.
Esto no quiere decir que no haya espacios para mejoras en la determinación de los espacios de gasto público. Por un lado está la definición de la meta de balance estructural que en los últimos años ha sido reducir un cuarto de punto del PIB por año, sin importar el tamaño del déficit. Dado el déficit estructural estimado para 2018 y los mayores ingresos proyectados, hubiese sido una señal muy positiva acelerar la convergencia del balance, opción que el gobierno desechó. Por otro lado, mientras los supuestos macroeconómicos son públicos y ampliamente debatidos, la forma en que se estiman y proyectan los ingresos fiscales efectivos es completamente desconocida. Más transparencia en esta materia sería bienvenida.
Este año había una buena oportunidad para dar una señal nítida de compromiso con la responsabilidad fiscal en el presupuesto, acelerando la convergencia al balance estructural, lo que sería compatible con un crecimiento del gasto menor a 3,9%. ¿Se hubiesen calmado las críticas? Probablemente no, porque en ese caso, se habría dicho que el presupuesto amarra más de la cuenta al próximo gobierno. Precisamente para evitar este tipo de debates con connotaciones más bien políticas que técnicas, es que existe la regla de balance estructural, la que como se dijo, permite determinar los espacios de gasto a partir de una ecuación objetiva y con pocos (aunque no nulos) espacios de discreción.
El presupuesto en un año normal no busca ser reactivador ni austero, dos adjetivos que se usan habitualmente al calificar el erario nacional. El presupuesto no es más ni menos que lo que permite la meta establecida por el gobierno, la proyección de ingresos efectivos y la metodología de ajuste cíclico de los ingresos. La regla fiscal busca eliminar el componente cíclico de los ingresos y, por lo tanto, busca proteger al gasto público de las fluctuaciones de la economía. Sin embargo, la existencia de ingresos excepcionales (como los de la reforma tributaria) y la definición de la meta de balance estructural pueden terminar dándole un carácter más expansivo a la regla fiscal, como ha sido la tónica de los últimos años.
