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La entidad es parte de un proyecto enviado en marzo por el Ejecutivo:

La Agencia de Datos Personales que podría poner en duda el decreto "espía" de Interior

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Judith Herrera C.
Nacional
El Mercurio

En caso de que la Contraloría tome razón del documento, los expertos apuntan a que no podría coexistir con la normativa que se discute en el Senado.



Años en debate, en el mundo académico y legislativo, ha tomado la elaboración de un proyecto que proteja los datos personales de los ciudadanos. En marzo, la Presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso una iniciativa que busca proteger esta información y que crea la Agencia de Protección de Datos Personales, institución que se encargará de velar por estos derechos.

El proyecto, que actualmente se encuentra en la comisión de Constitución del Senado, es parte de la Agenda de Probidad y Transparencia del Gobierno y busca, por ejemplo, establecer que solo se puedan usar los datos personales con el consentimiento del titular o por disposición legal, y proteger los datos sensibles y de menores de edad.

La comisión ya aprobó en general la iniciativa, por lo que ahora se encuentra en la discusión en particular, en base a un texto que fue refundido con una moción de los senadores y el mensaje presentado por el Ejecutivo.

Del Ministerio de Hacienda, a cargo del proyecto, explican que la idea es que "se pueda establecer un equilibrio entre la protección de las personas y el uso y circulación de la información".

La agencia y sus características

La institución estará bajo el alero de Hacienda y afecta al sistema de Alta Dirección Pública. Además, será un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio.

En cuanto a sus funciones, será la encargada de dictar instrucciones y normas para regular el tratamiento de los datos personales, prestará asistencia técnica en los casos requeridos y fiscalizará el cumplimiento de la ley. Asimismo, deberá resolver los reclamos de los ciudadanos y determinar las infracciones y aplicar las sanciones respectivas.

También se creará un Registro Nacional de Cumplimiento y Sanciones, administrado por esta agencia y que contendrá a quienes hayan sido sancionados por infringir la ley.

En tanto, la agencia se encargará de determinar a los países que posean niveles adecuados de protección de datos para la transferencia internacional de estas informaciones, deberá dar la autorización para realizar estas acciones de cooperación y deberá ejercer un rol fiscalizador.

El polémico decreto

Para los expertos, si el proyecto se aprueba sería incompatible con el decreto emitido por la Subsecretaría del Interior y que está en la Contraloría para su toma de razón.

El documento aumentaría las facultades de las empresas de telecomunicaciones para almacenar los datos de los usuarios, al actualizar la obligación que tienen de guardar las direcciones IP por un plazo máximo de dos años, a diferencia de un año como es hoy.

Las informaciones que se conservarían serían los "datos comunicaciones" que en el decreto se establecen como SMS, MMS, mensajes a través de diversas aplicaciones de internet, direcciones IP, URLs y direcciones de email .

Para Romina Garrido, directora de la Fundación Datos Protegidos, el decreto es una "falta de coherencia respecto a este proyecto de ley porque vulnera los derechos personales. El Estado debe concretar una postura específica sobre los datos digitales".

Pablo Viollier, de la Organización de Derechos Digitales, sostiene que el proyecto, pese a que necesita tener una autonomía parecida a la de la Contraloría o el Banco Central, es un avance que con este decreto se vería inconsecuente: "O tienes por un lado un proyecto que eleva los estándares en esta seguridad o tienes una norma que viola, abiertamente, esos estándares".

El senador Felipe Harboe (PPD), presidente de la comisión de Constitución del Senado, y quien mandó observaciones en oposición al decreto a la Contraloría junto al senador Hernán Larraín (UDI), afirma que "no parece adecuado que con un decreto se intente establecer una restricción a un derecho institucional".

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