El juez del 7º Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez Rivera, acogió el delito de atentado contra la autoridad en la querella presentada por los abogados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública luego de la agresión que sufrió el viernes el ministro del Tribunal Constitucional (TC) Domingo Hernández, mientras salía del edificio que ocupa el organismo. La acción penal contemplaba el delito de desórdenes públicos, pero el magistrado determinó -al resolver la admisibilidad del escrito- que las manifestaciones de los "movimientos pro causales de aborto como sus detractores" en las inmediaciones del TC "son parte del ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión, de las que no se observa hipótesis alguna de grave turbación a la tranquilidad pública por cuanto las mismas son propias del ejercicio de tal garantía (...) más no así la violencia concreta a uno de los miembros del Tribunal Constitucional".