Gremio de notarios impugna ante Contraloría 101 nuevos cargos
miércoles, 23 de agosto de 2017
CINTHYA CARVAJAL
Nacional
El Mercurio
En la presentación dicen que es "ilegítimo" el altísimo número de vacantes que se crearon en diversas zonas del país porque carecen de "datos y fundamentos objetivos y razonables".
Un nuevo flanco se abrió en el debate por el decreto que dictó el ministro de Justicia, Jaime Campos, que crea 101 nuevos cargos de notarios, conservadores de bienes raíces y archiveros en todas las regiones. La Asociación de Notarios, Archiveros y Conservadores impugnó la medida ante la Contraloría General de la República y pide que se pronuncie sobre la juridicidad del decreto exento N° 1515 del 31 de julio de 2017. En la presentación, solicita al contralor Jorge Bermúdez que "ejerza expresamente control de legalidad" del acto administrativo que ya entró a regir desde su publicación en el Diario Oficial, y que emita un pronunciamiento fundado acerca del contenido y efecto jurídico. El Ministerio de Justicia dictó un decreto exento, por lo que no pasó por el ente contralor; por lo que reclaman que "la decisión no está ajena al control de juridicidad de la Contraloría General de la República". El gremio pide revisar si se dictó el acto administrativo cumpliendo "con las reglas y principios aplicables al procedimiento administrativo". Agregan que el decreto fue dictado "sin respetar las reglas constitucionales y legales básicas que rigen la actuación de los órganos administrativos". En la solicitud, además, se sostiene que se incumplen las exigencias constitucionales y que esta es una causal de nulidad; es decir, "el acto no vale, no produce efecto, no existe, es nada, además que genera responsabilidades y otras sanciones para quien lo haya adoptado". Si bien reconocen que la Presidenta de la República, con la colaboración del Ministerio de Justicia, han ejercido la potestad reglamentaria, dicen que es "ilegítimo" por invadir la reserva legal establecida constitucionalmente para la creación de cargos públicos. "No solo nombra a determinadas personas en ciertos empleos públicos -cuestión que está dentro de sus facultades legales de quien emite el acto o decisión administrativa-, sino que, además, crea un altísimo número de cargos en diversas zonas del país, con carencia evidente de datos y fundamentos objetivos y razonables, como se quiera se trate de quienes van a ejercer una función del mayor interés público", afirman en la solicitud. El abogado que representa la asociación, Juan Carlos Manríquez, precisa que aun cuando el Ministerio de Justicia estime que se trata de un decreto exento, "la verdad es que el órgano contralor mantiene su facultad de control, y a su vez puede representar todas aquellas ilegalidades, no solo formales sino sustanciales, que el acto demuestra por un desvío de poder o falta de fundamento razonable. Se puede dejar invalidado o dejar sin efecto si es que parecen contrarias a derecho". Los 101 nuevos cargos no solo generaron malestar entre el gremio, sino que también en la Corte Suprema, la que a través de un oficio hizo ver su "preocupación" por no considerar su opinión.
