Con rondas médicas se paliará la falta de facultativos especialistas para practicar abortos
miércoles, 23 de agosto de 2017
Nadia Cabello
Nacional
El Mercurio
Este año, el Ministerio de Salud tiene presupuesto para comprar cierto equipamiento, como ecógrafos de alta resolución. En 2018 se podrá contratar más personal para cumplir con las exigencias de la ley.
Si las estimaciones hechas por el Ejecutivo se cumplen, cada año se podrían realizar alrededor de 2.550 abortos, ajustándose a la ley que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales y que está pronta a ser promulgada. Aunque luego de que eso ocurra habrá un plazo de 90 días para que el Ministerio de Salud dicte los reglamentos necesarios para hacer operativa la norma, al interior de la cartera ya están trabajando en los ajustes necesarios que se requerirán para que el sistema sea capaz de cumplir con las exigencias de la nueva ley. Ayer, la ministra de Salud, Carmen Castillo, sostuvo: "Está estimado un número de dos mil mujeres que requerirían (la interrupción del embarazo) si así es su voluntad por violación, 500 por inviabilidad fetal y 50 por riesgo de vida de la madre". Y añadió: "Para ello existen 69 hospitales que están en condiciones de brindar una atención de alto riesgo obstétrico. En ese contexto, las tres alternativas son factibles de ser atendidas". Pero para eso Salud deberá organizar los recursos disponibles en el sector público. Y uno de los temas que más podrían generar presión en la red asistencial es la inviabilidad fetal. En la ley quedó estipulado que para realizar la intervención se deberá contar "con dos diagnósticos en igual sentido de médicos especialistas" que confirmen que el desarrollo del feto no es compatible con la vida. Para ello, la cartera estima que el primer diagnóstico debiera ser hecho por un obstetra y el segundo por un subespecialista en medicina maternofetal. Y de acuerdo a los datos del registro de prestadores individuales de la Superintendencia de Salud, en el país hay 54 médicos que han acreditado sus conocimientos en medicina maternofetal. El 81% de ellos está en la Región Metropolitana, y solo 17 trabajan en el sector público de salud en la capital, Maule, Biobío y La Araucanía. En 11 regiones del país no hay ni un profesional de esta subespecialidad, ni siquiera en el sector privado (ver infografía). "Todo ello amerita que tengamos que hacer un trabajo por macrozona, para poder concentrar la mayor complejidad en situaciones muy específicas", detalló la ministra Castillo en relación a la división administrativa que ha hecho Salud en seis grandes sectores geográficos del país. La idea es que en todas las macrozonas haya los especialistas indicados, aunque en el norte y en el extremo sur no existen, de acuerdo a los datos de la superintendencia. Respecto de cómo velarán por la presencia de estos profesionales, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gisela Alarcón, explicó: "Tenemos un plan de formación de especialistas, y podemos dirigir (a los médicos) a las zonas que puedan estar más deficitarias hoy". Además, aseguró: "Puede haber posibilidades de tener rondas médicas que aseguren tener en forma calendarizada un médico de forma permanente. Algunas situaciones se podrán prevenir y planificar con más tiempo que otras. Y si no, por último, está el traslado, pero nosotros le vamos a dar la prestación que requiere a la mujer que lo solicita". En qué casos y cómo se deberán hacer las derivaciones de pacientes, son temas que deberán resolverse en los reglamentos por dictar. Más recursos La ley contempla poco más de $5 mil millones para su primer año de implementación para ítems como el plan de acompañamiento para las mujeres que opten o no por interrumpir su embarazo, medicamentos e insumos, apoyo y arriendo de vehículos para el traslado de pacientes y para comprar algunos equipos, como ecotomógrafos. Por ahora, la ministra Castillo dijo que "para este año contamos con fondos para comprar equipamiento, para contar con ecógrafos de alta resolución en las macrozonas (...). El próximo año ya va a haber contratación del personal que vamos a gestionar para que a contar de enero podamos tener los profesionales instalados en cada una de las localidades". Cirugías Para la redacción de los reglamentos, el Ministerio de Salud no solo está considerando la opinión de sus expertos, sino además de sociedades científicas y del Colegio Médico. Ahí también se deberá determinar cómo se realizará cada tipo de interrupción de embarazo, pues no todos los abortos se harán con cirugías, sino también se podrían usar medicamentos, dependiendo de la edad gestacional. Esto podría ser aplicado especialmente en la causal de violación. "Un gran número de las personas y, dependiendo de la edad gestacional, pueden ser abordadas por medicamentos", detalló la subsecretaria Alarcón. Por su parte, el jefe del programa de especialización de Ginecología y Obstetricia de la U. Andrés Bello, Carlos Barrera, explicó: "En términos generales, los embarazos menores de 11 semanas de gestación se pueden estimular médicamente". Otro factor que se deberá normar con reglamentos es el que tiene relación con qué ocurrirá cuando el médico de turno o tratante de una mujer que requiere un aborto por alguna de las tres causales ha presentado su objeción de conciencia. La ley dice que se debe proveer de otro médico a la paciente, pero no cómo ocurrirá eso. Al respecto, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, sostuvo que "nuestro rol va a ser colaborar con la implementación de la ley y permitir el acceso a las mujeres que necesiten interrumpir un embarazo por una de estas tres causales con la menor burocracia posible, que no tengan que viajar tanto o pasar de un centro de salud a otro".
Para el primer año de la ley se destinarán $5 mil millones. En adelante, los recursos disponibles serán $3.700 millones anuales.
