La Constitución establece un mandato directo y vinculante al legislador: proteger la vida del que está por nacer
viernes, 18 de agosto de 2017
C. Carvajal y A. Chaparro
Nacional
El Mercurio
Rodrigo Díaz de Valdés precisa que en causal por violación, "la solución no es eliminar a un inocente". Ángela Vivanco cuestiona "sistema prestacional" que fijaría el proyecto.
En la víspera de sus alegatos en el Tribunal Constitucional, los abogados Rodrigo Díaz de Valdés y Ángela Vivanco, quienes representan a los senadores y diputados de Chile Vamos, respectivamente, abordaron con "El Mercurio" algunos de los temas clave en la discusión del proyecto de ley. También su opinión sobre el reciente anuncio del senador Guido Girardi: ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si los requerimientos que impugnan la iniciativa se acogen. -A su juicio, ¿la Constitución permite la despenalización de la interrupción del embarazo en causales o excepción? R.D.V.: "La Constitución garantiza el derecho a la vida de todas las personas. El ser humano que está por nacer es persona desde el momento de la concepción. Adicionalmente, la Constitución establece un mandato directo y vinculante para el legislador: proteger la vida del que está por nacer. Esa obligación no admite excepciones". A.V.: "La Constitución permite que una mujer en una determinada circunstancia no sea penalizada por practicarse un aborto, pero no permite que se establezca un sistema prestacional asociado con el aborto, como lo hace este proyecto". -El Ejecutivo afirma que la comisión Ortúzar dejó en manos del legislador la regulación respecto de las causales, ¿qué opina sobre ello? R.D.V.: "La comisión Ortúzar en sus conclusiones reconoce expresamente que el derecho a la vida implica 'necesariamente' la protección del que está por nacer. No hay una doble lectura respecto de esta conclusión. Quienes plantean dudas sobre lo discutido en la comisión Ortúzar se refieren a ciertas opiniones de un comisionado específico". A.V.: "Uno tiene que ser preciso, porque cuando se está discutiendo este tema de la protección de la vida, los comisionados dan distintas opiniones; entonces, por ejemplo, Jaime Guzmán dice: 'sería bueno que pongamos que el aborto es un atentado constitucional y quede en la Constitución', y otros dicen 'no, porque el aborto es un tema de delito y tiene que estar en la ley'. A propósito de eso se inicia una discusión, pero (...) el informe final de la comisión Ortúzar indica, y todos coinciden, en que la vida se protege desde la concepción. Efectivamente, no quedó puesto que el aborto fuera un atentado constitucional, pero tampoco que el legislador era dueño de establecer cuándo protegía la vida y cuándo no". -¿Cuáles serán algunos de sus argumentos ante el TC? R.D.V.: "Nos haremos cargo de lo expuesto por la Presidencia. Primero, que para el Ejecutivo la causal de riesgo vital de la madre, más que aceptar la interrupción del embarazo, como una consecuencia inevitable de un tratamiento necesario para la vida de la mujer, permite efectuar acciones directas tendientes a abortar. "En países donde existe aborto restringido a tres causales, el riesgo vital de la madre constituye la principal causal de aborto, en circunstancias que la ciencia médica ha demostrado que los casos de riesgo real de la madre son prácticamente nulos. Ciertamente, esta causal está siendo abusada, poniendo en posición de desprotección al feto. (...) Si se piensa que una de las razones para eliminar la pena de muerte fue la posibilidad de un error judicial, con mayor razón esta causal no resiste ningún análisis de constitucionalidad. Finalmente, respecto del caso de violación, queremos dejar en claro nuestra mayor preocupación por las mujeres que han sufrido esta terrible experiencia. Sin embargo, la solución no puede ser eliminar a un inocente. Tal como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional Alemán, debe existir un acompañamiento real de la víctima, tendiente a finalizar su embarazo". -¿Qué piensa del anuncio del senador Girardi de ir a la CIDH, si el requerimiento es acogido? R.D.V.: "Una denuncia como la que plantea Girardi no podría prosperar. El sistema interamericano exige que la denuncia identifique una violación al Pacto de San José de Costa Rica u otro tratado regional vigente en Chile (...) Con toda claridad, el derecho a abortar que establece el proyecto de ley no es un derecho humano reconocido por tratados internacionales". A.V.: "Me molesta que la gente que critica después haga lo mismo que criticó. Si a él le molesta tanto que los parlamentarios hayan recurrido al TC, entonces él no debiese estar proponiendo una especie de cuarta cámara, ya que él dice que el TC es la tercera. (...) No está previsto que la CIDH resuelva discusiones sobre proyectos de ley que no prosperan en un Estado. No se puede llevar algo que no resultó; lo que se puede llevar es una vulneración de derechos, pero difícilmente uno puede ir a quejarse de que una ley que se trató de dictar no se haya dictado. Es poco probable que eso siquiera se admita a tramitación.
