Gasto fiscal total en pensiones alcanzaría los US$ 10 mil millones con la reforma del Gobierno, el 4% del PIB
domingo, 06 de agosto de 2017
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
Cifras muestran que las tasas de reemplazo de entre 35% y 40% que se alcanzan en Chile son similares a las que se observarían en países como Dinamarca si solo se consideraran las cotizaciones de los trabajadores. La diferencia entre las tasas de reemplazo de un país y otro se originan por disímil aporte del pilar solidario.
Si no hay tropiezos y si no hay topes de agenda que dificulten una buena puesta en escena, hoy comienza la cuenta regresiva para que la Presidenta Bachelet presente, durante esta semana, el proyecto de reforma previsional -su segunda iniciativa en materia de pensiones después de la que impulsó en 2008, durante su primer gobierno-, y con ello termine de despejar las dudas que puedan quedar respecto al contenido de esa enmienda. Se propondrá un aumento de las cotizaciones obligatorias de cinco puntos porcentuales. De ese total, tres puntos irán a cuentas personales y dos se destinarán a un fondo colectivo. Y como el proyecto no contemplaría aportes financieros adicionales por parte del Estado para mejorar el pilar solidario del sistema, la promesa del Gobierno es que este plan no supondría una presión directa para las ya famélicas arcas fiscales. Indirectamente, no obstante, el cambio planteado por la autoridad sí tendrá efectos financieros para el Estado, dada su condición de empleador. Todo indica que el gasto fiscal en pensiones llegaría a los US$ 10 mil millones, considerando tanto el mayor gasto correspondiente al Estado-empleador como los compromisos ya existentes en materia de pensiones básicas, aporte previsional solidario y remanentes del sistema antiguo. Si solo se considera lo que ocurre en el mundo civil, el Estado gasta anualmente al menos US$ 6.680 millones en pensiones, considerando el pago de jubilaciones y montepíos a los 651 mil beneficiarios del sistema antiguo; el gasto en Pensiones Básicas Solidarias y Aporte Previsional Solidario (ambos ítems totalizan 1.392.548 beneficiarios), el gasto en bonos de reconocimiento para las personas que se cambiaron del sistema antiguo al de cuentas individuales y el desembolso de cotizaciones para sus propios empleados. Con la reforma en régimen -y considerando el mayor gasto por US$ 1.200 millones en cotizaciones para los trabajadores públicos que proyectó el propio ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el 10 de agosto de 2016-, la carga fiscal llegaría a US$ 7.880 millones (ver detalle en infografía) Ahora, si se incluye en el análisis el gasto total anual en pago de pensiones para los uniformados -US$ 2.083 millones al año-, se llegaría a un gasto anual de US$ 9.963 millones, lo que equivaldría al 3,8% del PIB (calculado en US$ 261.000 millones). Estado aporta escasos recursos al pilar solidario Para el gerente general de AFP Cuprum, Pedro Atria, el pilar solidario -de cargo del Estado- seguirá teniendo una cobertura parcial y con beneficios limitados, incluso después de la reforma. En una exposición realizada en el marco del seminario "Pensiones para Chile: La Discusión Pendiente", organizado por la Cámara Chilena Australiana de Comercio, el ejecutivo presentó cifras que, a su juicio, muestran que el gran tema pendiente de la reforma tiene que ver con el rol del Estado: "El pilar solidario, que debe ser la base del 'seguro social', sigue teniendo una cobertura parcial y el monto del beneficio es muy limitado", afirmó. En el caso de Dinamarca -agrega Atria-, la tasa de reemplazo que se construye con el aporte individual es de 35% y llega al 70% solo a través del pilar solidario. En el modelo chileno, el peso del pilar estatal es radicalmente menor. ¿Qué significa esto? Que la parte contributiva del sistema de pensiones chileno (ahorro en cuentas individuales) en gran medida ha cumplido su misión, generando tasas de reemplazo de entre 35% y 40% -similares a los resultados de la parte contributiva de los sistemas de pensiones de los países OCDE más avanzados- y que la diferencia que se observa entre esos países y Chile está dada por la profundidad de los pilares solidarios. En la misma línea, la investigadora de LyD, Alejandra Candia, sostiene que si se quieren mejorar las pensiones, el camino es incrementar el aporte fiscal y no gravar a los asalariados con un impuesto al trabajo que tendrá efectos nocivos sobre el mercado laboral. Andras Uthoff, economista de la Universidad de California Berkeley y ex integrante de la Comisión Bravo, tiene una diferencia sobre este tema. Indica que al margen de las contribuciones que el Estado realiza a través del pilar solidario -que es a lo que aluden Atria y Candia-, el Estado tiene un importante "rol oculto" que también hay que considerar en el análisis: el Estado se hizo cargo de los costos de transición desde el sistema antiguo al de cuentas individuales, asumiendo tanto los bonos de reconocimiento para las personas que se cambiaron de sistema como el déficit que genera el sistema antiguo. Al crearse el sistema de AFP, hubo un grupo minoritario de trabajadores que decidió seguir en el sistema antiguo. El problema es que los cotizantes que permanecen ahí aportan actualmente US$ 113 millones al año, mientras que los pensionados y montepiadas de ese sistema captan pensiones por un total de US$ 2.498 millones al año. El segundo costo oculto, afirma Uthoff, es el bono de reconocimiento, que es un monto de dinero entregado por el Estado a los trabajadores que se cambiaron al sistema de AFP, y que se calcula de acuerdo a los períodos de cotizaciones que esos beneficiarios hayan registrado en el antiguo régimen. El Bono de Reconocimiento se ingresa a la cuenta de capitalización individual de los afiliados cuando se pensionan por vejez, por invalidez o cuando fallecen.
