domingo, 09 de julio de 2017
Marco Gutiérrez V.
El Mercurio
La declaratoria de Monumento Histórico fue firmada esta semana por la ministra de Educación, Adriana Delpiano, sin escuchar a la inmobiliaria dueña del terreno, que se lo compró al propio Estado en 2011. Delpiano era la titular de Bienes Nacionales entre 1994 y 1999, cuando se vendieron varios lotes de la Villa San Luis por parte del Ejército.
Antiguas y controvertidas ventas de terrenos, intervenciones urbanas del Estado, el desalojo de cinco mil residentes entre 1976 y 1980, la construcción de millonarios proyectos inmobiliarios y hasta un fallido estadio para el club deportivo Universidad de Chile. Estos son solo algunos de los avatares de la agitada historia del ex fundo San Luis, 150 hectáreas que hasta 1970 eran un sitio eriazo en Las Condes, emplazadas en el cuadrante entre avenida Kennedy, Los Militares, Américo Vespucio y Nuestra Señora del Rosario. El último capítulo en esta zona lo protagoniza un paño, el Lote 18 A-1, ubicado en la zona de Presidente Riesco, Pasaje Urano y Cerro El Plomo, sitio en el que hay edificios de departamentos abandonados que formaron parte de la ex Villa San Luis, un proyecto de cerca de mil viviendas, en cuya gestación intervino la entonces Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu) a inicios de los años 70, en el marco del plan habitacional de la Unidad Popular. En esa misma área, en la última década se ha desarrollado el exclusivo barrio de negocios Nueva Las Condes. El lote en cuestión, de 3.375 m2, y que es parte de un paño mayor de 11 mil m {+2} , pertenece a la Constructora e Inmobiliaria Presidente Riesco, ligada a los empresarios Marcelo Cox y Felipe Gilabert, y también a otros socios "pasivos", como las familias Hurtado Vicuña y Fernández León. El predio, pese a contar con un anteproyecto aprobado por la Dirección de Obras (DOM) de la Municipalidad de Las Condes y un permiso de demolición, fue declarado Monumento Histórico el 28 de junio, en una votación de diez votos a favor y dos abstenciones, por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), dependiente del Ministerio de Educación. Ello, en una sesión que se realizó en el mismo momento en que la selección de fútbol de Chile enfrentaba en un partido clave a su símil de Portugal (ver recuadro) y en la que del total de consejeros presentes, al menos siete dependen laboralmente de ministerios u organismos estatales. La medida desató inmediata alarma y molestia en los gestores del proyecto, quienes estiman que se pasaron a llevar los derechos de propiedad que legítimamente poseen de un paño que compraron al propio Estado, por lo que desde ya diseñan una batería de medidas legales en contra de un proceso que estiman "viciado e injusto". El CMN "dejó de ser un órgano técnico" El polémico decreto fue firmado esta semana por la ministra de Educación, Adriana Delpiano -quien no estuvo en la votación- y pasó a revisión de la Contraloría General de la República el 4 de julio. Delpiano fue titular de Bienes Nacionales entre 1994 y 1999, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, período en el que precisamente se vendieron varios lotes de la Villa San Luis por parte del Ejército a la Inmobiliaria Parque San Luis. La ministra declinó conversar con "El Mercurio". ¿Cuál fue el origen de esta declaratoria? La decisión del CMN deriva de una solicitud de Jaime Díaz Lavanchy, cineasta documentalista y director del largometraje La Revolución de los Pingüinos (2008), y Miguel Lawner, arquitecto, ex director de la Cormu durante la UP (1970-1973) y quien estuvo prisionero en Isla Dawson tras el golpe militar. Ambos pidieron, en febrero de este año, tal declaración como Monumento Histórico de la ex Villa San Luis de Las Condes, acotándola al Lote 18 A-1, aunque originalmente pretendían que la medida rigiera para los 11 mil m {+2} , admite Díaz, quien está preparando un documental de la villa, que estrenará el próximo año, afirma. El propio cineasta dice que fueron tres las principales razones -coincidentes con las de Lawner- por las cuales lo solicitaron: Que la ex Villa San Luis "debe permanecer en el recuerdo de los chilenos", por ser una iniciativa que pretendía acabar con la segregación y entregar viviendas dignas. Por "las violaciones a los derechos humanos, porque ahí fueron desplazadas cinco mil personas a punta de metralleta, sin aviso y trasladadas a otros lugares en camiones de basura. Ese delito no ha tenido culpables, sanciones ni reparaciones", dice. Y para hacer un llamado de atención a las inmobiliarias, "que hacen y deshacen en nuestra ciudad". Los críticos de esta declaratoria afirman que el CMN, esta vez, no se apegó a lo que la normativa ampara para este tipo de decisiones, que es la conservación histórica y artística, pero no atributos intangibles. Según los propios solicitantes de la declaratoria, los argumentos que entregaron al Consejo se relacionan con la preservación de la memoria, con los derechos humanos y con la visión crítica que tienen del desarrollo inmobiliario. El ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (2006-2011) Óscar Acuña Poblete es categórico sobre el actuar del organismo: "Dejó de ser un órgano técnico y se transformó en uno político". Para ejemplificar lo anterior, señala que los consejeros del CMN que votaron son funcionarios de confianza del aparato estatal y algunos llevan más de 20 años en ese cargo, agrega el abogado que trabaja con los dueños de la Casa de Italia, propiedad viñamarina declarada Monumento Histórico recientemente. El propio vicepresidente ejecutivo del CMN, Ángel Cabeza, reconoció en el propio comunicado de la entidad los criterios que se tuvieron a la vista al momento de tomar la decisión. "Se reconoce la forma en que los pobladores fueron expulsados y trasladados a distintos puntos de la capital, a pesar de ser los legítimos dueños", dice en el documento. Compañía prepara defensa La Constructora e Inmobiliaria Presidente Riesco compró el predio al Ejército a fines de 2011, en un valor cercano a los $ 7 mil millones de esa fecha, y luego adquirió varios departamentos del lugar que aún tenían dueños. Por eso, tras conocer la decisión del CMN, Gilabert afirmó que "resulta particularmente injusto y agraviante que el mismo fisco de Chile, quien nos vendió el predio, pretenda ahora someternos a una expropiación gratuita, afectando gravemente el derecho de propiedad". Gilabert asegura que la resolución del CMN se tomó "sin seguir el debido proceso, sin consultarnos ni darnos oportunidad de expresar nuestra opinión". Una de las medidas administrativas que buscaba -que ya no prosperó- era convencer a la ministra de Educación de que no firmara el decreto, pero la compañía ni siquiera logró una audiencia con Adriana Delpiano antes de la rúbrica del documento. Los gestores intentaron infructuosamente reunirse con la secretaria de Estado, realizando gestiones a través de la Ley del Lobby y directamente con su jefe de gabinete, sin obtener respuesta de la secretaria de Estado, según dicen conocedores de este proceso. Ahora, una de las opciones que barajan es solicitar a la Contraloría que no valide dicha disposición. Otra alternativa en mente de los gestores es recurrir al Consejo de Defensa del Estado (CDE), pues el fisco-Ejército les vendió el predio, y ahora el fisco-CMN se los arrebata. También visualizan acciones legales en Chile y el exterior, por ejemplo, acudiendo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial, siguiendo un camino semejante al de Víctor Pey y la fundación española Presidente Allende luego del cierre y confiscación del diario Clarín en 1973. Los empresarios trabajan actualmente en materias legales con el abogado Juan Diego del Río, afirman sus cercanos, aunque el equipo defensor definitivo estaría aún en conformación. Cox y Gilabert participan en Proyecta Desarrollo y Gestión, firma ligada a múltiples iniciativas inmobiliarias tanto como accionista o asumiendo la gerencia para terceros. Así, han estado relacionados al edificio Nueva Santa María, junto a Socovesa; a las obras del Casino Monticello y a la expansión del Parque Arauco, que está en ejecución.El proyecto inmobiliario que pretenden levantar en ese terreno involucra cerca de 200 mil metros cuadrados construidos y ventas por US$ 400 millones, una obra que constaría de seis edificios de 19 pisos, dos de viviendas y cuatro para equipamiento (comercio y oficinas), considerando un espacio para rescatar la historia del barrio. Por su parte, el municipio de Las Condes impulsa un memorial que rescate la historia del lugar, indica Joaquín Lavín, a quien le preocupa que ese paño quede abandonado. Gremios advierten que episodio de Casa de Italia amplía la incertidumbre Si bien los gremios del sector inmobiliario apoyan la preservación del patrimonio histórico, critican la decisión del CMN sobre la ex Villa San Luis y también la Casa de Italia, que en este último caso frenó la construcción de un proyecto de dos edificios de 22 pisos en Viña del Mar. Señalan que en ambas situaciones los dueños de las propiedades contaban con los permisos para edificar, junto con agregar que la medida del organismo estatal genera incertidumbre en las inversiones del sector. "Lo más grave, y que nos preocupa en extremo, es que este tipo de decisiones frena todo tipo de inversiones en el ámbito inmobiliario, ya que la acción de un organismo no respeta un anteproyecto aprobado", dice el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Sergio Torretti. Para el director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), Vicente Domínguez, la decisión del CMN es "extemporánea", ya que la ex Villa San Luis "se viene modificando desde hace muchos años y ahora el Consejo descubre que se debe preservar". Respecto de la situación de la Casa de Italia en Viña del Mar, Domínguez ve una diferencia con la ex Villa San Luis, porque la propiedad de la V Región "es un bien raíz que puede estimarse como aporte a la preservación patrimonial, pues es un lugar bello, atractivo. En el caso de Las Condes se trata de bloques feos y relativamente nuevos, que no se comparan con una casa centenaria". Pablo Larraín, presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA), sostiene que la ex Villa San Luis "no es un proyecto notable en materia de vivienda social", a diferencia de las villas Frei y Diego Portales.
SERGIO TORRETTI
PRESIDENTE DE LA CCHC
"El Consejo de Monumentos dejó de ser un órgano técnico y se transformó en uno político".
ÓSCAR ACUÑA
EX SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJO DE MONUMENTOS NACIONALES
"Este es un mal precedente para la industria, para la seriedad de los negocios".
VICENTE DOMÍNGUEZ
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLADORES INMOBILIARIOS
