jueves, 06 de julio de 2017
Economía y Negocios Online
Bloomberg
Maduro, que ha enfrentado tres meses de violentas protestas, ha reducido drásticamente las importaciones de alimentos y medicinas para conservar el dinero necesario para pagar a los tenedores de bonos.
Las apuestas a un default (impago) venezolano están subiendo a medida que las reservas internacionales se aproximan a US$10.000 millones al tiempo que las protestas contra el gobierno se intensifican y el Presidente Nicolás Maduro presiona para reescribir la Constitución.
La probabilidad implícita de que el país no realice un pago durante los próximos 12 meses aumentó a 56%, según datos de CDS (swaps de impago de crédito) compilados por Bloomberg. Se trata del nivel más alto desde diciembre.
Mientras que las probabilidades de un evento de crédito durante los próximos cinco años aumentaron a 91% en junio.
Maduro, que ha enfrentado tres meses de violentas protestas que han dejado casi 80 muertos, ha reducido drásticamente las importaciones de alimentos y medicinas para conservar el dinero necesario para pagar a los tenedores de bonos ahora que los precios del petróleo y la producción están cayendo.
Sin embargo, eso no ha detenido una disminución en las reservas, que suelen ofrecer a los inversionistas cierto grado de seguridad de que el Ejecutivo evitará un default en el corto plazo.
Los recientes acuerdos para proporcionar liquidez al Gobierno sólo han dado lugar a incrementos marginales que han desaparecido rápidamente.
El país tiene que realizar pagos de capital e intereses por más de US$5.000 millones el resto del año, aunque no debe pagar grandes cantidades antes de octubre.
La alianza opositora de Venezuela planea celebrar un plebiscito no oficial el 16 de julio para evaluar el apoyo a un gobierno de unidad nacional. Se preguntará a los votantes si apoyan el plan de Maduro para reescribir la Constitución, qué papel deben desempeñar las fuerzas armadas en el restablecimiento del orden y si respaldarían un gobierno de unidad.
El referéndum ocurrirá semanas antes de una votación el 30 de julio para los delegados de la Asamblea Constituyente a la que se oponen dos tercios de los votantes y que críticos temen que podría mover al país hacia un autoritarismo al estilo de Cuba.
