Jueza condena a sostenedora por fraude con subvenciones
viernes, 23 de junio de 2017
Andrea Chaparro
Nacional
El Mercurio
Sobornó con $25 millones a funcionario regional del Mineduc.
Dos años bajo la observación de Gendarmería deberá permanecer Arlette Rozas Saavedra, quien fuera la sostenedora de la Escuela Especial de Lenguaje "Juguemos en el Bosque", de la comuna de Maipú, condenada por el fraude de fondos de Subvención Especial Preferencial (SEP), que entrega el Estado a los colegios subvencionados o municipales con alumnos prioritarios. La jueza de garantía Tatiana Escobar -en un procedimiento abreviado- le impuso una pena de 541 días de presidio, más una multa del 10% del perjuicio ocasionado, que alcanza a los $54.588.127, y la inhabilitación absoluta por 3 años y un día para cargos, empleos y oficios públicos, como autora del delito de fraude al fisco en relación con el delito de soborno. Pero como cumplía con los requisitos que exige el legislador, se le concedió la pena sustitutiva de la remisión condicional, "debiendo permanecer sujeto a la observación de Gendarmería de Chile por el plazo de 2 años", reseña el fallo. Según los antecedentes reunidos en la investigación -que dirige el fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Jaime Retamal-, Rozas Saavedra accedió a pagar $25 millones a Wladimir Poblete Vidal para que, en su calidad de funcionario de la Unidad Regional de Subvenciones de la Región Metropolitana, del Ministerio de Educación, realizara gestiones, entre 2011 y 2013, las que generaron asignaciones de fondos SEP en exceso para la escuela de la que ella era sostenedora. La indagatoria respecto del entonces funcionario de Educación sigue abierta. Este fue formalizado el 30 de diciembre de 2016, entre otras cosas por haber suscrito y autorizado en 2011 la petición de fondos N° 9807, respecto de la escuela "Juguemos en el Bosque". Esa solicitud de dineros tuvo como respaldo el proceso de reliquidación final del año escolar en ese período y -de acuerdo a la información recabada en la causa- "presentó errores tanto en el respaldo como en un ajuste manual de asistencia, lo que en definitiva significó un pago por capacidad de alumnos que excedía la autorizada para esta escuela, según la Resolución de Reconocimiento Oficial de la Secretaría Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, pagándose un monto de $54.588.127, el que se materializó el día 20 de abril de 2012", se lee en la sentencia. Y era justamente el imputado el responsable de analizar, verificar y reportar cualquier error en este proceso, de manera tal que con su actuar ocasionó un pago en exceso, con perjuicio fiscal.
Recibió un pagopor capacidad de alumnos que excedía a la autorizada por Educación.
