Nueva ley de reciclaje desata polémica: firma de Víctor Petermann se enfrenta al Gobierno por norma que viabiliza exportación de baterías
domingo, 28 de mayo de 2017
AG y CR
Economía y Negocios Domingo
El Mercurio
Un reglamento permitirá los envíos de baterías en desuso a países OCDE y afectará directamente a RAM, la empresa vinculada al dueño de la reserva Huilo Huilo, que hoy concentra casi todo este mercado. Marcelo Mena, ministro del Medio Ambiente, defiende el cambio: "Ningún residuo tendrá un trato preferencial", advierte.
Lejos de los idílicos paisajes de su reserva biológica Huilo Huilo, ubicada en la Región de Los Ríos, un negocio asentado en el norte de Chile, en Calama, es el que hoy inquieta al empresario Víctor Petermann. Involucra a las baterías de autos o, mejor dicho, al reciclaje de estas baterías, cuando ya cumplieron su vida útil. Es que la nueva ley de reciclaje -más conocida como Responsabilidad Extendida del Producto (REP)- conllevará una transformación relevante para esta industria, lo que está desatando un enfrentamiento entre actores del negocio. Uno de los reglamentos diseñados por el Ministerio del Medio Ambiente -y que está en proceso de firma de los distintos ministerios involucrados, para su posterior ingreso a Contraloría- viabilizará que estas Baterías Fuera de Uso (BFU) puedan ser exportadas a países miembros de la OCDE, lo que hoy no es posible, pues un decreto del Ministerio de Salud lo impide (ver recuadro). Esta apertura al mercado externo -a ojos Víctor Petermann y sus socios- es ilegal, pues no cumple tratados internacionales. Estiman que va en contra de la industria nacional de reciclaje de baterías, en el que hasta ahora la firma de este empresario es el actor dominante, un virtual monopsonio, con cerca del 80% del tratamiento de baterías que se generan en el país (el resto corresponde a mercado informal). "La autoridad tiene que ser consecuente con lo que transmite al mercado y no cambiar las reglas del juego según los intereses del momento, después de que se han hecho las inversiones", reclama Víctor Petermann. En la vereda opuesta están automotrices e importadores de baterías, quienes señalan que liberalizar la exportación de residuos beneficiará a los clientes finales. La normativa establece que quien compre una batería deberá pagar un impuesto o "ecotasa", bajo el concepto "el que contamina paga". Según cálculos de la industria, esto hará subir entre 3 y 5% los precios, pero, dicen estos actores, esta ecotasa será más baja en la medida en que se puedan vender a mejor precio los residuos, o sea, si es que hay más competencia. Para el ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, el tema es eliminar un trato "preferencial": "Actualmente, la industria automotriz puede exportar sin limitación todo tipo de residuos peligrosos que están contenidos en los autos, como aceites lubricantes y aparatos eléctricos y electrónicos. Solo existe una prohibición para las baterías. Con la entrada en vigencia del reglamento, ningún residuo tendrá un trato preferencial", afirma. RAM apela al Convenio de Basilea Para dar la pelea legal, la firma de la que Petermann es socio, RAM (ver recuadro), está trabajando con la asesoría del abogado constitucionalista Arturo Fermandois, con quien ya diseñan lo que será su estrategia legal para frenar el reglamento: recurrir a la propia Contraloría cuando sea la toma de razón de la normativa, e incluso no descartan recurrir a los tribunales ambientales. Otra alternativa que barajan es ir al Tribunal Constitucional, aunque para esto requieren del apoyo parlamentario (solo congresistas podrían accionar un recurso en esa instancia). ¿Pero por qué se oponen? El argumento legal es que con este nuevo reglamento, Chile incumplirá el Convenio de Basilea, un tratado firmado por el país a inicios de los 90, que regula el movimiento transfronterizo de este tipo de residuos peligrosos. Según Fermandois, hay varios incumplimientos en el reglamento chileno respecto de dicha normativa a la que Chile adhiere. Uno, mientras Basilea permite enviar estos desechos cuando son necesarios como materia prima para industrias del reciclado en el Estado que los importa, el reglamento chileno da por acreditado que estos requisitos se cumplen en todos los estados de la OCDE, sin mediar un análisis casuístico, Estado por Estado, que pruebe que existe esa necesidad. Dos, porque estos envíos, según Basilea, solo deben permitirse en la medida en que el Estado de origen (el que exporta) no disponga de la capacidad técnica para tratarlos internamente. Es decir, el convenio internacional privilegia el criterio de proximidad si hay capacidad de tratar los residuos. Tres, porque el reglamento chileno introduce un consentimiento tácito de las autoridades del otro Estado si es que en 30 días no se han pronunciado. Según el abogado, esto no es parte del convenio de Basilea, que exige respuesta por escrito. En suma, dice Fermandois, "los objetivos del Convenio de Basilea apuntan a reducir al mínimo la exportación, y el reglamento (chileno) tiende a colocar en un plano general la exportación". Víctor Petermann estima que al firmar aquel tratado de Basilea, las autoridades dieron un claro mensaje para que se desarrollara tecnología nacional, y al no considerar el convenio, "es como borrar con el codo lo que se firma con la mano (...) Se habla mucho de producir productos más elaborados de cobre y plomo, y no existe el incentivo y se actúa en sentido contrario a la industria nacional", plantea. Patricio Andrades, otro actor que quiere comenzar un proyecto en la Octava Región, es más categórico: "Este reglamento mata a toda la industria del reciclaje en Chile, toda. Toda la industria en torno al reciclaje queda en la incógnita total, porque no va a tener materia prima suficiente y probablemente no va a haber acceso a financiamiento", estima. El proyecto de Andrades, Comercial Recimet, consiste en gestionar y reciclar residuos plomados cerca de Los Ángeles, una iniciativa que planea reingresar al sistema de evaluación ambiental en los próximos días, y que contempla unos US$ 12 millones en inversión. Su idea es ojalá formar un clúster en la zona, aunque -recalca- dependerá de estas normas. El ministro Mena retruca que el objetivo es crear una industria del reciclaje en el país competitiva a nivel local e internacional, y que para ello es necesario que se abran los mercados, en línea con una recomendación que ya hizo la Fiscalía Nacional Económica. Descarta que el reglamento no cumpla con los convenios externos. "Cumple el Convenio de Basilea irrestrictamente", dice, quien destaca que este tema ha sido trabajado con la Cancillería. En materia económica, agrega que exportar residuos tiene un costo alto -pues requiere contratar transportistas y entregar una garantía al ministerio-, por lo que seguirá siendo más conveniente tratarlos en el país. "Teniendo en consideración, además, que solo se podrá exportar a países miembros de la OCDE o que se encuentren en Europa, y que no tenemos vecinos en dicha posición (el más cercano es México), resultaría muy extraño que siga siendo más conveniente -en términos económicos- exportarlos que tratarlos en Chile", señala Mena. Consultado RAM sobre por qué no pueden competir bajo libre mercado como otras industrias, responden. "Esto es un residuo peligroso, que tiene su legislación especial a la cual Chile se ha atenido, en el marco de acuerdos internacionales", explica Federico Fanta, socio de Víctor Petermann, quien no esconde que están defendiendo su negocio a través de vías proteccionistas, "que fueron la base de nuestra certeza jurídica para invertir en este negocio, y proteccionismo que no lo buscamos nosotros, sino que lo busca un acuerdo internacional del cual Chile es parte. Este no es cualquier producto, es un residuo peligroso y se atiene a otro conjunto de leyes. Chile adscribió a esos convenios y por tanto debe cumplirlos. Estamos tratando de hacer sobrevivir nuestro negocio contra una medida que claramente viola un acuerdo internacional, sin tener beneficio para el país, porque perjudica a la industria existente y la por existir", responde Fanta. ETNA quiere exportar baterías trituradas Pero en la otra vereda, hay otros actores que se beneficiarían con la exportación. Felipe Konno, gerente general de ETNA Chile, firma de la empresa peruana ETNA, fabricante de baterías, señala que la aprobación del reglamento es una oportunidad para ellos, para exportar baterías trituradas. ETNA se instaló en el país en 2008 y en 2012 terminó de construir una planta trituradora de baterías en San Antonio, con una inversión cercana a los US$ 6 millones. La idea original, dice Konno, era hacer una planta de reciclaje, pero el proyecto no se concretó. "En esos años había la capacidad instalada en el país y por eso no llegamos a construir la fundición", señala, en alusión a las operaciones de RAM y la que en ese entonces tenía Tecnorec, una planta clausurada por temas ambientales. "Nosotros estábamos a un kilómetro de ellos. Entonces, hacer una fundición ahí era suicidarse", señala. Como ETNA Chile se quedó solo con la planta trituradora, le vendía sus residuos triturados a RAM y esta se encargaba de fundirlos y de exportar el plomo. Según Konno, en un momento RAM ya no les aceptó más sus residuos triturados, aduciendo distintos pretextos, pero "en realidad es que no tienen capacidad instalada", afirma. Así, a inicios de enero de 2016, ETNA detuvo la trituración, puesto que RAM ya no los podía atender, indica Konno. Y pone números: dice que si Chile exportaba 15.647 toneladas de plomo en 2013, en 2016 se redujeron a 7.271 toneladas, por efectos del cierre de la planta de Tecnorec, y también por el cierre de la trituradora de ETNA Chile, y porque RAM no ha incrementado su capacidad. RAM desestima no tener capacidad. En una reunión en el Ministerio del Medio Ambiente -que quedó registrada en acta-, explican que mientras hoy se generan 2.400 toneladas de BFU, ellos tienen una capacidad para procesar 4.123 toneladas al mes. Konno dice que siguen buscando terrenos en el norte del país, "lejos de todo y en medio de la nada", para construir su planta de reciclaje. "Estamos dispuestos a competir en cualquier escenario. Finalmente, siempre será más sano eliminarlos (los residuos) en Chile que afuera", señala. Empresa de Derco y Gildemeister dice que al exportar, el cobro al cliente final será menor Otro actor de este mercado que está a favor de estas exportaciones es Ecovalor, creada por Derco y Gildemeister. "Hay varios informes de abogados que se han publicado donde se dice tácitamente que no hay una violación del Convenio de Basilea por este reglamento, que fue aprobado por el consejo de ministros", dice Pedro Álamos, gerente general de Ecovalor. Esta empresa se convertirá en un sistema de gestión de residuos, como lo pide la ley REP. Estos sistemas serán los encargados de recolectar los residuos de los importadores, no podrán tener fines de lucro y recibirán recursos solo para asegurar sus operaciones, a través de dos vías: la ecotasa y el valor de venta del residuo. En los hechos, dice Álamos, hoy Ecovalor ya está operando como si fuera un sistema de gestión: recolecta las baterías en desuso de Derco y Gildemeister, también recibe baterías de otros clientes, las compra por kilo y todo esto se lo vende a RAM. Por ello, ven con buenos ojos el reglamento, porque si logran vender a mejor precio los residuos que los sistemas de gestión recolecten, les permitirá que la ecotasa que cobren al cliente final sea menor. Agrega que en Chile se pagan $200 a $220 por kilo de batería, y en México, un país OCDE, se paga 0,8 dólares por kilo, unos $540 de hoy.
