jueves, 25 de mayo de 2017
Economía y Negocios Online
Emol
El organismo aseguró que el criterio de manera alguna implica desconocer las facultades de la minera para llevar a cabo negociaciones colectivas con sus trabajadores y hacer efectivos los respectivos acuerdos.
La Contraloría General de la República rechazó la impugnación realizada por Codelco al dictamen que cuestiona la indemnización pagada a un ex director y ex trabajador de la firma estatal.
La objeción del organismo se originó a partir de la indemnización de $511 millones que recibió el ex dirigente sindical y trabajador de Chuquicamata, Augusto González, tras acogerse a un plan de retiro voluntario.
La entidad fiscalizadora cuestiona distintos aspectos del retiro de González, entre ellos que la estatal mantenga una "doble cobertura ante la contingencia del término de la relación laboral", al aplicar el mecanismo que establece la ley y paralelamente fija condiciones distintas en sus planes de retiro.
En un nuevo dictamen, con fecha de 24 de mayo, el organismo que encabeza Jorge Bermúdez, desestimó la solicitud de la minera de reconsideración de la primera decisión y reafirmó que la compañía "debe actuar bajo los principios de eficiencia, eficacia y probidad".
"Codelco, como parte de la Administración del Estado, encargada de la explotación de un recurso estratégico para el país, debe manejar el patrimonio que el legislador ha puesto a su disposición de un modo congruente con los principios básicos de toda administración de recursos públicos, lo que implica una gestión eficiente y eficaz que responda al interés general de la entidad por sobre el particular", dice el nuevo dictamen.
En esa línea, "esta Contraloría General, al advertir sobre una situación particular que verificó en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, mediante el dictamen impugnado, dejó de manifiesto una realidad referida a que Codelco, en su calidad de empresa pública creada por ley e integrante de la Administración del Estado, debe ajustar su actuar, en las decisiones que adopte, a los principios de eficiencia, eficacia y probidad", sostiene el texto.
No obstante, la Contraloría asegura que "a diferencia de lo que afirma el peticionario -prescindiendo del tenor expreso del pronunciamiento que cuestiona de manera alguna significa impedir que la anotada empresa pública dé cumplimiento a la normativa legal aplicable en el marco de las relaciones laborales existentes con sus trabajadores; como tampoco implica desconocer sus facultades para llevar a cabo negociaciones colectivas con estos y hacer efectivos los respectivos acuerdos. Menos aún tal dictamen no se refiere a la forma de administración de la aludida Corporación ni pretende hacerle aplicable a esta las reglas de los servicios públicos, el Estatuto Administrativo ni el sistema de contratación pública", añade el dictamen.
Por último, el documento firmado por Jorge Bermúdez, indica que "en efecto, según se ha precisado, el dictamen cuya reconsideración se solicita se ha limitado a exigir al directorio de Codelco el mínimo resguardo del patrimonio público que le corresponde gestionar en cuanto administrador de bienes ajenos y, particularmente, de recursos públicos".
