Fiscal general denuncia excesiva represión chavista a opositores
jueves, 25 de mayo de 2017
JAVIER MÉNDEZ ARAYA
Internacional
El Mercurio
Luisa Ortega critica el accionar de los cuerpos de seguridad del Estado.
Enfrentado a un creciente descontento popular y críticas de la comunidad internacional, el Presidente Nicolás Maduro fue testigo ayer de una nueva muestra de la división al interior del chavismo luego que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, denunciara la "excesiva represión" de las fuerzas de seguridad del Estado durante la ola de protestas antigubernamentales que ya acumula casi dos meses, y en medio de las que han muerto más de 50 personas. "Preocupa mucho que tengamos más de 500 lesionados por derechos fundamentales", dijo la titular del Ministerio Público, una conocida chavista, en una rueda de prensa. "Más de la mitad de las personas han sido lesionadas producto de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado", añadió en referencia a la Guardia Nacional, según Reuters. Ortega criticó el "uso excesivo de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado" que, en jornadas de protesta, han bloqueado el paso de los manifestantes con camiones lanzagua, bombas lacrimógenas y el uso de perdigones, generando fuertes enfrentamientos con los opositores. También la fiscal afirmó que tras varias semanas de investigación, expertos forenses determinaron que el joven Juan Pernalete murió en medio de una manifestación en Caracas luego de recibir un impacto de una bomba lacrimógena en el pecho que fue lanzada por un guardia nacional. El gobierno había dicho que la muerte de Pernalete, de 20 años, se produjo desde sus propias filas con un disparo de una pistola. Además, la abogada de 59 años informó que su despacho imputó a 19 uniformados por la presunta comisión de delitos como homicidio, trato cruel, inhumano, degradante, uso indebido de arma orgánica, privación ilegítima de libertad, entre otros. Reiteró que la fiscalía ve con preocupación los casos de civiles que, en medio del revuelo político, han sido detenidos y procesados en cortes militares, lo que violaría fundamentos constitucionales y de derechos humanos. Además, Ortega pidió el "desarme de la población" haciendo alusión a los grupos armados progubernamentales conocidos como "colectivos" chavistas que actúan en las protestas. La fiscal se distanció a fines de marzo del gobierno al rechazar sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que le quitaban poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y denunciar que en el país se había producido una ruptura del orden constitucional. Pero esta no es la única fisura abierta en el seno del chavismo. El martes, la jueza del Tribunal Supremo de Justicia -controlado por el oficialismo-, Marisela Godoy, se sumó a la postura de su par Danilo Mojica, quienes cuestionaron abiertamente la convocatoria de Maduro a elecciones para una Asamblea Constituyente a fines de julio, calificándola de "absolutamente espuria". Bajo los términos propuestos por Maduro, un tercio de los 540 miembros de la Constituyente será reservado para representantes elegidos por circunscripciones especiales y organizaciones sociales y gremiales. La oposición denuncia que dichos grupos están dominados por el oficialismo. Para María Elena Ludeña, politóloga venezolana de la Universidad Simón Bolívar, el quiebre interno en el chavismo se vislumbraba desde el fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013. "Las fisuras ahora son tan evidentes que no se atreven a llamar a elecciones para la Constituyente porque saben que no cuentan con el apoyo de las bases. Las cúpulas están desmarcándose en un burdo intento de evitar ser sometidos al escarnio público y los cargos de corrupción que puedan imputárseles", dijo Ludeña a "El Mercurio". El Tribunal Supremo ordenó anoche poner freno a los bloqueos y manifestaciones en ocho alcaldías de la oposición en Venezuela, y advirtió que su incumplimiento podría derivar en penas de prisión.
