viernes, 19 de mayo de 2017
El Mercurio
La primera ministra británica, Theresa May, anunció que los empresarios de ese país que decidan contratar a un empleado que no pertenezca a la Unión Europea deberán pagar dos mil libras (US$ 2.555) anuales por cada trabajador contratado, el doble de lo que desembolsan hoy. La medida del gobierno -que se aplicará pese a que Londres está en proceso de dejar la UE- tendría un objetivo político y buscaría reforzar el mensaje anti inmigración del Partido Conservador frente a las elecciones generales del próximo mes. Por ello analistas se preguntan si esta iniciativa se aplicará a los trabajadores comunitarios una vez que se concrete el Brexit en 2019. La meta detrás de esta iniciativa sería reducir la inmigración, llevándola a niveles nunca antes vistos: pretenden que la inmigración neta (diferencia entre quienes llegan al país menos los que salen) sea de 100 mil personas, casi un tercio del número que existe actualmente.
