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Acción penal está dirigida contra alcalde y quienes resulten responsables:

Gobierno se querella por formación de milicia privada en municipio de Calera de Tango

viernes, 19 de mayo de 2017


Nacional
El Mercurio




Tras la realización del Consejo Nacional de Seguridad, realizado ayer en La Moneda, una de las temáticas que fue discutida en la reunión fue el dictamen de Contraloría que declaró "improcedente" la creación de la policía municipal de Calera de Tango. Esta ya lleva trabajando un par de meses dentro de la comuna y sus inspectores patrullan por las calles portando armas de fuego.

Ante esta dictamen, el Gobierno presentó una querella, por el delito de formación de milicia privada, contra el alcalde Erasmo Valenzuela, un ex funcionario de la PDI -que se desempeña como policía municipal en la comuna- y contra de todos quienes resulten responsables.

Dentro de la acción penal, el Ministerio del Interior describe dos actos que serían dolosos por parte de Valenzuela. El primero, otorgarle funciones especiales a sus inspectores municipales, las que son exclusivas de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, es decir, de Carabineros y la PDI; y contratar a ex funcionarios de la Policía de Investigaciones "para que hagan uso de su permiso de porte de armas con fines distintos para el cual les fue conferido, formando con ello un cuerpo policial armado y diverso a las instituciones que, según el ordenamiento jurídico vigente, detentan el monopolio de la fuerza pública", indica el texto.

El alcalde hoy presentará en la Contraloría un oficio, en el cual contesta a la querella, señalando enfático que, "en ningún caso con la denominación de policía municipal se quiso quitar protagonismo ni menos usurpar funciones que sí, solo sí, le encomienda la ley a Carabineros de Chile o a la PDI".

A su vez, menciona que no han utilizado la palabra de manera aislada, sino que de forma compuesta, proponiendo cambiar el nombre a "Policía municipal comunal de Calera de Tango".

Según el alcalde, para "no generar dudas respecto de su alcance ni medios, para así despejar cualquier duda razonable respecto de una duplicidad o usurpación de funciones en el ámbito de la seguridad ciudadana". Este cambio de nombre lo realizaría previa reunión con las partes, para poder establecer y aclarar los límites de los funcionarios públicos.

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