Parlamentarios piden aclarar criterios para asignar recursos en casos de violencia rural
domingo, 23 de abril de 2017
VÍCTOR FUENTES y JUAN JOSÉ MORENO
Nacional
El Mercurio
Presupuesto de $3 mil millones destinado a proyectos productivos de víctimas de atentados incendiarios debe ser ejecutado antes del 31 de diciembre de este año.
Falta de "criterios objetivos" para la asignación de los recursos, riesgos de "utilización política" de los mismos y el peligro de que "la burocracia estatal" haga fracasar la entrega del financiamiento para proyectos productivos de víctimas de la violencia rural en el sur del país. Estos son algunos de los temores que motivaron a parlamentarios de La Araucanía, tanto de Gobierno como de oposición, a plantear reparos al mecanismo a través del cual la Subsecretaría de Prevención del Delito distribuirá el presupuesto de $3 mil millones asignados este año como apoyo económico a los afectados por atentados que dañaron instalaciones o maquinarias y los dejaron sin herramientas de trabajo. Aunque el monto total es uno de los elementos que se conocen desde su aprobación en noviembre del año pasado, también es cuestionado. El diputado de la Nueva Mayoría por Villarrica, Fernando Meza (PR), le planteó al subsecretario de Prevención del Delito, Óscar Carrasco, la necesidad de aumentar el monto a repartir. "Le dije que es insuficiente y puede transformarse en una burla porque reparará a muy poca gente", aseguró. Meza solicitó a la autoridad "reducir los requisitos burocráticos. Por ejemplo, no exigir que las víctimas hayan presentado querellas". El diputado de Chile Vamos por Victoria Diego Paulsen (RN) indicó que "faltan criterios que sean claros y determinantes" para entregar el beneficio. "Cuesta encontrar elementos objetivos para entregar este tipo de recursos. Uno podrá decir que sea por grado de vulnerabilidad, pero el que tiene un emprendimiento ya no está entre los sectores más vulnerables", indicó Paulsen. Agregó que "hay que buscar otros factores socioeconómicos, dentro del espectro que va a considerar este programa, que está destinado a pequeños y medianos empresarios". A modo de ejemplo, y para dilucidar "el porqué a ti sí y el por qué a ti no", detalló que "habrá que evaluar los daños sufridos, las deudas contraídas, los préstamos anteriores, la antigüedad, para poder establecer criterios universales y evitar un uso político". El senador por La Araucanía Alberto Espina (RN) indicó que el plazo fijado -2014 al 2017- se centra en personas afectadas durante el actual gobierno y reveló que, en algún momento, la iniciativa casi pierde objetivo, ya que se planteó destinar los fondos a los futuros atentados. "La burocracia de la fórmula para entregar los dineros hace inviable que estos se asignen, porque se está pidiendo que las personas que postulen no tengan deudas con el Servicio de Impuestos Internos ni previsionales", recalca el senador, quien agrega que "ello es ridículo, porque si quebró y está en la ruina, es obvio que tiene deudas". Añade que, el beneficiario, además, "debe presentar un modelo de negocios, con lo que vamos a llegar a diciembre en trámites". Para Espina, "si el Gobierno no dicta una ley exprés, que omita trámites, la plata se perderá". El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se refirió tanto al fondo productivo como al "Seguro de Protección Global Micro y Pequeñas Empresas" (ver nota relacionada). "Este es un instrumento -el seguro creado en 2016- que se complementa con otras acciones que se están ejecutando (...) respecto del daño ocasionado por la acción de terceros en contra de infraestructura y equipamiento, como por efectos de desastres naturales", expresó. Sobre los recursos para el fomento productivo, el subsecretario Aleuy reafirmó que "en el caso de La Araucanía comenzó a operar, además, un fondo destinado a ayudar a pequeños productores que vieron afectada su capacidad de emprender por siniestros en contra de su maquinaria o infraestructura productiva".
Fondos se focalizarán en víctimas de ataques entre 2014 y 2017.
