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Intendencia de Magallanes derivó los antecedentes a la fiscalía regional:

Denuncian presunto fraude por $4 mil millones por irregularidades en Ley Navarino

domingo, 23 de abril de 2017

ROLANDO MARTÍNEZ VERGARA
Nacional
El Mercurio

Revisión de beneficiarios con exenciones tributarias y aduaneras por proyectos que se generan en las islas Tierra del Fuego y Navarino abarca los últimos seis años. Hay empresas que no se instalaron y otras fijaron domicilios en sitios eriazos.



Cobros fraudulentos que podrían llegar a $4 mil millones o incluso más investiga la fiscalía regional a partir de una denuncia amplia que formuló la Intendencia de Magallanes a inicios de año, en el marco de la primera fiscalización al uso de Ley Navarino, que rige desde 1985.

Esta consiste en un régimen de excepción tributaria y aduanera para incentivar el desarrollo de la economía local, a favor de quienes impulsen proyectos en las islas Tierra del Fuego o Navarino.

Las irregularidades fueron detectadas luego que en mayo de 2016, el intendente Jorge Flies instruyera al Servicio de Impuestos Internos, Tesorería, Aduanas y la seremi de Trabajo concordar los criterios de fiscalización y revisar los contratos entre beneficiarios y el fisco.

En noviembre, Flies informó al fiscal regional Eugenio Campos que, producto de revisiones administrativas e inspecciones en terreno de las 200 empresas que se han acogido al beneficio en los últimos seis años, en 17 sitios o inmuebles se concentran 49 beneficiarios.

Llamó la atención, por ejemplo, que dos empresas textiles registraran como dirección la correspondiente a una iglesia evangélica de Porvenir. También que en un sitio eriazo se domicilien ocho empresas o sociedades que nunca funcionaron allí. Y que en un domicilio siniestrado hace tres años en Puerto Williams figuren dos empresas de servicios y otros dos proyectos tengan una dirección inexistente, según antecedentes recabados por "El Mercurio".

El fiscal regional Eugenio Campos admite que "hay una denuncia y estamos investigando si hay posibles hechos constitutivos de delitos". Explica que al tratarse de una investigación desformalizada no hay imputados.

El intendente ratifica, por su parte, que las estimaciones apuntan a que hay "unos $4 mil millones defraudados en los últimos seis años, que es el período que se ha investigado. Hay empresas que desaparecieron y siguieron cobrando".

Señala que hay 200 empresas que han solicitado estar acogidas a la Ley Navarino, de las cuales 180 no cumplen las condiciones para optar a estos beneficios. "Es por esta razón que hemos caducado el beneficio a 40 de estas empresas y estamos en proceso administrativo de caducar otras 80", expresa.

Añade que muchas de esas "eran empresas de papel que probablemente estaban especulando o buscando un beneficio tributario fraudulento". Y aclara que algunas no cobraron beneficios porque ni siquiera se instalaron o bien fijaron domicilios en sitios eriazos o direcciones inexistentes, pero igual se presume que pudo haber intención de defraudar al fisco.

Sin embargo, agrega que entre la veintena de empresas que desarrollaron alguna inversión hay una decena de ellas sometidas a una exhaustiva revisión, porque muchas dejaron de operar hace tiempo y siguieron cobrando beneficios más allá de la fecha de cierre.

Con todo, hay otras cinco firmas que cumplen con lo que exige la ley y son -afirma Flies- un real aporte al desarrollo de Tierra del Fuego y Navarino.

Para el alcalde de Primavera, Blagomir Brstilo, la Ley Navarino no beneficia realmente a los habitantes de la zona y que mejor sería contar con subsidios de transporte o rebajas a los residentes.

1985
comenzó a regir La ley Navarino en Puerto Williams, la que se extendió después a Tierra del Fuego.

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