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Ya son nueve los muertos en tres semanas de agitación política en Venezuela:

El rol en las protestas de los colectivos chavistas, la fuerza de choque de Maduro en las calles

viernes, 21 de abril de 2017

Jean Palou Egoaguirre
Internacional
El Mercurio

Grupos como La Piedrita han sido armados por el gobierno y enfrentan a los manifestantes opositores.



Dicen que están dispuestos "a morir por la revolución", y en estos días de agitación política y social en Venezuela han comprobado que hablan en serio. Los llamados "colectivos chavistas", grupos de civiles que operan como bandas armadas de encapuchados al servicio del oficialismo, se han convertido en una de las principales fuerzas de choque del Presidente Nicolás Maduro para contrarrestar en las calles las masivas manifestaciones de la oposición. Y hoy son acusados de ser los mayores instigadores de la escalada de violencia, que ha dejado nueve muertos en las últimas tres semanas en protestas contra el gobierno.

Auspiciados furtivamente por el fallecido ex Presidente Hugo Chávez -quien solía repetir que "la revolución es pacífica, pero armada"-, grupos como el colectivo La Piedrita, Alexis Vive, Simón Bolívar, Carapaica o los Tupamaros dominan barrios enteros en Venezuela bajo la fachada de que son organizaciones comunitarias culturales, deportivas o de promoción de la democracia de línea chavista. Sin embargo, sus miembros -que también son llamados "los motoqueros", por trasladarse usualmente de esa forma- son mucho más conocidos por sus acciones violentistas y de boicot contra cualquier acto de la oposición.

Su rol como fuerza parapolicial, coordinada de manera velada por el gobierno, ha quedado en evidencia en las últimas protestas. El diputado opositor Henry Ramos Allup publicó ayer una foto en Twitter en la que se ve claramente cómo hombres encapuchados y de torso desnudo, presuntamente pertenecientes a algún colectivo, son protegidos por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana mientras lanzaban piedras a los manifestantes. Uno de ellos incluso usa un casco de esa fuerza policial. El diario El Nacional -que anteriormente ha sufrido varios ataques de estos grupos- también reportó ayer que unos 50 miembros de colectivos chavistas golpearon con piedras y palos a sus reporteros gráficos que cubrían la marcha opositora, mientras cantaban "¿Quiénes somos? ¡Colectivos! ¿A los periodistas? ¡Plomo!".

"Los colectivos básicamente tienen el rol de reprimir a la población. De hecho, lo que ocurre en la práctica es que se retira la Guardia Nacional de las marchas y aparecen ellos y vandalizan la zona", comentó a "El Mercurio" Laura Louza, directora de la ONG Acceso a la Justicia. "Ellos dicen que se dedican a promover la democracia y la cultura. Pero su connotación nunca fue esa. Al final del día, usan pasamontañas para cubrir sus rostros y conforman verdaderas bandas armadas que -todo el mundo lo sabe- actúan por el gobierno", añadió.

La principal preocupación, tanto de la oposición como de la comunidad internacional, es que el gobierno habría dotado de armas de fuego a estos colectivos chavistas, provocando episodios de extrema violencia, como ya vivió el país con las protestas que dejaron 43 muertos en 2014.

De hecho, en un video conocido ayer se ve cómo una joven que estaba cerca de las protestas en Táchira, Paola Ramírez, fue abordada el miércoles por motoristas, presuntamente miembros de un colectivo chavista, que intentaron robarle. Ella huye amenazada a punta de pistolas, cuando se desencadena una serie de disparos que le provocan la muerte. Sin embargo, el gobierno se apresuró en anunciar la detención del supuesto asesino, al que identificó como un miembro del partido opositor Vente Venezuela, y acusó que se trató de un crimen "deliberadamente planificado".

Al condenar los actos de violencia en Venezuela, que dejaron el miércoles 3 muertos y 62 heridos en la llamada "madre de todas las marchas", el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidió ayer no engañarse. "Condenamos especialmente la actitud del régimen de armar a colectivos para que hagan tareas de represión, y para que esas tareas de represión sean absolutamente sin control y fuera de protocolos y de gestión de represión", aseguró. "Eso definitivamente ha herido de muerte una vez más a la democracia venezolana", subrayó el ex canciller uruguayo, quien llamó a Maduro a "cesar las acciones homicidas de los paramilitares conocidos como colectivos".

El director para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, también criticó el uso de estos grupos. "No conocemos un ejemplo similar en América Latina donde el gobierno arme a milicias urbanas; es decir, a delincuentes, a pandillas que operan con total impunidad, que amedrentan a los ciudadanos, que tienen licencia para disparar y para detener", afirmó.

No hay claridad de cuántos colectivos chavistas están operativos ni cuántos miembros tienen, ni cuál es su verdadero poder de fuego. Sin embargo, se sabe que varios de estos grupos -particularmente La Piedrita- tienen su sede en la Parroquia 23 de enero de Caracas, cerca de la Milicia Nacional Bolivariana y del Cuartel de la Montaña, donde están los restos de Hugo Chávez.

La ONG Control Ciudadano publicó ayer un informe en el que recalca que "actúan coordinadamente bajo mandos jerárquicos que imparten y cumplen instrucciones", a la vez que "están entrenados para causar daños a la integridad personal de quienes protestan". El reporte indica que sus miembros suelen infiltrarse en las marchas opositoras para convertir manifestaciones pacíficas en violentas, y su rol es "provocar" para generar la actuación de la Guardia Nacional, "que solo arresta a los manifestantes y nunca a los colectivos armados".

La directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, dijo que "es evidente" la permisividad del gobierno de Maduro con estos grupos, y exigió que se "desarticule su accionar delictivo": "Permitir, amparar, propiciar las actividades de colectivos armados es delito, y esto viene ocurriendo de manera continuada, bajo la mirada complaciente de órganos de Estado que tienen el deber de actuar", denunció.

Nueve gobiernos de la región, incluidos Chile, Perú y México, condenaron anoche "enérgicamente" la violencia en Venezuela.

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