Temer pisa el acelerador para aprobar reformas laboral y previsional
viernes, 21 de abril de 2017
Amanda Marton Ramaciotti
Internacional
El Mercurio
Si con más flexibilidad quiere reducir un desempleo del 13%, los cambios en materia de jubilaciones apuntan a reducir abultado déficit fiscal.
Aunque todo parece estar en su contra, el Presidente Michel Temer lucha por llevar a cabo la principal promesa de su accidental gobierno: sacar a la economía brasileña de la recesión y procurar que el crecimiento sea sostenible. En contraste con su debilidad en las encuestas que le dan solo un 9% de popularidad y las dudas sobre la legitimidad de su gabinete por investigaciones de corrupción, Temer está tomando medidas fuertes para flexibilizar el mercado laboral y restructurar el sistema de pensiones con el propósito de detener la sangría fiscal que implican. Esta semana, se anotó una victoria al conseguir que el Congreso votara a favor de tramitar con urgencia las reformas laboral y pensional. Según el Mandatario, lo anterior "indica una sintonía entre el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad brasileña en torno a la necesidad de mejorar los marcos que rigen las relaciones de trabajo en una economía que vuelve a crecer". En materia previsional, el proyecto del gobierno propone que la edad de jubilación sea a los 65 años para los hombres y 62 para las mujeres, y con un tiempo mínimo de 25 años de cotizaciones para ambos. Actualmente, es posible acceder a la jubilación por dos modalidades: por tiempo de estar cotizando (35 años para los hombres y 30 para las mujeres) o por edad y tiempo de cotización previsional (65 años de edad para los hombres y 60 para las mujeres; y ambos con 15 años cotizando). Esta reforma, según el columnista de O Globo Ricardo Noblat, "es el bien más precioso ofrecido por el gobierno al mercado, como retribución al apoyo que recibe de este. Su vida se tornará mucho más difícil si la reforma naufraga". De acuerdo con el gobierno, en caso de que no se cambie la previdência , en menos de 10 años los gastos por jubilaciones y pensiones aumentarán en 113 mil millones de reales (unos US$ 36 mil millones), lo que "deja menos espacio para otras necesidades del país, como salud, educación e inversiones". La situación es particularmente urgente si se considera que ese sistema registra un gasto creciente: saltó del 0,3% del PIB en 1997 a por lo menos el 2,7% en 2016. Los brasileños, al igual que gran parte del mundo, están viviendo más y la población tiende a tener más adultos mayores, mientras que los jóvenes son cada vez menos. El economista Daniel Duque, del instituto de políticas públicas Mercado Popular, dijo a "El Mercurio" que "es esencial" que se realice la reforma "para reducir el altísimo crecimiento de los gastos, que han sofocado cada vez más el presupuesto público", pero advirtió que su impacto se verá a largo plazo". Según el experto, para la población lo más cuestionable en la propuesta es el gran aumento de tiempo mínimo de cotización "considerado alto para un país con niveles de informalidad tan expresivos como Brasil". Más y menos trabajo El centrista Temer también espera dejar como legado de su corto mandato -iniciado en mayo de 2016 tras la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff y que terminará el 1 de enero de 2019- una ley laboral más flexible, algo urgente si se considera que la tasa de desempleo en Brasil alcanzó el 13%, lo que equivale a 13 millones de personas. Para eso, el Presidente pretende borrar 20 artículos de la legislación actual, que data de 1943, y cambiar otros 90. Las nuevas reglas permitirán que cada empresa negocie directamente con sus trabajadores, garantizando que las jornadas laborales se adapten mejor a las necesidades de los empleadores y de los trabajadores. Según el ministro de Trabajo, Ronaldo Nogueira, el objetivo de la reforma es dar más claridad en la relación contractual entre empresas y trabajadores -sindicalizados o no-, ya que la ley vigente hoy permite "interpretaciones bastante subjetivas". Entre otros cambios, se busca permitir la contratación de trabajadores por hora de trabajo; es decir, que al empleador pueda contratar nuevos trabajadores durante una determinada cantidad de horas o días de la semana. A cambio, el empleado puede tener más de un trabajo y horarios flexibles y conservar sus derechos laborales. La propuesta, además, incluye un aumento del tiempo para los contratos temporales de 90 a 180 días y elimina la contribución anual obligatoria a los sindicatos. Algunos sectores se opusieron a la propuesta, alegando que esta podría generar precarización del trabajo y una pérdida de los derechos conquistados. El presidente de la Asociación Nacional de los Fiscales del Trabajo, Ângelo Costa, consideró que no hay "ninguna prueba de que la reforma podrá generar más empleos a través de la flexibilización". Los partidarios del decreto, sin embargo, aseguran que la propuesta entraría en vigor inmediatamente, y permitiría que se acelere la contratación de más trabajadores temporales en un período del año propicio para ello. Según el economista Duque, independientemente de lo que se cuestione, "el mercado ve con buenos ojos" esa reforma. De ser aprobadas las iniciativas, el futuro de Brasil, que espera un crecimiento de 0,2% en 2017, pareciera ser prometedor. Al menos, así lo cree la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, quien dijo ayer que la economía brasileña "dio vuelta la página" gracias a las políticas fiscales y monetarias adoptadas recientemente por el gobierno; entre ellas, una enmienda constitucional para congelar el gasto público por 20 años. Según el FMI, para que Brasil pueda recuperar su crecimiento, será necesaria la implementación de "ambiciosas reformas" que ataquen gastos "insostenibles". Si con más flexibilidad quiere reducir un desempleo del 13%, los cambios en materia de jubilaciones apuntan a reducir abultado déficit fiscal.
