En 2014 comenzó la investigación por el financiamiento irregular de Empresas Penta a campañas políticas. El Ministerio Público recababa facturas y boletas ideológicamente falsas, cuando ya transcurrido casi un año de diligencias apareció una emitida a otra compañía: la minera SQM. La práctica de justificar aportes con documentación tributaria fraudulenta se repetía y, ese mismo año, la envergadura de la causa significó su independencia. Hoy ya suma más de un centenar de formalizados y alista el cierre de su arista principal. Corría el mismo 2015 cuando otra causa impactaba a la opinión pública. Era el caso Caval, que involucró a Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta, y a su socio Mauricio Valero en una compra de terrenos en Machalí, denunciada como irregular. También en su capítulo central, los fiscales ya consideran agotadas las diligencias y apuntan a un juicio oral en los próximos meses. Mientras en mayo de 2016, el caso Corpesca, cuyas primeras pesquisas se iniciaron dos años antes, sumaba otro formalizado. Esta vez era el turno del senador Jaime Orpis, quien enfrenta cargos por fraude al fisco, cohecho y delito tributario. A la fecha, en sus distintas aristas, incluida Asipes, hay más de 100 diligencias decretadas por los investigadores. El mismo año, pero un mes antes, en abril, el Ministerio Público abrió una nueva indagatoria: el caso Jet, donde se investiga la rendición de gastos de campaña, de 2013, de ME-O. A fin de mes comenzaría una nueva fase de pesquisas.