Menos de la mitad de las expulsiones de extranjeros decretadas por intendencias e Interior se materializan
domingo, 26 de marzo de 2017
Reportajes
El Mercurio
En los últimos cinco años se cumplió con el 42% de las resoluciones. En 2016, solo se llegó al 30%. La mayoría son sanciones por ingreso clandestino al territorio. Les siguen el tráfico de drogas y otras infracciones graves. NIEVES ARAVENA E.
Caminando por la playa en el borde costero de Arica o cruzando entre las montañas altiplánicas del norte o por valles cordilleranos del sur, de día y de noche, con o sin ayuda, por rutas inciertas, muchos extranjeros se embarcan en la aventura de llegar a Chile a como dé lugar. Vienen de países cercanos, principalmente de Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador, pero también de Centroamérica, para cruzar una frontera cada vez más riesgosa. Se multiplica así el "ingreso clandestino, eludiendo el control policial", un delito migratorio que, según el artículo 69 de la Ley de Extranjería (D.L. 1.094), que data de 1975, ameritaría penas de presidio menor en su grado mínimo a máximo (entre 61 y 301 días o entre 302 a 540 días). Pero en los hechos, esa norma en general no se aplica, pues se estima que iría contra convenios internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito, según señalan en el Gobierno. Por eso, el modus operandi es así: las autoridades reciben la denuncia de la Policía de Investigaciones (PDI), interponen un requerimiento ante el Ministerio Público, para luego desistirse de la acción penal y dictar la expulsión administrativa. SANCIONES FRECUENTES El ingreso clandestino, eludiendo el control policial fronterizo, constituye el motivo del 49% de las expulsiones; le sigue el tráfico de drogas (20%). Pero en el abanico de infracciones graves hay también de homicidio, abuso sexual de menor, secuestro, violencia intrafamiliar, falsificación de moneda, entre otros. Así lo comprueban los antecedentes detallados sobre 13.683 órdenes de expulsión dictadas entre 2012 y 2016 por intendencias y el Ministerio del Interior. Los datos fueron solicitados por "El Polígrafo" vía Ley de Transparencia a la Subsecretaría del Interior. Además, se consultó a la PDI por las medidas efectivamente ejecutadas en el mismo período, que consisten en sacar al extranjero de Chile y entregarlo a las autoridades de su país, tal como exige la ley. Entonces, se pudo comprobar que en ese lapso se cumplieron solo 5.801 de estas órdenes de expulsión, lo que equivale al 42,3% de las decretadas. En 2016, las efectivas fueron solo 909, llegando a su nivel más bajo (30,7%) en relación a las 2.953 dictadas, lejos del alto nivel exhibido en 2015 (ver gráfico). EN BUSCA DE LOS INFRACTORES La fiscalización en terreno de los extranjeros recae en la PDI, que realiza operativos para detectar a las personas que viven aquí de manera irregular por diversas causas. Además del ingreso clandestino, hay otras como permanecer en el país, pese a que su visa expiró, o estar trabajando sin contar con permiso, o bien tener una orden de abandono, residencia ilegal y tener antecedentes delictuales graves o de delitos comunes. Cuando se trata de extranjeros residentes, los decretos de expulsión los emite el Ministerio del Interior, lo que correspondió al 7% del total el año pasado. En los otros casos, la decisión radica en las intendencias, donde Tarapacá concentra el 35%, seguida de Arica y Parinacota (25,2%), Antofagasta (11,9%) y la Región Metropolitana (11,1%) (ver mapa). No es fácil notificar una expulsión, afirma el prefecto Bernardino Cárdenas, jefe de la Prefectura de Extranjería y Policía Internacional del Aeropuerto de Santiago, quien asume la vocería de la PDI. "Son personas que no tienen domicilio fijo, hay turistas que dan uno y luego se cambian", dice. Una vez detectados, se les pide concurrir a firmar al cuartel, pero eso es voluntario. Como no pueden quedar privadas de libertad, dejan de ir y desaparecen otra vez. Para detectar a los que ingresaron clandestinamente se recorren zonas frecuentadas por los inmigrantes que la PDI denomina "ilegales" para diferenciarlos de los "irregulares", que sí hicieron algún proceso migratorio al ingreso. El año pasado, según datos de la PDI, se realizaron 1.291 procedimientos de fiscalización, un 37% más que en 2015, cuando fueron 942. DE ALTO COSTO ¿Por qué queda más de la mitad de las órdenes de expulsión sin cumplirse? Según el jefe nacional de Extranjería del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, "hay una distancia entre la capacidad administrativa de dictar órdenes y la capacidad de materializarla, porque faltan recursos". Pero, además, cree que se debe evaluar la factibilidad. "Si una persona comete un error migratorio, se le pasó el plazo de la visa y no regularizó y tiene una vida en Chile, ¿va el Estado a gastar plata en expulsarlo?", pregunta. Recientemente, dice, hay fallos de la Corte Suprema que ponderan el arraigo, el trabajo, la unidad familiar. Entre el 18% y el 20% de las expulsiones se materializa en el Aeropuerto de Santiago, señala el prefecto Cárdenas. Por cada persona, se requieren dos policías escoltas, además de viáticos, hasta llevarlo a su destino. Es un protocolo internacional que se sigue por las leyes de Aeronáutica Civil. La misma modalidad de deportación se utiliza en otros países, como en Italia, donde un caso reciente de 29 tunecinos implicó un viaje con médico, enfermera, dos delegados de la autoridad y 69 policías, con un costo de 115 mil euros (unos $82 millones), según informa el diario La Repubblica . En Chile, para sacar a un deportado se puede llegar a gastar hasta $5 millones, según dijo en el Senado el jefe nacional de Extranjería de la PDI, Víctor Nakada. Sandoval plantea que, con recursos limitados, habría que focalizarse más en los migrantes con antecedentes delictuales que en los irregulares, aunque la autoridad no puede dejar de dictar las sanciones administrativas cuando corresponde. En el proceso no se elige en el listado, confirman en la PDI, y las expulsiones se materializan cuando las personas han hecho uso de todos sus recursos judiciales y reclamos. Entre 2010 y 2015, la Corte Suprema revisó 109 recursos de extranjeros y acogió el 43%, incluso en el caso de personas que tenían antecedentes delictuales. "UNA MALA MANERA DE PROCEDER" Al revisar las cifras, el académico de la Universidad Católica de Chile Francisco Dellacasa, especialista en Derecho Migratorio, observa que "hay una responsabilidad muy grande de parte de la autoridad, porque si tiene una persona expulsada y no hace efectiva la medida esa persona queda en una precariedad absoluta. Es una mala manera de proceder". Eso implica que estas personas quedan a merced de trabajos en condiciones inapropiadas, sin previsión, con ingresos mínimos, advierte. Tampoco cuentan con dinero para retornar a su país. Según el director del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Miguel Jaksic, s.j., no hay opciones de regularizar a una persona que está expulsada por ingreso clandestino y por eso abogan porque haya vías para hacerlo y exista un debido proceso. Esta situación, añade, es muy crítica en el caso de los dominicanos que ingresan a Chile por pasos no habilitados, dado que se les exige visa consular (ver recuadro). A la Clínica Jurídica de la UC llegan muchos casos de ingreso clandestino, describe Dellacasa, y son situaciones muy difíciles, porque la regularización habitual con pago de multas y trámite de visa laboral no es para ellos. La excepción, por ley, solo la puede hacer el subsecretario del Interior. Algunos extranjeros llevan meses e incluso años notificados de expulsión, describe, con lo que se ha creado un nuevo estatus de "expulsados" entre los migrantes. "Si hay alguna disonancia entre la cantidad de expulsiones en Chile y su ejecución es porque el Ministerio del Interior no ha ejercido la debida fiscalización sobre la policía o porque hay instrucciones de no hacerlas efectivas", plantea Dellacasa. A su juicio, los recursos debieran estar disponibles. "NO CRIMINALIZAR" Chile resulta atractivo, porque "la ley migratoria permite a un extranjero pagar una multa, hacer un contrato e ir escalando. Eso no es así en otros países: uno entra y sale con el mismo estatus migratorio", observa el prefecto de la PDI. Eso lo saben los 45 mil haitianos que entraron el año pasado con visa de turista y que, en su mayoría, se quedaron. Sobre los clandestinos, organismos de derechos humanos y quienes trabajan con migrantes abogan por "no criminalizar" a quienes están en la irregularidad. Ya está en la ley en Argentina, Uruguay y Brasil. "Ahí la expulsión procede cuando se comete un delito y ha sido juzgado por la justicia, no por irregularidad migratoria", explica Jaksic. En Chile, en tanto, el proyecto de una nueva ley de migraciones que reemplazará el D.L. 1.094, con un "enfoque de derechos humanos", como dijo la Presidenta Bachelet, sigue en revisión, sin fecha de envío, tras varias postergaciones desde marzo de 2016.
