La policía municipal de Calera de Tango interrumpió momentáneamente sus patrullajes y fiscalizaciones el miércoles de esta semana. Ese día, la entidad -que ha recibido críticas de Carabineros y del Gobierno- se sometió a una visita inspectiva de la Contraloría General de la República. La intervención de este último organismo obedeció a un oficio en que el Ministerio del Interior pide un pronunciamiento sobre la legalidad del uso de los términos "policía" y "jefe de policía", por parte del cuerpo creado en Calera de Tango. Quienes conocieron el procedimiento aseguran que los fiscalizadores de la Contraloría preguntaron por temas diversos, entre ellos: el decreto alcaldicio de fundación de la policía comunal, las misiones de sus integrantes y los respectivos contratos de trabajo. Junto con ello, tomaron fotografías de la camioneta con balizas que emplean para recorrer el poblado y sus alrededores. Las mismas versiones indican que los representantes de la Contraloría no preguntaron por uno de los aspectos de la iniciativa que ha generado revuelo: el uso de armamento por parte de algunos de los policías municipales, quienes, al ser oficiales jubilados, tienen derecho a portarlas en todo momento y lugar. Como sucede con el jefe del cuerpo, Álvaro García, prefecto retirado de la PDI, con 31 años de servicio.