martes, 21 de marzo de 2017
El Mercurio
Klaus Schmidt- Hebbel
Profesor Titular PUC de Chile
"Chile en Llamas" titulé hace un año mi columna sobre la delincuencia nacional y el terrorismo ejercido por una pequeña minoría en algunas regiones del sur, que quema personas, iglesias, camiones y campos. En esta columna me refiero a los incendios forestales de este año, que se extendieron como pólvora por el centro-sur de Chile. ¿Fueron los peores incendios de la historia reciente de Chile? Sí, y por lejos: en superficie afectada y en destrucción de vidas, patrimonio e ingresos. Mientras que en las cinco temporadas anteriores fueron afectadas por incendios 76 mil ha en promedio, hasta el 18 de marzo han sido 608 mil ha -¡un aumento de 700%! Once personas han perdido su vida en estos incendios: brigadistas, bomberos, uniformados y campesinos. Son los héroes que han dado sus vidas por salvar a otros seres humanos o sus propios animales y propiedades. Los incendios no fueron solo forestales. Se quemaron sembradíos, viñas, matorrales, humedales, pueblos y barrios enteros, viviendas aisladas, animales, talleres, aserraderos y tendidos eléctricos. Las pérdidas económicas, sociales y ambientales causadas por los incendios son enormes, pero contamos solo con una cuantificación gubernamental parcial. Para la estimación de los costos económicos, se debe diferenciar entre pérdidas patrimoniales ( stock de capital quemado), pérdidas de ingreso anual (derivadas de las anteriores) y gastos de emergencia y de subsidios del Estado. Una estimación incompleta de las pérdidas patrimoniales por capital quemado se eleva a US$ 546 millones -ciertamente es la cota inferior de lo perdido-. No hay estimaciones de pérdidas de ingresos para el año 2017, más allá de una estimación de las mermas en turismo (US$ 40 millones). La única cifra más confiable es el gasto público en emergencia y subsidios, que se eleva a US$ 357 millones. Hasta comienzos de febrero, el Gobierno contabilizó 7.300 damnificados, en su gran mayoría personas de bajos ingresos. Se quemó el 8% del patrimonio forestal plantado, incluyendo predios de empresas forestales y de medianos y pequeños propietarios, destruyéndose el sustento de vida de miles de campesinos y pobladores del secano. Los daños ambientales de los incendios tampoco tienen precedente histórico reciente, siendo estos locales (pérdidas de bosques, campos y poblados), regionales (empobrecimiento de suelos y erosión) y globales (emisión de CO {-2} y reducción de su captura futura). ¿Qué causó los incendios y qué los intensificó? La extensión de estos incendios causó enorme alarma en la población y dio origen a variadas hipótesis sobre sus orígenes. Entre las teorías más idiotas sobre las causas se ha mencionado que: (i) los pinos y eucaliptos serían especies autocombustibles, (ii) las empresas forestales quemarían sus bosques para cobrar seguros (cuyos valores son insignificantes), y (iii) los pirómanos de Chile sufrieron un contagio colectivo en su condición criminal. Como ha ocurrido históricamente, las causas por intervención humana -criminalidad y negligencia- fueron probablemente las más importantes de estos incendios forestales. Sin embargo, considerando la magnitud, multifocalidad y simultaneidad de los incendios de esta temporada, permite presumir fundadamente que la acción criminal coordinada fue la causa principal del infierno estival que vivió Chile este año. Por cierto, las consecuencias de esta acción fueron multiplicadas por los efectos de la prolongada sequía y las temperaturas récord imperantes en la zona central de Chile. ¿Cómo cumplieron el Estado y el Gobierno? Hubo aciertos y fallas del Estado y del Gobierno en el control de los incendios. Las acciones de algunas autoridades regionales y muchas comunales fueron adecuadas. Hubo evacuación de la población en peligro, como en Santa Olga. El programa de gastos de emergencia, reconstrucción y bonos del Gobierno va en la dirección correcta. Pero el Estado y el Gobierno también mostraron enormes fallas en prevenir y manejar la calamidad. Entre las fallas del Estado están: (1) las debilidades institucionales de Conaf y Onemi (el gobierno de Piñera presentó proyectos de ley al Congreso para su modernización, archivados por la entonces oposición, hoy Gobierno); (2) las leyes y regulaciones ineficaces para prevenir y combatir incendios forestales en predios pequeños y en poblados cercanos a zonas rurales; (3) la incapacidad de la justicia para prevenir, investigar y condenar la delincuencia pirómana y terrorista; y (4) la ausencia de un diagnóstico y una política de prevención y mitigación de los efectos del cambio climático global en Chile. El Gobierno falló en múltiples dimensiones en su reacción a los incendios, reflejando desidia, sesgo político, lentitud e ineptitud en el manejo del desastre. El ministro del Interior no interrumpió sus vacaciones por los incendios. El director de Conaf puso trabas a la operación del avión SuperTanker. El Gobierno entero celebró y agradeció la ayuda enviada por Putin, pero minimizó la ayuda financiada por donantes chilenos. La Presidenta visitó una vez la zona de incendios, reuniéndose solo con alcaldes de la Nueva Mayoría. El Gobierno y algunos fiscales mostraron un mayor celo en inhibir el derecho a opinión sobre posibles causas de los incendios que identificar a los causantes e investigar a los detenidos en flagrancia. El intendente de la Araucanía premió al grupo responsable de la mayor quema de camiones desde el inicio del terrorismo, ofreciendo un diálogo incondicional. La respuesta general del Gobierno al desastre fue lenta, como lo ejemplifica la tardía pero esencial declaración del estado de excepción en algunas regiones afectadas. En resumen, la Presidenta Bachelet reprobó en el manejo de este desastre, así como lo hizo en su mal manejo del terremoto y tsunami del 2010. ¿Qué debemos hacer mejor para enfrentar mejor futuras catástrofes? Hay muchas lecciones que se derivan de las múltiples fallas del Estado y del Gobierno en la prevención y el manejo de los incendios de 2017 y las catástrofes previas. Menciono algunas propuestas, incluyendo buenas ideas planteadas por terceros (el Consejo de Política Forestal, el senador Larraín y el ex Presidente Piñera). Primero, Chile necesita mejores instituciones: modernizar la Onemi, transformar a Conaf en un Servicio Nacional Forestal, adecuar la ley de bosque nativo para fomentar su preservación y extensión, adoptar una Subsecretaría Forestal en Minagri, fortalecer el Cuerpo de Bomberos, modernizar las leyes de incendios, contar con el apoyo inmediato de las Fuerzas Armadas en emergencias (con mayor aplicación de estados de excepción) y transformar la Defensa Civil en un Cuerpo Nacional de Voluntarios. Segundo, las instituciones reformadas requieren de políticas de prevención y manejo de catástrofes muy bien diseñadas e implementadas, con una coordinación afinada, dirigida por el Ministerio del Interior. Solo así enfrentaremos mejor los futuros incendios y catástrofes que seguirán asolando a Chile.
