viernes, 05 de octubre de 2007
La Nación de Buenos Aires, GDA
Esto, después de que el presidente Correa anunció que el Estado se quedará con el 99% del excedente por las ventas de petróleo. El Estado ecuatoriano prevé recaudar US$828 millones anuales.
QUITO.- Horas después de la sorpresiva decisión del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de disponer del 99% de los ingresos extraordinarios de la venta de petróleo, el gobierno ofreció un posible cambio de contratos para las empresas petroleras que no estén de acuerdo con la sustancial reducción de las utilidades.
Las empresas afectadas por el decreto son: City Oriente, de Estados Unidos; Repsol, española-argentina; Petrobras, de Brasil; Perenco, de Francia; Andes Petroleum, de China; y Canadá Grande, de Corea. Por ahora, mantienen en un silencio de radio.
Estas compañías negociaron hace años contratos donde establecían precios entre 25 y 30 dólares por cada barril extraído, lo que garantizaba una rentabilidad razonable en esa época. La nueva disposición del gobierno señala que todos los valores que superen esos montos, deben ser repartidos en un 99% para el Estado y un 1% para las empresas.
Los precios del crudo ecuatoriano están en alrededor de US$61 cada barril.
En Sao Paulo, Petrobras anunció que evaluará la decisión del gobierno ecuatoriano sólo después de ser oficialmente informada. "Desde nuestro punto de vista, aún no es oficial", dijo Celso Mansur, vocero de Petrobras. "Sólo lo evaluaremos cuando seamos oficialmente informados de la disposición por parte del gobierno de Ecuador", agregó.
Petrobras produce en Ecuador unos 35.000 barriles de crudo al día. Los planes de la empresa para expandir sus operaciones en aquel país andino se han visto atrasados por disputas ambientales, tanto como por supuestas "irregularidades operacionales" advertidas por el Ministerio de Energía ecuatoriano. La petrolera brasileña negó los señalamientos, que surgieron en un informe en julio.
En declaraciones a la red de televisión Teleamazonas el ministro de Energía, Galo Chiriboga, señaló que si las empresas consideran que la decisión "no es conveniente, entonces vamos a negociar otro tipo de contratos, concretamente y públicamente los invito a que vayan pensando en que podríamos salir del contrato de participación, al contrato de prestación de servicios".
Consultado sobre si la decisión gubernamental causará que las empresas se vayan del país, respondió: "Creo que no se van a ir, vamos a buscar negociaciones que permitan que se queden en términos de que esa presencia sea favorable para el país".
Añadió que el lunes está pactada una reunión para discutir la modificación de los contratos.
Los acuerdos vigentes establecen que las empresas pueden extraer y exportar crudo, y los nuevos contratos sugeridos señalan un pago por la explotación de petróleo, pero la exportación será del Estado.
La nueva disposición estatal permitirá al estado ingresos no programados por US$69 millones mensuales a partir de noviembre y un total anual de US$828 millones.
El ex ministro de Energía, Iván Rodríguez, dijo en canal 8 de televisión que la decisión de Correa "no considera el aumento de costos (de producción) que han registrado las petroleras en los últimos años".
"Quizás sea una estrategia del gobierno, y lo que procede es analizar otro tipo de contrato que permita una equidad para que el estado y para las compañías, una ganancia justa para las partes", afirmó.
El también ex ministro, Fernando Santos, aseguró que "como son compañías extranjeras a las que se les aplica esta nueva ley, con justo derecho van a decir que se les ha confiscado su legítimo derecho a las utilidades".
Añadió que "ni el señor (Hugo) Chávez ni el señor (Evo) Morales se han atrevido a tanto, pagaron compensación (a las empresas privadas), aquí como somos vivísimos (tramposos) les quitamos toda la utilidad para que se vayan del país porque no van a trabajar a pérdida".
