martes, 31 de enero de 2017
Economía y Negocios
Hernán Cheyre V.
Instituto del Emprendimiento
U. del Desarrollo
El proyecto de ley que crea un nuevo ministerio de Ciencia y Tecnología ha provocado un comprensible beneplácito en la comunidad científica, pero una gran frustración entre quienes pensamos que el problema de fondo del desarrollo de la ciencia en Chile no radica en la falta de un ministerio sectorial, sino que en la desconexión que hay entre los esfuerzos de formación de capital humano avanzado, la investigación en ciencia básica, los desarrollos tecnológicos, la elaboración de productos y procesos innovadores, y los emprendimientos productivos que surgen de lo anterior. En marzo de 2014, siguiendo la recomendación unánime emanada de la comisión asesora convocada por el presidente Piñera, se envió un proyecto de creación de un nuevo ministerio con esa lógica, pero la iniciativa fue desechada. El proyecto de ley recientemente enviado yerra en el objetivo de fondo al que se debe apuntar, y solo va a conseguir darle mayor status formal a la actividad científica, pero perdiéndose la oportunidad de armar un vehículo más eficiente para coordinar los esfuerzos que el país necesita reforzar en una cadena de actividades que trasciende lo puramente científico.
La necesidad de darle un mayor impulso a la ciencia en Chile es algo que pocos discuten, habiendo numerosos indicadores que dan cuenta de las insuficiencias que nuestro país presenta en la materia. Pero la solución no pasa solo por aumentar el volumen de financiamiento disponible para la investigación científica, sino que por lograr una mejor articulación y ordenamiento que permita hacer un mejor uso de los recursos ya comprometidos en el área. Por ejemplo, la manera en que deben ejecutarse y rendirse los recursos públicos disponibles a través de concursos para desarrollar proyectos científicos sigue la misma lógica que se aplica para las compras del Estado en general, sin tomar en cuenta que en el mundo de la ciencia –como también en el ámbito de la innovación- se requiere mucho mayor flexibilidad, dada la naturaleza de este tipo de actividades y las cambiantes circunstancias que van alterando las condiciones iniciales con mucha rapidez. Este tipo de burocracia paralizante se ha constituido en un gran obstáculo para el desarrollo de la actividad científica, y es algo que no tiene nada que ver con el nivel de recursos disponibles. Este tipo de problemas no se resuelve creando un ministerio, sino que modificando la legislación que regula los mecanismos de traspaso de fondos y de rendición de cuentas para las agencias estatales que administran recursos orientados a la ciencia, a la innovación y al emprendimiento.
Otro problema que con frecuencia es levantado por la comunidad científica es el referido a la inserción de los numerosos becarios de postgrado que vuelven al país. Es evidente que las universidades no están en condiciones de recibirlos a todos, y hay numerosas trabas para su incorporación al sector productivo que realiza investigación. Para aprovechar este importante capital humano de que dispone el país es fundamental crear instancias que permitan una mejor coordinación a nivel global, y desde esta perspectiva hace pleno sentido que la instancia gubernamental encargada de administrar este proceso tenga una mirada que no se circunscriba únicamente al mundo científico y universitario, sino que se abra también a los otros eslabones en los cuales el aporte de la ciencia es vital. Un ministerio circunscrito únicamente al mundo de la ciencia no estaría aportando a la generación de una visión y de coordinación de esfuerzos más global.
La nueva institucionalidad que está proponiendo el Gobierno se aleja bastante de la propuesta que realizó el gobierno anterior a partir de las recomendaciones emanadas de la Comisión Asesora convocada por el presidente Piñera, y tampoco recoge la opinión de mayoría que surgió de la Comisión Ciencia para el Desarrollo que formó la presidenta Bachelet. En esta instancia la mayoría de los participantes se manifestó en favor de un nuevo ministerio, pero que no solo incluyera la ciencia y la tecnología, sino que también la innovación. Lamentablemente la decisión presidencial se inclinó por un cambio mucho más acotado: un ministerio encargado de definir políticas y objetivos en el ámbito de la investigación científica; una Agencia de Investigación Científica y Desarrollo encargada de la ejecución de los programas, en reemplazo de Conicyt; un Consejo Nacional Asesor que entregue una mirada de largo plazo, reemplazando al actual CNID; y un comité interministerial que conecte lo anterior con el mundo de la innovación. La experiencia muestra que los comités interministeriales de coordinación, no obstante las buenas intenciones, no tienen la fuerza política que se requiere para poder avanzar verdaderamente con un norte claro, por cuanto las agendas individuales de los distintos ministerios tienden a prevalecer por sobre el interés del conjunto.
Cabe esperar que en la tramitación legislativa de este proyecto de ley se pueda enmendar la dirección de esta iniciativa, y apunta hacia algo más ambicioso. De lo contrario, estaremos perdiendo una gran oportunidad.
