"La atención de las víctimas es la deuda histórica que ha tenido esta institución"
domingo, 22 de enero de 2017
Reportajes
El Mercurio
La máxima autoridad del Ministerio Público promete un cambio de paradigma y afirma que "no es razonable" cuando la entidad solo contacta a los afectados para informarles que sus denuncias han sido archivadas. Marcelo Pinto
A nadie le pareció buena idea en su equipo, pero Jorge Abbott lo hizo: hace unas semanas, cuando se cumplía un año del infarto que en enero de 2016 lo llevó al quirófano, el fiscal nacional subió a Putre, en el altiplano de la Región de Arica-Parinacota. Pese a las dos operaciones a que fue sometido en el Hospital Naval, el jefe del Ministerio Público recorrió a piacere las empinadas calles del poblado, a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Sus colaboradores habían tomado incluso la precaución de llevarle oxígeno, pero él no lo necesitó. "Estaba toda la delegación en bastantes más malas condiciones que el fiscal nacional. El único que quería caminar por el pueblo era yo", cuenta riendo Abbott, quien califica su salud como "muy buena", a partir de unos exámenes que acaba de practicarse. -¿Cómo ha compatibilizado los cuidados de su salud con el ejercicio de un cargo tan demandante como este? -Teniendo cuidado en la alimentación, haciendo ejercicio y prestando especial atención a tener una rutina de trabajo que le permita a uno enfrentar el devenir del cargo. -En el mismo marco, algunos deslizaron que usted adolecía de falta de liderazgo... -He apreciado en algunos medios que se ha planteado aquello, pero no lo he visto reflejado al interior de la institución. En los últimos días, Abbott ha participado en una serie de actividades institucionales relacionadas con las cuentas públicas que los distintos fiscales, incluido él mismo, deben rendir anualmente. El miércoles, además, presentó el plan estratégico del organismo para el período 2016-2022. Todo ello en medio de una serie de episodios que han realzado el protagonismo de la entidad que encabeza. La nómina incluye la carta-bomba al presidente de Codelco, Óscar Landerretche; el beneficio otorgado a la machi Francisca Linconao; especulaciones sobre el destino de los procesos sobre financiamiento irregular de la política, y la difusión de datos que ponen bajo la lupa el desempeño del propio Ministerio Público. De esas materias "quemantes" habla en esta entrevista. Plan a siete años plazo -Usted presentó esta semana el plan estratégico institucional 2016-2022. ¿En qué debiera traducirse concretamente su aplicación? -Tiene como propósito fijar una carta de navegación común para toda la institución y eso hace que los recursos se focalicen en un mismo sentido y se optimicen. Se están focalizando principalmente en priorizar la atención de las víctimas, ese es el gran desafío que tenemos por delante, la deuda histórica que ha tenido esta institución. -¿Cómo lo percibirán los afectados y en qué plazo? -Vamos a tener un contacto muchísimo mayor con la víctima, tanto en términos de número, como de las personas que la contacten. Este año hemos puesto como meta a abogados y fiscales asistentes que un porcentaje de las declaraciones sean tomadas directamente por los propios fiscales. -El último índice Paz Ciudadana-GFK Adimark arroja un 67% de insatisfacción con el trabajo de la fiscalía. ¿En qué medida se hace cargo el plan de esa mala evaluación? -Las víctimas tienen derecho a que el órgano del Estado que va a hacer la investigación correspondiente tome contacto con ellas, lo que no ocurre hoy día en la mayoría de los casos, donde simplemente ese contacto no existe. El plan se hace cargo de esa deficiencia. La idea es cambiar los procesos de modo tal que desde el primer momento pueda existir esa relación con la victima. -¿Eso se da por falta de recursos o por los procedimientos empleados? -La institución en un minuto se vio enfrentada a tramitar un gran número de denuncias. Y se fijaron procedimientos que estaban fundamentalmente destinados a manejar la cartera de delitos, para manejarlas en un stock, por decirlo así, razonable. Esto incentivaba formas de término. Hoy lo que estamos haciendo es cambiar esa lógica: tratar de investigar fundamentalmente para esclarecer las causas. -¿Las personas percibirán una reparación efectiva por el daño sufrido? -Lo que esperamos es que de la aplicación de este plan puedan producirse efectos positivos con la víctima. En primer lugar, lo que pretendemos es mejorar la información que se levanta respecto de la ocurrencia del hecho delictivo. Hoy día, la información que tenemos y manejamos es fundamentalmente la que levanta la policía, y a partir de esa información se empiezan a tomar decisiones procesales. Lo que queremos cambiar es complementar la información de las policías con la relación directa de los fiscales y los abogados asistentes con las víctimas, de modo de recabar una mayor información y poder dar una mejor solución al conflicto penal. No compromete resultados específicos -¿Pero ustedes se ponen plazos y metas concretas en este tema? -Nos ponemos metas en relación con los procesos, porque entendemos que naturalmente deberían mejorar los resultados. Pero comprometerse a resultados específicos es una irresponsabilidad. -La fiscalía muestra avances en casos de gran resonancia, donde, por ejemplo, la evidencia proviene de la revisión de correos electrónicos. ¿Existe una capacidad similar para afrontar casos en que la evidencia debe buscarse en "la calle"? -Respecto de los delitos más graves hay posibilidades de investigación con diligencias intrusivas, cuando hay delitos que tienen penas de crimen. En delitos con penas menores no es posible usar ciertas técnicas. -Como Ministerio Público han advertido que el archivo "cero" en las causas de robos es una quimera, pero ¿es razonable que se cierren causan sin que haya un solo contacto entre la fiscalía y la persona afectada, sino para decirle que su denuncia se archiva? -No es razonable. -¿Por qué? -Porque nuestra obligación es recabar la mejor información, y por cierto la que nos pueda proporcionar la víctima siempre es importante. Aquí la primera información que llega es la levantada por la policía y en la medida en que la que se nos entregue sea la más completa y dé cuenta de la declaración de la víctima, de los testigos, hará bastante más sencilla la toma de decisiones de los fiscales para seguir la causa, o tomar la decisión, asumiendo que la misma no tiene mayor destino y simplemente habrá que archivarla, a la espera de cruzar esa información. Quisiéramos que todo el mundo denunciara, porque eso nos permite tener una mayor cantidad de datos que nos permite determinar la existencia de un hecho delictual y perseguir las responsabilidades penales. "Hemos sido bastante autocríticos" -¿Ha habido un mal uso del archivo? -Lo que ha ocurrido históricamente es que la información que nos llega a través de la denuncia no tiene ningún elemento que permita tomar alguna decisión de investigación; si yo tomo solo esa información, va a llevar que a se tome la decisión de archivo sin más trámite. Pero el cambio de paradigma es recibir esa información y, constatado que la misma no es completa, el desafío es tomar contacto con víctimas, con los testigos y los policías que participaron en el procedimiento, de modo de levantar la mayor cantidad de información. -Pero sería ilusorio pensar que cada persona que ha hecho una denuncia será contactada por un fiscal... -La meta está planteada respecto de los delitos más graves. -Las personas, a veces, tienen la percepción de que casos similares a los sufridos por ellas se resuelven, incluso en pocas horas, cuando las víctimas son "importantes", como pasó, por ejemplo, tras el robo a una propiedad de la diputada Karol Cariola (PC) -Es una percepción. Hay muchos casos aclarados rápidamente, pero como no son figuras públicas... -Para explicar algunas de las debilidades del trabajo del Ministerio Público, en las últimas cuentas se percibió una autocrítica solo acotada por parte de los fiscales regionales. ¿En qué medida la fiscalía hace un real mea culpa sobre las falencias de su trabajo? -Hemos sido bastante autocríticos y hemos reconocido que tenemos una deuda importante en la investigación contra los delitos de la propiedad, en que hay imputado desconocido, donde tenemos una tasa de archivo muy alta. Si bien es cierto no es posible aspirar a disminuirla significativamente, sí hay espacios para mejorar, por ejemplo, a través de las unidades de análisis criminal. -A ratos la fiscalía parece tener una inclinación "fácil" hacia la crítica de la policía... -No recuerdo haber hecho cuestionamientos públicos a las policías, pero sí hemos planteado la necesidad de mejorar la interacción. -¿Fallan ellos o ustedes? -Pasa por los procesos. Y pasa también porque los fiscales hasta ahora han tenido que dedicar mucho tiempo a las audiencias. Ahora con la posibilidad de que los abogados asistentes puedan comparecer en algún tipo de audiencia y se liberen tiempos de los fiscales, pensamos que tenemos un espacio para mejorar en la relación con las policías. Necesitamos que sean más colaborativas entre ellas. -¿Hay celo todavía entre Carabineros y la PDI? -Efectivamente es un tema que no ha sido posible superar hasta ahora. Si tuviéramos policías que pudieran actuar colaborativamente entre ellas, facilitaría el trabajo. Facultades de fiscales ante colusión: "Perdimos, no más" -¿Por qué aún no entra en operaciones el Banco Unificado de Datos (BUD), instrumento que, se supone, contribuirá a la lucha contra la criminalidad? -El problema ha sido el traspaso. La ley de agenda corta nos entrega a nosotros la administración del BUD y esto antes estaba en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y el traspaso de los contratos, del software , el aparataje administrativo ha sido extraordinariamente complejo. -¿Se puede reprochar lenidad? -En el BUD debe haber una autocrítica importante... del Estado de Chile en su conjunto. Cuatro años atrás iba a empezar a funcionar. La idea nuestra es hacer funcionar este año el BUD en algunas regiones. -En los casos de colusión, ¿ustedes siguen reivindicando el principio de acción para el Ministerio Público? -Para nosotros, hasta el final lo hemos sostenido, el órgano que debería ser el titular de la acción penal es el órgano constitucional llamado a representar el interés público en la persecución penal, y ese es el Ministerio Público. El ideal es una alianza entre la Fiscalía Nacional Económica y el Ministerio Público. Del punto de vista nuestro es extremadamente grave lo que ocurre cuando se comete un delito de colusión, porque en esta ni siquiera se toma el riesgo que corre a veces el delincuente común, y se abusa de la confianza. -Ustedes plantearon que el Ministerio Público debía tener el principio de acción. ¿No los tomaron en cuenta en el Congreso? -Perdimos no más, pero no hemos renunciado a algún día volver al estado que nosotros pensamos es el natural: que el Ministerio Público sea el titular de la acción penal en este tipo de delitos.
